El Gobierno envía el cuadro fiscal a Bruselas sin el aval de la AIReF

¿Es posible que el PIB nominal (con inflación) se hunda este año un 10,1% y los ingresos públicos desciendan la mitad? Sí, es posible. Otra cosa es que sea probable.

Al menos, eso es lo que estima el Gobierno, que en el programa de estabilidad enviado a Bruselas realiza una previsión algo más que optimista de los ingresos, hasta el punto de que la recaudación, en algunos impuestos clave como el IRPF, se comportará incluso mejor que en 2009, cuando el PIB cayó apenas la tercera parte de lo estimado por el propio ejecutivo para este año.

En 2009, en concreto, el impuesto sobre la renta devengado cayó un 3,3%, pero ahora el Gobierno considera posible que el descenso sea del 2,4%. Es decir, cuatro veces menos de lo que caerá el empleo, y que, según el Gobierno, se hundirá un 9,7%.

Las rentas del trabajo, como se sabe, son el principal componente (salarios y empleo) de la recaudación por el impuesto sobre la renta, pero el Gobierno sostiene que debido a que se perderá más empleo "en puestos de menor productividad y salario", por el llamado efecto composición, la caída de los ingresos será menor. O, como sugiere el propio programa, porque la destrucción de empleo se concentrará en los trabajadores temporales, con menores salarios.

Para hacer sus estimaciones, Hacienda ha previsto que la remuneración de los asalariados crezca un 2%, cuando el propio Gobierno reconoce que el desempleo va a escalar hasta el 19%.

Esgrime que la mayoría de los convenios colectivos están firmados, pero no tiene en cuenta ni el uso generalizado de cláusulas de descuelgue por parte de las empresas, que facilitó la última reforma laboral si la situación económica se tuerce, ni el hecho de que se vayan a destruir cientos de miles de puestos de trabajo que dejarán de pagar IRPF. Aun así, la ministra Montero da por hecho que se producirá una "positiva evolución de la remuneración por asalariado". Como se ha dicho, del 2%, "al igual que el año pasado".

Un mordisco de 25.700 millones

En coherencia con este análisis, el Gobierno estima que el total de ingresos por impuestos percibidos por el conjunto de las administraciones públicas este año ascenderá a 263.443 millones de euros, frente a los 277.317 millones de euros que se alcanzaron en el 2019, lo que supone una caída de apenas el 5%.

Es más, según Hacienda, la recaudación total representará el 41,2% del PIB, por lo tanto, incluso por encima del 39,1% con que se cerró el año pasado. Una presunta incoherencia que se debe al hecho de que el PIB nominal caerá mucho más que los ingresos, lo que explica, paradójicamente, que la recaudación se incremente en términos relativos.

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En términos absolutos, eso significa un descenso de los ingresos públicos (incluyendo cotizaciones sociales y otras partidas) de apenas 25.711 millones pese al brutal impacto de la pandemia sobre la economía española. O, en palabras del propio Gobierno, pese a la "evidente conmoción económica" que ha traído el covid-19.

Estas cifras son las que ha llevado la vicepresidenta Calviño a Bruselas, pero, al contrario que el cuadro macro, que sí está avalado por la AIReF, no cuentan con el beneplácito de la autoridad fiscal.

No es que el organismo que preside Cristina Herrero desconfíe de las previsiones del Gobierno, sino que la autoridad fiscal, cuyo informe es preceptivo, "no ha recibido el escenario fiscal ni el detalle de la valoración de las medidas aprobadas y su traslación al cuadro macroeconómico".

Escenario macro y fiscal

Es decir, que la AIReF ha avalado el programa de estabilidad sin conocer los detalles del presupuesto de ingresos y gastos, y que en 2020 (en el caso de los gastos) representará más de la mitad del PIB (51,5%). No es ninguna novedad y es lo habitual en todos los gobiernos. En palabras de la propia autoridad fiscal, este hecho "dificulta la valoración de la consistencia de los cuadros macroeconómicos inercial y con medidas, y, por otro lado, impide evaluar la coherencia entre el escenario macro y fiscal".

Junto al IRPF, el otro gran impuesto en el sistema tributario español es el IVA, y en este caso el Gobierno no es menos optimista. Al contrario. La estimación de ingresos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asciende a 76.731 millones de euros, frente a los 80.964 millones de euros de 2019, lo que supone una caída del 5,2%.

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Es decir, de nuevo la mitad de lo que caía el PIB nominal. Hacienda explica este descenso por la mala evolución esperada del gasto en consumo final privado con una caída esperada de un 8,8% —con toda la hostelería y el turismo cerrado durante al menos un trimestre— y, por otro, por la evolución estimada del deflactor del gasto en consumo final privado, con una caída de un 1,5%.

El caso más llamativo es el del impuesto que grava los beneficios empresariales. Hacienda recaudó el año pasado por Sociedades 25.852 millones, pero este año espera ingresar 23.592 millones. Es decir, un 8,7% menos. También por debajo de la caída del PIB, cuando tanto los grandes contribuyentes (la banca ha anunciado un colchón en provisiones de 3.800 millones) como las microempresas y las pymes habrán sufrido el cierre de actividades durante al menos un trimestre. Sin tener en cuenta que ya el año pasado, y respecto a 2018, con una economía que creció un 2%, la recaudación por Sociedades en términos homogéneos apenas subió un 0,5%.

Más realista parece la previsión de caída de la recaudación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de un 37,9% como consecuencia de la falta de operaciones por la inactividad económica. En particular, inmobiliaria. Por último, se estima que los Impuestos Especiales alcanzarán los 21.672 millones de euros con una tasa de variación de un -6,4%, lastrados por el parón de actividad económica. Malos tiempos para Hacienda.