EL FONDO DE RESERVA SE AGOTARÁ EN DICIEMBRE

Las pensiones tendrán un déficit de 16.000 millones pese a la creación de empleo

La destrucción de empleo en la crisis pasa factura a la Seguridad Social. También los periodos transitorios tras las últimas reformas. El resultado es un cuantioso déficit

Foto: La ministra de Empleo, Fátima Báñez. (Reuters)
La ministra de Empleo, Fátima Báñez. (Reuters)

La nueva senda de reducción del déficit público contiene novedades en cuanto a su composición. En particular, en lo relacionado con la Seguridad Social, que en 2017, según las estimaciones del Gobierno, acumulará un déficit que se situará entre el 1,4% y el 1,5% del PIB. Es decir, muy cerca de los 16.000 millones de euros. Por lo tanto, una cifra muy similar a la de este año.

La causa de este desfase tiene que ver con que la Seguridad Social aún no ha recuperado los niveles de cotización previos a la crisis, mientras que, por el contrario, continúa incrementándose el número de pensionistas. La Seguridad Social ha recuperado desde el punto más bajo (primer trimestre de 2013) 1,8 millones de cotizantes hasta octubre de este año.

El déficit se cubrirá a cargo de los recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuya cuantía ha bajado hasta los 15.915 millones de euros, después de que este jueves el Gobierno anunciara que dispone de otros 9.500 millones de euros para pagar la extra de Navidad y su correspondiente IRPF. Los recursos del fondo, por lo tanto, ya son insuficientes para abonar las dos pagas extraordinarias de 2017, lo que obligará al Gobierno, en los próximos Presupuestos Generales, a aumentar sus transferencias a la Seguridad Social.

Según las previsiones del Gobierno, el año próximo la recaudación por cotizaciones seguirá una tendencia ascendente, con un crecimiento cercano al 3% en 2016, y del 2,5% en 2017. Es en este marco en el que hay que interpretar la decisión de elevar por encima de la inflación las bases máximas de la Seguridad Social (3.642 euros al mes), y que hoy pagan algo más de un millón de trabajadores con los sueldos más altos. Y que permitirá recaudar hasta 500 millones de euros, en función de la intensidad de la subida (cada punto son 100 millones).

Hay que tener en cuenta que algunas de las reformas aprobadas en 2011 (PSOE) y 2013 (PP) todavía no están plenamente operativas, y, por lo tanto, su efecto es limitado. Por ejemplo, el factor de sostenibilidad establece un vínculo automático entre la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación y el aumento observado en la esperanza de vida, pero esta cláusula no empezará a aplicarse hasta 2019, sin necesidad de normas adicionales. Ahora, lo que se baraja es adelantar algunos periodos transitorios con el fin de estabilizar las cuentas del sistema público de protección social.

Jubilaciones anticipadas

El endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, igualmente, está sembrado de periodos transitorios, lo que explica que su impacto sea también muy suave. El resultado es que el número de jubilaciones anticipadas es todavía similar al existente antes de la reforma. Concretamente, en 2012 se jubilaron anticipadamente 127.358 trabajadores, y en 2015 lo hicieron 127.038 trabajadores.

Hay que tener en cuenta que el gasto en pensiones está creciendo en torno al 3%, por debajo del PIB nominal (4%), gracias a la contención realizada a partir de las reformas emprendidas desde 2011, incluyendo el aumento de la edad efectiva de jubilación, el índice de revalorización de pensiones y el llamado factor de sostenibilidad, que supone tener en cuenta la evolución demográfica. La cuantía de las pensiones, como se sabe, subirán el año próximo un 0,25%.

El 1,4% en que se situará el déficit del sistema público de protección social en 2017 se había incorporado en el Plan Presupuestario, pero con una importante novedad. En ese documento enviado a Bruselas se preveía, sin embargo, un déficit del conjunto de las administraciones públicas equivalente al 3,6%, pero ahora se ha reducido medio punto para cumplir con Bruselas.

La Seguridad Social, sin embargo, mantiene su déficit, mientras que el desequilibrio de las comunidades autónomas pasará del 0,1% al 0,6% del PIB. La Administración central mantiene su déficit previsto del 1,1%, pero no lo tendrá que reducir —para compensar las desviaciones—, gracias a que la Comisión Europea ha ampliado su margen presupuestario a España.

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