El Gobierno pagará el salario de los padres afectados por el cierre de los colegios

El Gobierno anunció el martes, tras el Consejo de Ministros, que el Estado se hará cargo de todas las bajas laborales producidas por el coronavirus, tanto las de los trabajadores enfermos como de los que tengan que cumplir una cuarentena. Pero esta no es la única medida en el ámbito laboral que aprobará esta semana. El jueves, pondrá en marcha un plan de choque para evitar el impacto del brote del coronavirus en la actividad económica que irán dirigido a contener la propagación de la enfermedad y minimizar los costes para empresas y trabajadores.

Las medidas llevan días en estudio, explican fuentes del Gobierno, y se están negociando en el diálogo social con patronal y sindicatos. Una de las medidas estrella que están sobre la mesa es que el Estado se haga cargo del salario de las personas que tengan que suspender su contrato para cuidar de familiares dependientes a cargo o tengan que reducir su jornada. Esto significa que el sector público asumiría el coste de los cierres de colegios, geriátricos y centros de día que se están anunciando en los últimos días en algunas comunidades autónomas y que podrían extenderse a más partes del territorio nacional en las próximas jornadas. Todo con el objetivo de "mitigar los efectos [de las medidas adoptadas] sobre los trabajadores y trabajadoras", señaló el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa.

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Así lo ha confirmado esta mañana el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una entrevista en Onda Cero. El Gobierno recoge así la propuesta fue lanzada por las centrales sindicales CCOO y UGT, y actualmente están en negociaciones con el Ejecutivo para analizar su viabilidad presupuestaria y su impacto sobre la actividad y sobre la prevención de nuevos contagios. Conviene recordar que estas medidas de apoyo en las cotizaciones por el coronavirus no están cuantificadas, ya que es imposible anticipar a cuántas personas va a afectar.

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Escrivá ha anunciado que se creará una nueva prestación de la Seguridad Social que cubrirá las reducciones de jornada que tengan que solicitar los trabajadores para cuidar a sus hijos o mayores dependientes, siempre que sean de primer grado. Según el cálculo de la Seguridad Social, el coste de esta prestación ascendería a 50 millones de euros, ha señalado el ministro. En cualquier caso, los detalles no estarán cerrados hasta el jueves, cuando Sánchez firme el plan de choque con los agentes sociales.

La suspensión del contrato solo se contempla en causas excepcionales siempre y cuando exista una decisión unilateral de los poderes públicos

La propuesta inicial de los sindicatos era que el Gobierno crease un “fondo de ayuda extraordinario” que cubra las contingencias derivadas de la epidemia. Este fondo se haría cargo del salario de los trabajadores que tengan que acordar con la empresa la suspensión del contrato como consecuencia directa de la enfermedad. Los sindicatos solicitaban que este fondo asumiese el 100% del salario del trabajador durante el periodo en el que esté suspendido el contrato, una vez que este ya haya agotado todos los permisos retribuidos. Sin embargo, el Gobierno está valorando este extremo con la opción de rebajar la nómina al trabajador para evitar un gran incentivo a la suspensión de contratos, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Si el Estado asume todo el coste de la suspensión, entonces muchas empresas y trabajadores podrían acordar pasar ‘la factura’ a Hacienda.

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La suspensión del contrato solo se contempla en causas excepcionales, siempre y cuando exista una decisión unilateral por parte de los poderes públicos que impida el normal funcionamiento de la actividad. En concreto, se valora esta opción en los casos en que se dicten cuarentenas obligatorias en ciertas regiones o sectores, restricciones a la movilidad que impidan a los trabajadores acudir a su puesto o para los afectados por el cierre de centros escolares o de mayores. En estos casos, se incluiría tanto A los trabajadores que no pueden realizar sus tareas como a los cuidadores de los niños o ancianos.

De esta forma, se minimizaría el impacto sobre el sector privado de las medidas extremas que se empiezan a adoptar como consecuencia del coronavirus. En Vitoria, los centros educativos están cerrados desde el martes, y en Madrid se cierran a partir de este miércoles, 11 de marzo. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha adoptado ninguna ayuda para evitar los perjuicios provocados por estas medidas, que son muy traumáticas para las familias.

Una vez que terminen las medidas extraordinarias adoptadas por las diferentes autoridades, el trabajador se reincorporaría a su puesto de trabajo con las condiciones laborales y salariales previas.

¿Igual que el sector público?

Los trabajadores de la Administración General del Estado gozarán de su estatus favorable en el caso de las cuarentenas respecto al sector privado. El Ministerio de Función Pública aprobó el martes que en los casos de cuarentenas por coronavirus, los afectados percibirán el 100% de su salario, y no como los trabajadores del sector privado, que percibirán el 75% de su base reguladora, ya que se considerará contingencia profesional.

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Función Pública también ha aprobado que los trabajadores del Estado que tengan niños o mayores a su cargo puedan contar con una jornada flexible para poder adaptarse a los cuidados que requieran sus familiares. Además, en caso de necesidad, podrán permanecer en sus casas durante toda la jornada sin que su salario se vea afectado. Un permiso que no tendrán los trabajadores del sector privado a menos que las negociaciones actuales del Gobierno con los agentes sociales fructifiquen.

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Entre las demandas de los sindicatos, también se incluye la del acceso a las prestaciones sociales para todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) como consecuencia del coronavirus. Como recordó el Ministerio de Trabajo en su guía, las empresas que quieran aprobar un ERTE tendrán que negociarlo con los representantes de los trabajadores.

Una vez acordado, los trabajadores afectados contarán con una prestación pública que complemente el salario que dejan de percibir, pero solo en los casos en que hayan cotizado lo suficiente. Los sindicatos demandan al Gobierno que la prestación se aplique de forma universal a todos los trabajadores, aunque no hayan acumulado las cotizaciones suficientes.