El Gobierno admite que el déficit de pensiones será superior al previsto

Los números rojos de la Seguridad Social continúan creciendo. Ni la mejora del empleo (+2,5%) ni el incremento salarial medio (+2,4%) harán posible que este año se reduzca el déficit de la Seguridad Social.

Así lo prevé el propio sistema público de protección social en su último boletín de información financiera, en el que estima que este año se cerrará con un déficit equivalente a 17.430 millones de euros, lo que supone alrededor del 1,4% del PIB nominal (1,25 billones de euros) previsto por el Gobierno, y que será, incluso, ligeramente inferior (unos 6.000 millones de euros) tras la última revisión realizada por Estadística.

Esta cifra es algo superior a los 17.088 millones de déficit registrado en 2018, aunque lo más relevante es que se incumple el objetivo fijado por el Gobierno en el Programa de Estabilidad enviado el pasado 30 abril a Bruselas, en el que estimaba un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente al 1,2% del PIB, es decir, dos décimas por debajo del nivel registrado en 2018.

Ese porcentaje, incluso, suponía un empeoramiento respecto de lo previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que rechazó el Congreso en febrero, en el que se estimaba como probable cerrar el ejercicio en el 0,9% del producto interior bruto. Ninguno de los dos objetivos, ni el 0,9% ni el 1,2%, se cumplirá.

Bases de cotización

La causa, lógicamente, tiene que ver con el desfase estructural entre ingresos y gastos, que ha provocado desde 2010 cuantiosos desequilibrios, lo que ha obligado al sistema público de protección social a endeudarse de forma masiva: 31.520 millones en menos de tres años. Tan solo en el primer semestre del año, las necesidades de financiación de la Seguridad Social (el déficit) se sitúan, según datos del Banco de España, en 11.059 millones de euros.

El desajuste entre ingresos y gastos se produce pese a que los derechos reconocidos por cotizaciones sociales del sistema público de pensiones se han incrementado hasta el pasado mes de agosto un 7,76%, prácticamente el doble de lo está creciendo el PIB nominal (con inflación). Gracias, fundamentalmente, al aumento de la recaudación derivada de las bases de cotización por la mejora del empleo y de los salarios, pero también por la revisión al alza de las cotizaciones de determinados colectivos de trabajadores (autónomos o asalariados que contribuyen por las bases máximas).

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Los gastos, por su parte, y fundamentalmente por el pago de las pensiones, están creciendo a un ritmo del 6,56%, en este caso por el efecto combinado del aumento en el número de pensionistas y por el hecho de que las nuevas pensiones son más elevadas que las que causan baja.

Efecto sustitución

De hecho, la propia inercia lleva a que el gasto en pensiones crezca automáticamente en torno a un 2,8%. En concreto, 1,6 puntos por el efecto sustitución de las pensiones nuevas por las que desparecen y otros 1,2 puntos por el aumento del número de pensiones en coherencia con el envejecimiento de la población. A ello hay que añadir la revalorización para compensar el incremento de los precios.

Esta cifra, en todo caso, aún está por definir. En principio, y salvo que se cambie la legislación, algo que difícilmente puede hacer un Gobierno en funciones, el incremento debe limitarse al 0,25%, que es el mínimo establecido en la ley de la Seguridad Social.

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Todos los partidos, sin embargo, han hablado de subir las pensiones en 2020 en línea con el incremento del IPC, que ha sufrido un fuerte descenso en los últimos meses, lo que alivia las cuentas de la Seguridad Social, que, además, no tendrá necesidad de compensar el 1,6% que subieron en 2019 por la desviación al alza de la inflación. Hasta agosto, media de los primeros ocho meses del año, el IPC ha subido un 0,9%, por lo tanto, ese porcentaje es el que habría que sumar al 2,8% que de manera inercial tiene que asumir la Seguridad Social el 1 de enero de cada año al margen de lo que recaude.

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya advirtió a principios de año de que el objetivo de déficit del 0,9% era “improbable”, y estimaba, por el contrario, que sería muy próximo al de 2018. Es decir, algo más de 17.000 millones de euros, como ya reconoce el Gobierno a través del seguimiento mensual que hace la Intervención de la Seguridad Social sobre la marcha de las cuentas públicas.