La UE buscará un "equilibrio entre subvenciones y créditos" para el fondo

La primera reunión de los líderes europeos para discutir en detalle la existencia de un fondo de recuperación para la recuperación de los efectos económicos del covid-19 iba fundamentalmente de gestos y señales, de reconocer la gravedad de la situación y de poner las primeras piedras de lo que debe ser la respuesta definitiva. Hay acuerdo en que hace falta un fondo y que debe tener una vinculación con los presupuestos europeos (MFP). Pero también hay acuerdo en que no hay acuerdo en todo lo demás: el resto, que es todo, está por definir, especialmente si esos fondos llegan en forma de subvenciones, como defienden los sureños, o de créditos, como piden los nórdicos, por lo que Bruselas se decanta por una opción intermedia. El acuerdo está tan crudo que no ha habido ni conclusiones ni comunicado al finalizar el encuentro.

La situación es grave. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha alertado de que la eurozona podría ver una caída del 15% de su PIB, mientras que en los últimos días muchas voces avisan de la posibilidad de la “fragmentación” del mercado único por las enormes diferencias entre Estados miembros a la hora de dar una respuesta fiscal a los efectos de la crisis. Según el presidente del Eurogrupo, Alemania, que no ha salido mal parada, invierte en ayudar a sus empresas siete veces más que Italia, una de las más golpeadas. Porque puede.

La crisis del coronavirus era simétrica, pero sus efectos son asimétricos. España e Italia, dos países sin espacio fiscal y sin la misma confianza de los mercados con que cuenta Berlín, afrontan un gran reto. Si se quedan atrás de manera definitiva, la UE corre el riesgo de partir su mercado interior, lo que pondrá en peligro no solo las dinámicas del mercado interior, hundiendo de paso a Alemania o Países Bajos, sino también su papel en un mundo en el que un traspiés te puede costar la vida. En este contexto, no hay soluciones fáciles, pero los líderes europeos se sienten en la obligación de buscar un plan que funcione y que al mismo tiempo los nórdicos puedan vender ante una opinión pública doméstica que ve con mucha sospecha la asistencia a unos países sureños que no hicieron los ajustes cuando debían.

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Se ha encargado a la Comisión Europea que trabaje en un plan para el diseño del fondo que deberá cumplir con ese objetivo, y los líderes tendrán que volver a reunirse con él sobre la mesa. Los últimos borradores a los que ha tenido acceso Bloomberg señalaban que la idea del Ejecutivo comunitario sería poner en pie el fondo con 300.000 millones de euros provenientes de los presupuestos europeos y obteniendo otros 320.000 millones en los mercados. A través de una serie de multiplicadores opacos, que ya han sido criticados por su falta de transparencia por el Tribunal de Cuentas Europeo en el caso del antiguo Plan Juncker, el Ejecutivo comunitario espera alcanzar los 2,2 billones de euros.

La propuesta española, sobre la que han ido poco a poco confluyendo también Italia y Francia, se ha convertido en la postura oficial de los países más afectados por la crisis y más pro-integración: un fondo de más de un billón de euros, financiado entre otras cosas con emisión de deuda perpetua con el respaldo de los presupuestos comunitarios que pueda auxiliar a los Estados miembros con subvenciones. El programa se podría poner en marcha en enero de 2021, aunque Italia pide que de alguna manera se pase a la acción antes. Países Bajos, Suecia y otros países nórdicos siguen oponiéndose a la mayoría del paquete.

Créditos frente a transferencias

A pesar de la poca concreción que los líderes han ofrecido respecto al tamaño del fondo o cómo se financiaría, el pulso real se concentra ahora en si el dinero que obtengan los Estados miembros desde ese programa llegará en forma de crédito o de transferencias. España, Francia e Italia no quieren más crédito. Ya existen otras soluciones que ayudan en ese campo. De hecho los líderes tenían sobre la mesa este jueves el acuerdo del Eurogrupo del 9 de abril que establece un paquete que podría movilizar más de medio billón de euros de ayuda en forma de garantías paneuropeas por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), un programa de ayuda al empleo (SURE) de la Comisión Europea, y una línea de liquidez para afrontar los costes sanitarios por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). A ellos se suma el programa PEPP del Banco Central Europeo (BCE) de 750.000 millones de euros. No falta crédito.

Para los dos países más golpeados por la crisis aumentar su montaña de deuda pública es hipotecar el crecimiento del futuro. Y hacer eso es convertir esa montaña de deuda en una bomba de relojería. Para ellos la solución sería que la ayuda llegara en forma de transferencia. Y hay mucha carne en el asador. Ha habido un cambio en el discurso sureño, de la solidaridad al interés de todos: se corre el riesgo de una "fragmentación" del mercado interior, como apunta Mário Centeno, presidente del Eurogrupo, producto, entre otras cosas, de una flexibilización de las normas de ayudas de estado que está permitiendo a países como Alemania invertir cantidades masivas en salvar a sus empresas, mientras que países más golpeados, como España o Italia, no tienen capacidad para hacerlo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha alertado sobre el riesgo que genera esta diferencia entre Estados miembros: "Esto tendrá efectos masivos sobre la igualdad de condiciones salvo que tomemos medidas para contrarrestarlo".

Pero Países Bajos, Alemania, Finlandia y el resto de los ‘halcones’ fiscales se niegan a que el sistema funcione con subvenciones y apoyan que se dé asistencia en forma de crédito. Berlín se descuelga de la postura de La Haya en el tamaño del fondo, y Angela Merkel, canciller alemana, ha pedido que se trate de un paquete “grande”. Aunque sigue sin ceder y continúa defendiendo los créditos, otras capitales ven en Alemania una cierta predisposición a que en esa postura intermedia entre nórdicos y sureños, Berlín acabe por decantar la balanza algo más hacia los sureños.

Altas fuentes europeas apostaban este miércoles por un sistema mixto, que mezcle subvenciones, seguramente vinculadas a la parte anclada a los presupuestos europeos, y otra parte de créditos relacionada con los fondos que hayan sido adquiridos en los mercados. Von der Leyen ha señalado que se buscará "un equilibrio adecuado entre subvenciones y créditos" que pueda ser aceptado por todos, lo que apunta que la intención de Bruselas y de los líderes es dirigirse hacia ese terreno intermedio.

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Los nórdicos creen que si llega en forma de transferencias tarde o temprano llegará la pregunta que puede poner en riesgo toda la construcción: ¿quién paga esa deuda? España propuso como solución que se trataran de bonos perpetuos, eso permitiría resolver esa pregunta con un aumento de ingresos de recursos propios en el presupuesto europeo, es decir, creando nuevos gravámenes comunitarios sobre los que ya se trabaja, como el impuesto digital o el polémico sobre el carbono en frontera, algo que, en cualquier caso, requeriría un par de años de procedimiento. El otro problema es que todo este fondo se sustenta sobre el artículo 122.2 de los Tratados, que permite asistencia económica, pero que tiene una naturaleza temporal, por lo que muchos discuten que la deuda perpetua tenga encaje en él.

En los próximos días la Comisión Europea trabajará en una propuesta que se vincula estrechamente con un marco financiero plurianual (MFP), la guía para los presupuestos europeos de los próximos siete años, completamente remodelados. Vincular ambos instrumentos tiene riesgos. Hasta hace solo dos meses el mayor dolor de cabeza de los líderes europeos era el baile, décima arriba, décima abajo, del tamaño del MFP. No parece que las posturas hayan cambiado mucho y se corre el riesgo de que la discusión sobre el Marco se enfangue, y que la vinculación que se ha establecido entre él y el fondo de reconstrucción haga que este encalle con él.