Escrivá asegura que la Seguridad Social es solvente y pide trasladar el déficit a Hacienda

"Quiero empezar con una afirmación contundente: La Seguridad Social es sólida y solvente". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha empezado con esta frase su defensa sobre el futuro de las pensiones en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Como antes hicieron sus predecesores en el cargo, Escrivá ha centrado sus esfuerzos en transmitir la solvencia del sistema público de pensiones y que el problema actual responde a la cantidad de gastos impropios que se han colgado de la Seguridad Social.

Sin estos costes adicionales, y que nada tienen que ver con el pago de las prestaciones a los pensionistas, el Sistema de la Seguridad Social estaría en equilibrio. "Se trata de un problema contable", ha señalado Escrivá, esto es, de en qué sector de la Administración se carguen las diferentes partidas de gasto. En opinión del ministro, "hemos sobrecargado a la Seguridad Social con todo tipo de medidas que se financian con cotizaciones sociales pero que se deben pagar como políticas públicas con los presupuestos generales del estado. Esto requiere poner las cosas donde tienen que estar". En otras palabras, culminar la separación de fuentes que está hoy a medio camino.

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Estos gastos impropios de la Seguridad Social ya han sido ampliamente estudiados por el Pacto de Toledo y por los anteriores ministros de Seguridad Social. Los principales son los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, políticas activas de empleo (las reducciones de cuotas cuestan unos 1.700 millones de euros al año), prestaciones de carácter universal, etc. "La Seguridad Social no tiene déficit en este momento", explican fuentes del ministerio, pero para ello, es necesario que las cotizaciones se destinen, básicamente, al pago de pensiones. El resto del déficit, debería asumirlo el Ministerio de Hacienda.

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Esto supone pasar de la Seguridad Social a los presupuestos generales del estado unos 18.000 millones de euros, que es la cuantía del déficit actual (los datos de 2019 no están cerrados aún, pero la cifra final no variará mucho de esta). Una vez que se consigan equilibrar las cuentas actuales pasando el déficit a Hacienda, la Seguridad Social estará ya en una posición solvente para asumir en las próximas décadas el incremento del gasto derivado del envejecimiento social, la revalorización anual con arreglo al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad.

"Un aumento del gasto de tres puntos del PIB en 25 años es manejable y abordable desde el punto de vista de la gestión de la Seguridad Social", ha explicado el ministro. "y lo es porque tenemos una palanca muy importante, los incentivos positivos a que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal". El objetivo de Escrivá es que el ministerio introduzca incentivos al retraso de la edad efectiva de jubilación para que los trabajadores elijan retrasar su retiro.

Tenemos una palanca muy importante, los incentivos positivos a que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal

"Hay instrumentos en la SS para propiciar de forma voluntaria jubilaciones más retrasadas", ha explicado Escrivá. Estas medidas nuevas que tendrá que adoptar el ministerio funcionarán en paralelo a la entrada en vigor paulatina de la reforma de pensiones de 2011, que sigue retrasando la edad legal de jubilación y aumentando el número de años que se utilizan para el cálculo de la pensión inicial.

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Esta combinación de medidas de corto plazo (eliminar el déficit actual) y de largo (elevar la edad efectiva de jubilación) deberían restablecer la confianza de la sociedad en la solvencia del sistema público de pensiones. No solo eso, también servirá para "mantener pensiones suficientes y tasas de reemplazo similares a las actuales".

Escrivá ha criticado a los medios y los partidos políticos que lanzan mensajes de incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social. "Les estamos diciendo [a los ciudadanos] continuamente que sus rentas futuras están en riesgo cuando no es verdad y no va a ser verdad", ha remarcado. Este discurso alarmista genera además un círculo vicioso que afecta a la Seguridad Social. Por una parte, porque aquellos colectivos que pueden elegir sus bases de cotización, como son los autónomos, eligen ir a la mínima ante el temor sobre la posibilidad de cobrar una pensión en el futuro. Además, esta incertidumbre también estariá afectando a las decisiones de jubilación anticipada de muchos trabajadores. "Este modelo de incertidumbre genera un círculo vicioso para la sostenibilidad del sistema", ha alertado.

Una reforma inminente

El equipo del ministerio pretende sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Social este mismo año, con el objetivo de garantizar del mantenimiento del poder adquisitivo para los pensionistas, esto es, la revalorización con arreglo al IPC. Así lo aseguran fuentes del ministerio , que consideran que esta medida dará mucha certidumbre a los pensionistas actuales. Esta reforma también incluirá la derogación del factor de sostenibilidad. Eso sí, lo que no está tan claro es que en la futura reforma no se incorpore algún coeficiente que adecúe las prestaciones al aumento de la esperanza de vida.

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Esta reforma se realizará en continuo diálogo y acuerdo con el Pacto de Toledo y los agentes sociales. El ministro Escrivá mantendrá abiertos ambos canales de comunicación para lograr un gran acuerdo que permita establecer un marco estable y duradero para abordar el reto de las pensiones.

Escrivá ha reclamado a los diputados este gran acuerdo, porque "es lo que está reclamando la sociedad". También ha tendido la mano para alcanzar otros dos grandes pactos. El primero, el establecimiento del ingreso mínimo vital (IMV) para luchar contra la pobreza severa y la desigualdad. España está en una situación "deficiente" en cuanto a la corrección de la desigualdad por parte del Estado, solo Italia está en una situación peor. "La intervención del Estado no es muy eficaz, algo que no ocurre en otros países de nuestro entorno".

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El objetivo del ministerio es diseñar "de forma fina" esta ayuda no contributiva (se financiaría exclusivamente con cargo a los PGE) para conseguir que "con menos dotación de la que se supone, si el diseño es fino, se obtengan mayores resultados de los que se presuponen". En otras palabras, el objetivo será que la ayuda vaya directamente a las personas más necesitadas para lograr así reducir la desigualdad y mejorar la cohesión. El objetivo es que esta ayuda empiece a funcionar en 2021 y se vaya dotando de recursos a medida que avanza la legislatura.

El segundo gran acuerdo será un pacto sobre migraciones para reformar la Ley de Extranjería para facilitar la entrada ordenada de inmigrantes. Escrivá ha recordado que España necesitará integrar a miles de trabajadores extranjeros cada año para cubrir las necesidades del mercado laboral. Para lograrlo, será necesario tener un sistema simplificado y flexible que gestione las migraciones. "La prioridad tiene que ser dar oportunidades de trabajo a los españoles que no la tiene, pero tenemos que ser conscientes de que esta inmigración que viene será creciente en el tiempo", ha remarcado Escrivá.