La quimera del 'paro de los autónomos': "He perdido mi bar y me rechazan la prestación"

Hace 14 años, Álex Ochoa perdió su trabajo. Capitalizó el paro y, con la ayuda de su mujer, abrió un pequeño bar situado en el patio interior de un edificio privado, junto al vicerrectorado de la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Un negocio modesto, con una clientela limitada a vecinos, profesores y estudiantes, que vivía del menú del día, cafés y bocadillos. “Era poco más que un salario, pero nos ha permitido sacar adelante a tres hijas que ahora tienen 13, 16 y 19 años”.

En junio, los vecinos del bloque decidieron cerrar la puerta del patio interior que da acceso al bar. Una iniciativa que condenaba el bar de los Ochoa. En adelante, le explicaron, solo podría contar con los vecinos del edificio como clientes. “Hay 120 pisos, pero solo 60 familias. La mayoría están ocupados por personas mayores que tienen ayuda en casa y comen en su salón. Es imposible mantenerse así”. Por si le quedaban dudas, pocas semanas después le entregaron una carta en la que rescindían el contrato de alquiler a partir de octubre. “De la noche a la mañana, me quedé sin negocio”, resume.

Su gestor le tranquilizó. Aunque la prestación por cese de actividad (el 'paro de los autónomos') es una de las tramitaciones más inciertas, su caso era tan evidente que no debería tener problemas en cobrar. Y había estado pagando la cuota desde que entró en vigor, en 2010. Echaron cuentas allí mismo y, con tres hijas dependientes, les salían entre 1,200 y 1,300 euros de ayuda mensual para él y otro tanto para su mujer. Eso durante un año. “Nuestra idea era volver a capitalizarlo todo y coger el traspaso del bar de otro amigo que se quiere jubilar. No me quiero quedar ni un mes quieto. Era una mala noticia, pero saldríamos adelante”.

La prestación les fue denegada porque "no queda acreditada la concurrencia de los requisitos", sin más explicaciones

No fue así. La prestación les fue denegada porque "no queda acreditada la concurrencia de los requisitos”, sin más explicaciones. Con la carta en la mano, Álex dice que se siente engañado. “He pagado religiosamente cada mes más de 300 euros de cuota. Y ahora, con el bar cerrado, con una deuda de 4.000 euros en una tarjeta y más de 1.000 en otra por los problemas arrastrados, la mutua no considera que haya cese de actividad. ¿Cómo es posible? En las cuentas personales nos queda dinero para vivir 20 días. Y cuando se acabe, no sabemos qué vamos a hacer”, lamenta.

Su caso explica por qué la mayoría de los gestores recomiendan a los autónomos no pagar la prestación por cese de actividad, excepto en casos muy concretos. “A los comerciantes directamente les digo que ni lo intenten, que es tirar el dinero a la basura. Se lo deniegan siempre. No merece la pena. Está hecho tan mal que hace pensar en una medida recaudatoria”, comenta el propietario de una pequeña gestoría de barrio de Zaragoza.

Más que una garantía social, el cese de actividad se ha convertido en un quebradero de cabeza para los autónomos y en uno de los caballos de batalla para las organizaciones que los representan. Se trata de la única protección que ofrece la Seguridad Social para aquellos que pierden su negocio por causas ajenas a su voluntad, pero en la mayoría de los casos se convierte en un problema para quienes la solicitan. Su cotización es voluntaria, eso sí, salvo casos concretos, como los autónomos económicamente dependientes.

María José Landaburu, secretaria general de Uatae, insiste en que la prestación por cese no funciona. “El número de denegaciones es demoledor, y las historias humanas que hay detrás son dramáticas. Cuando con arreglo a una norma se generan situaciones como estas, la norma es injusta. Y si es injusta, hay que cambiarla”, dice. Propone “una transformación de nuestro sistema de cotización” hacia “un sistema por ingresos reales que frenaría esta ausencia absoluta de derechos”. Es decir: “Que la cuota sea más justa y más proporcional, y que incluya las mismas prestaciones sociales que disfrutan los asalariados. Ese es el verdadero reto”.

Cuando con arreglo a una norma se generan situaciones como estas, la norma es injusta

Muchos trabajadores optan por pagar la cuota mensual voluntaria del cese de actividad para garantizarse una protección en el caso de que su negocio fracase. Todos ellos abonan el coste de la cuota, que es del 2,2% sobre la base imponible del trabajador, esto es, oscila entre 20,5 euros y 83,7 euros mensuales. Además, para tener derecho a la prestación, los autónomos tienen que haber cotizado de forma continuada un mínimo de 12 meses inmediatamente antes del cese. Las voces críticas subrayan, por ejemplo, que el umbral de pérdidas exigido es demasiado alto para quienes alegan que su negocio va mal: 30% de las ventas en un ejercicio y dos años en números rojos en un 20% superiores al volumen de ventas.

El problema llega cuando el autónomo solicita el cese de actividad y se encuentra con la negativa de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En 2017, se rechazó el 54% de todas las solicitudes tramitadas, esto es, más de la mitad de los autónomos no pudieron percibir la prestación por la que habían cotizado. El trabajador tiene que demostrar que ha perdido su negocio de forma involuntaria y son las mutuas —en la gran mayoría de los casos— quienes analizan la solicitud y dan el visto bueno. Es aquí donde reside el problema, primero porque los requisitos son muy estrictos y, segundo, porque los baremos que emplean las mutuas no son homogéneos. El resultado es el apuntado: más de la mitad de las solicitudes son denegadas, pese a que los autónomos habían cotizado previamente el tiempo requerido.

Según los datos de la Asociación de Mutuas (AMAT), en 2017 se rechazaron 1.787 solicitudes, de las cuales el 84% fue porque los autónomos no acreditaron correctamente el cese de actividad. “Los autónomos tenemos un problema gravísimo para acceder al cese de actividad”, lamenta Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). Algunos casos han llegado a los tribunales y se han obtenido ya sentencias favorables para los demandantes. En abril de 2014, por ejemplo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dio la razón a un transportista a quien Mutua Asepeyo le denegó la prestación en febrero de 2012, una decisión que había sido ratificada en primera instancia por el Juzgado Número 5 de la ciudad.

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“Seguimos sin tener pautas y criterios concretos para el acceso, todas las mutuas no usan el mismo criterio”, insiste Abad, “es cierto que tiene que haber un control para que no se acojan autónomos que hayan querido cerrar el negocio por voluntad propia, pero los requisitos deben ser más claros y homogéneos”. Al final, son los autónomos quienes tienen la carga de la prueba de que no pueden continuar con su actividad y se enfrentan a un complicado trámite burocrático en el que la mayoría acaba naufragando.

Los autónomos están financiando la Seguridad Social con el cese de actividad, hasta el punto de que es la única prestación con superávit

El resultado de estos criterios tan restrictivos es que los autónomos están financiando la Seguridad Social con el cese de actividad. En el año 2017, el sistema ingresó 133 millones de euros con las aportaciones voluntarias de los trabajadores autónomos y apenas se gastó 16 millones en prestaciones. Esto significa que el 88% de la recaudación por cese de actividad se quedó en la Seguridad Social para financiar otras partidas, un desequilibrio que los autónomos han denunciado ante el Gobierno.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido que “hay que darle una vuelta” a la protección por cese de actividad. Valerio está negociando con las asociaciones de autónomos una reforma de este sistema para que los trabajadores cuenten con una verdadera protección cuando no puedan continuar con su actividad. “Hay que dar un repaso importante a la prestación por cese de actividad, porque se recauda mucho más por ella de lo que se reparte en prestaciones, ya que los requisitos son muy difíciles de cumplir”, reconoció la ministra este verano en los cursos de El Escorial.