La Seguridad Social ultima un plan para ingresar 3.000 millones vía impuestos

La nueva reforma de las pensiones está en marcha. Y esta vez los cambios nacen con un solo objetivo: aumentar la recaudación de la Seguridad Social. Para lograrlo, ya hay un cierto consenso entre sindicatos, empresarios y Gobierno —todavía no sustanciado en un documento común— para que determinadas partidas que socavan los ingresos del sistema público de pensiones sean financiadas a cargo de impuestos. En concreto, se pretende convertir las actuales reducciones de cotización en bonificaciones, lo que permitiría que esas subvenciones se sufragaran vía Presupuestos Generales del Estado y no con cuotas sociales.

No se trata de una cantidad pequeña ni de aprobar un nuevo tributo para financiar las pensiones mediante impuestos. Al contrario, se trata de avanzar en la línea que ha marcado el Plan de Garantía Juvenil. Según las estimaciones de la propia Seguridad Social, las reducciones de cotización —por ejemplo, en el caso de la integración del régimen general de trabajadores agrarios en el régimen general— tienen un coste de unos 1.000 millones de euros que ahora hay que financiar con cotizaciones, lo que explica —solo en parte— el abultado déficit de la Seguridad Social.

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A esa cantidad habría que sumar otros 1.971 millones de euros en reducciones directas que no tienen nada que ver con las tarifas planas. En total, cerca de 3.000 millones de euros que deja de ingresar la Seguridad Social, lo que explica el interés del Ministerio de Empleo en que la reforma entre en vigor de forma “inmediata”, como sostiene una fuente autorizada. En todo caso, antes de que finalice el año, sin esperar a que el Gobierno presente el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018.

La sustitución de reducciones de cotización por bonificaciones —que sería progresiva— obligaría al Gobierno a hacer transferencias al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), con lo que se descargaría la presión financiera que hoy sufre el sistema de Seguridad Social. Es decir, se avanzaría un poco más en la separación de las fuentes de financiación, un objetivo estratégico del Pacto de Toledo.

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Otra de las vías de agua de la Seguridad Social tiene que ver con la diferencia entre los salarios reales y las cotizaciones. Esto se traduce en que al estar 'topadas' las bases máximas (en 3.642 euros al mes), los trabajadores con sueldos más elevados no cotizan por el conjunto de sus ingresos. Lo que pretende el Gobierno —en este punto hay discrepancias con sindicatos y empresarios— es elevar esa base máxima, pero, al mismo tiempo, 'destopar' la cuantía de la pensión máxima (2.567,28 euros por 14 pagas). El Gobierno estima que lo contrario sería una especie de 'confiscación', ya que los trabajadores con sueldos más altos pagarían más, pero no recibirían nada a cambio.

Impuestos y cotizaciones

Es decir, se crearía una especie de 'impuesto' ajeno al propio sistema de la Seguridad Social, que se basa en lo contributivo del sistema: relación entre lo cotizado y lo percibido en el momento de la jubilación. Según sus cálculos, los más afectados serían los trabajadores con ingresos superiores a 44.000 euros, en cuyo caso sería como pasar de tributar en el IRPF de un 37% al 45%.

El Ejecutivo, en concreto, quiere mantener la relación 80/20 que existe hoy. Es decir, ingresar el 80% de lo cotizado y el 20% restante destinarlo a solidaridad para quienes no hayan podido cotizar por encima de lo que perciben mensualmente. De lo contrario, sostiene el Gobierno, se desincentivaría pagar la pensión o, incluso, no sería un buen estímulo para prolongar la edad de jubilación, que es otro objetivo del Pacto de Toledo. En este sentido, lo que se busca es un mecanismo de progresividad capaz de asegurar un equilibrio entre lo cotizado y lo percibido en el momento de la jubilación.

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Hoy, se asegura, hay más de 1,2 millones de trabajadores que cotizan por las bases máximas, pero habida cuenta de que en muchos casos sus salarios reales son más elevados que el tope de cotización, la Seguridad Social deja de ingresar una buena cantidad de dinero. Algunos estudios han calculado que si se gravara esta base exenta, la recaudación por contingencias comunes aumentaría en 7.577 millones de euros, que pagarían trabajadores y empresas en función del reparto de sus cuotas de cotización.

El mayor punto de discrepancia tiene que ver con la reversión de parte de las reformas aprobadas en 2011 (por el PSOE) y 2013 (tiempos de Partido Popular), en particular con el método de revalorización de las pensiones que los sindicatos quieren derogar.

Otra vía de agua que se quiere cerrar tiene que ver con los gastos de personal de la Seguridad Social, que hoy se pagan vía cotizaciones, cuando lo razonable sería que, como sucede en el resto de empleados públicos, sus retribuciones se financien con impuestos.