Las CCAA ahogan a las empresas de material sanitario: 50 días de retraso en las facturas

La pandemia del coronavirus pilló a la sanidad española en horas bajas. Los ajustes de gasto llevados a cabo en la última década propiciaron que España se sitúe entre los países europeos con menor nivel de gasto destinado a la sanidad. Lo que parecía un sólido servicio público ha mostrado todas sus fisuras durante esta crisis sanitaria sin precedentes en las décadas recientes.

Prácticamente la totalidad de las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar este servicio público. Al margen de los recortes realizados, en los últimos meses las comunidades autónomas retrasaron significativamente el pago de las facturas de sus proveedores del sistema de salud. En enero esta estadística alcanzó un pico de 50 días de morosidad, una cifra que no se había registrado desde el año 2018, cuando el Ministerio de Hacienda rehízo este indicador.

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Esto significa que la mayor parte de los proveedores del sector sanitario estarán cobrando ahora las facturas emitidas en febrero. Un grave problema que dificulta la respuesta de España a la crisis sanitaria. Las comunidades autónomas han retrasado de forma significativa el periodo de pago a sus proveedores sanitarios en los últimos meses, lo que afecta a un gran abanico de empresas, desde laboratorios, farmacéuticas y hospitales, hasta empresas de todo tipo de servicios. Tal nivel de morosidad que ahoga a los proveedores, en especial cuando se trata de pymes que tienen menor acceso a la liquidez. En concreto, las CCAA empezaron el año pagando a sus proveedores sanitarios con un retraso de 49,4 días, lo que supone un aumento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este retraso supera ampliamente el plazo de 30 días recogido en la normativa de morosidad, aunque todavía no alcanza el nivel de los 60 días que marca la Ley de Estabilidad como inicio de la intervención del Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, se acercaba peligrosamente a esa cifra antes del estallido de la pandemia, lo que es otro ejemplo de la debilidad del sistema sanitario público. La deuda sanitaria acumulada a finales de enero superó los 3.600 millones de euros, una cuantía que tienen que financiar las propias empresas.

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Algunas comunidades autónomas llegan a superar claramente este periodo máximo que fija la Ley de Estabilidad, incluso llegando a duplicarlo. El caso más extremo es el de Cantabria, que paga a sus proveedores sanitarios con 127,10 días de retraso, muy lejos del resto de comunidades. En Cantabria, las empresas que ofrecen bienes y servicios al sistema público de salud tardan más de cuatro meses en cobrar sus facturas. Realmente, en esta comunidad es una odisea lidiar con este nivel de morosidad.

Murcia tampoco está en una situación mucho más favorable, ya que el retraso en el pago asciende a 100,3 días. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda señala en una nota que está revisando las cifras de la comunidad. También supera el umbral de los 60 días para el pago Castilla-La Mancha, donde la morosidad asciende hasta 68,2 días.

En cuanto al resto, todas están por debajo de los 60 días, aunque la mayoría están por encima de la barrera de los 30 días que marca la normativa antimorosidad. En concreto, son Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, La Rioja y Comunidad Valenciana.

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En cuanto al montante de la deuda sanitaria acumulada, el total se aproximaba a los 3.700 millones de euros al finalizar enero. La mayor parte de esta deuda, el 72%, tiene origen en años anteriores, mientras que el 28% restante son facturas generadas en enero. Por comunidades autónomas, Cataluña supera ampliamente al resto de territorios, con más de 1.000 millones de euros pendientes de pago. Esto significa que solo esta autonomía acumula el 28% del montante de las facturas sanitarias pendientes de pago.

Solo hay cuatro regiones por debajo de los 30 días para el pago a proveedores de sanidad. La mejor vuelve a ser el País Vasco, que paga en apenas 19 días, igual que Canarias, y les sigue Navarra, con 20,7 días. Esto significa que las tres autonomías con menor morosidad son las que tienen un sistema fiscal especial. La cuarta que baja de los 30 días es Andalucía, aunque se queda muy cerca, con un retraso en el pago de 29 días.

A partir de la segunda mitad de 2019 se produjo un importante repute del periodo medio de pago a proveedores en las comunidades autónomas, que afectó a la sanidad, pero también al resto de sectores. Uno de los motivos fue el problema para la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, que el Gobierno central retrasó hasta el mes de octubre, en vísperas de las elecciones.

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Muchas comunidades empezaron a tener problemas de liquidez a partir del verano y retrasaron el pago a sus proveedores. Este repunte generalizado disminuyó en noviembre y diciembre, una vez que las regiones recibieron la actualización de las entregas. Sin embargo, la mala noticia es que ha vuelto a repuntar con fuerza en noviembre. Es cierto que muchas comunidades autónomas tienen un problema de infrafinanciación que complica que puedan asumir todas las competencias transferidas. Sin embargo, sus presupuestos han crecido de forma constante desde el inicio de la recuperación, lo que demuestra que además de un problema de financiación, existe una mala gestión de los recursos disponibles.