El Gobierno cifra en 30.000 millones el gasto público extra derivado del coronavirus

La crisis del coronavirus no solo provocará un hundimiento del PIB y una fuerte escalada del desempleo, también exigirá un gran aumento del gasto público para contener la pandemia sanitaria y económica. Según las estimaciones del Gobierno, el coste para las arcas públicas de todas las medidas aprobadas hasta la fecha por el conjunto de las Administraciones Públicas superará los 35.500 millones de euros a lo largo de todo el año. Se trata, por tanto, del mayor esfuerzo presupuestario que realiza España desde el rescate financiero de 2012, que tuvo un coste de 41.000 millones de euros para las arcas públicas.

Esta estimación del coste presupuestario solo incluye el impacto de las medidas discrecionales aprobadas en las últimas semanas, de modo que no incluye el efecto de los estabilizadores automáticos y que multiplicarán el déficit público. Esto es, no contabiliza la caída de la recaudación por la caída de la demanda, la oferta y el empleo, y tampoco contempla el incremento ordinario del gasto, por ejemplo, el desempleo para quien tenga derecho a una prestación contributiva o el coste de los intereses de la deuda. Tampoco incluye las líneas de avales, ya que solo tendrán coste presupuestario si el deudor no devuelve el préstamo, cuantía que es imposible de prever actualmente.

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Esto significa que solo las medidas en respuesta a la crisis sanitaria y económica superarán los 35.000 millones de euros. Esta cuantía es, por ejemplo, levemente superior a todo el déficit público de España de 2019.

La mayor parte de los recursos se destinarán a financiar los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo). Esta figura introduce una gran flexibilidad en el mercado de trabajo, ya que permite a las empresas reducir o suspender el contrato de sus trabajadores para adaptarse a la caída de su negocio. Se trata de la medida estrella que ha puesto en marcha el Gobierno para evitar que el hundimiento del PIB arrase por completo al mercado laboral como ocurrió durante las crisis de 2008 y de 2011.

La financiación extraordinaria de los ERTE, que incluye el 70% de la base reguladora de los trabajadores afectados, tendrá un coste de 17.900 millones de euros este año. Esto significa que será similar al gasto de dos meses de pensiones contributivas. En total, la financiación de los ERTE se llevará casi la mitad del dinero que han puesto sobre la mesa las administraciones públicas, y beneficiará a unos cuatro millones de trabajadores.

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A esta cuantía de ayudas de los ERTE hay que sumarle otros 2.200 millones de euros en reducciones de cuotas a la Seguridad Social de los empleadores para sus trabajadores incluidos en este tipo de expediente. Esta medida se adoptó con el objetivo de reducir los costes laborales sobre las pymes y los autónomos, así como para incentivar los ajustes temporales de plantilla frente a los despidos.

La segunda gran partida presupuestaria es la destinada a proteger a los trabajadores que se han quedado en el desempleo y no tienen acceso a una prestación contributiva, así como a los afectados directamente por la enfermedad producida por el coronavirus. Esta partida presupuestaria asciende a 5.235 millones de euros.

El principal esfuerzo presupuestario va destinado a los autónomos que han tenido que cerrar su negocio como consecuencia del estado de alarma. Ellos han podido acogerse al cese de actividad extraordinario, una ayuda que tendrá un coste de 3.767 millones de euros. Además, estos autónomos también tienen exonerada la cuota a la Seguridad Social, una medida que asciende a 981 millones de euros.

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El Gobierno también activó una ayuda especial para los trabajadores que estén contagiados del coronavirus o personas que estén en cuarentena médica obligatoria por estar en contacto con enfermos. Todos ellos están asimilados a la incapacidad temporal por contingencias profesionales (enfermedad laboral), lo que tendrá un coste para las arcas públicas de 1.335 millones de euros.

El Estado también ha realizado un importante esfuerzo de financiación a las CCAA para que mantengan el gasto sanitario. El Ministerio de Hacienda aprobó un incremento de las entregas a cuenta de 3.200 millones de euros. Sin embargo, las comunidades tendrán que devolver este dinero en 2022, cuando se liquide el sistema de financiación de este año y se constate que las regiones percibieron una cuantía muy superior a la que les corresponde.

El gasto directo del Estado para financiar las medidas sanitarias se situará ligeramente por debajo de los 1.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. La mayor parte del esfuerzo recaerá sobre las CCAA, que son quienes asumen las competencias sanitarias.

En torno al 17% de las ayudas públicas con coste presupuestario aprobadas se canalizan a través de rebajas fiscales, esto es, exenciones y bonificaciones de impuestos y cuotas a la Seguridad Social. A las ya mencionadas rebajas de cuotas a empleadores y autónomos, se suma la modificación extraordinaria del impuesto sobre sociedades para pymes y autónomos, cuyo impacto presupuestario superará los 1.000 millones de euros. Además, el Gobierno ha aprobado la exención del IVA para productos sanitarios del mercado interior y las importaciones, medida con un coste superior a los 1.000 millones de euros.