Papel mojado: el Gobierno incumple todo lo pactado en la Conferencia de Presidentes

Han pasado casi 365 días —el próximo día 17 se cumplirá un año desde el encuentro— y la Conferencia de Presidentes autonómicos no ha dado ningún fruto relevante más allá de mostrar un clima de diálogo. Nada se ha concretado en los asuntos centrales del acuerdo, que afectan a cuestiones tan relevantes como la firma de un gran pacto nacional sobre la educación, la elaboración de una estrategia nacional para combatir la crisis demográfica o la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación territorial que el Gobierno, a través de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se comprometió a presentar antes de que acabara el año 2017.

No ha ocurrido nada de eso. Tampoco la tarjeta social estatal ha visto la luz ni se ha avanzado en la presencia de las comunidades autónomas en las instituciones europeas, una vieja reivindicación de algunas regiones que cuestionan la escasa coordinación con el Estado en asuntos que a ellas les interesan. De hecho, ni siquiera se ha cumplido el compromiso de celebrar anualmente la Conferencia de Presidentes como órgano de “máxima coordinación” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Hoy por hoy, Moncloa no ha anunciado ninguna nueva convocatoria.

Parece obvio que el PSOE de Pedro Sánchez no está por la labor más allá de la cuestión catalana

Y es que la crisis catalana y la minoría parlamentaria del Gobierno Rajoy han acabado por bloquear la vida política del país. Entre otras cosas, porque la estrategia del Gobierno es pactar preferiblemente con el PSOE antes que con Cs para evitar que el partido de Rivera pueda capitalizar determinadas políticas. Y parece obvio que el PSOE de Pedro Sánchez no está por la labor más allá de la cuestión catalana.

Solo se ha avanzado en la renovación de la 'Estrategia española de activación para el empleo', un documento de mera coordinación entre las CCAA y el Estado, y en la firma de un pacto de Estado contra la violencia de género. En materia de inmigración, otro de los asuntos centrales, apenas se ha profundizado. Solo se ha producido una reunión entre el Ministerio de Exteriores y las comunidades autónomas para coordinar las ayudas de emergencia a los refugiados por la ola de frío, pero del invierno pasado.

De hecho, y pese a que tras la reunión se habló de un nuevo clima de diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, lo cierto es que la litigiosidad constitucional entre unos y otros no ceja. En estos momentos, esperan sentencia del Tribunal Constitucional nada menos que 43 recursos y conflictos del Estado contra diversas normas dictadas por las comunidades autónomas. En sentido contrario, otras 50 demandas de las regiones contra el Estado esperan fallo del TC.

PGE y financiación autonómica

El caso más palmario del fracaso de la Conferencia de Presidentes ha sido la financiación autonómica. El Gobierno central cumplió con el acuerdo creando una comisión de expertos que, pese a la complejidad de su diseño y la alta politización de sus miembros (un representante por cada Gobierno regional), consiguió sacar un documento plagado de votos particulares. Pero documento al fin y al cabo. Sin embargo, medio año después, y tras reunirse en diversas ocasiones el llamado Comité Técnico de Evaluación para unificar criterios, no hay ninguna propuesta del Gobierno.

No ha corrido mejor suerte la estrategia sobre el reto demográfico. El Gobierno se ha limitado a nombrar a una comisionada con trabajos ignotos

El Ministerio de Hacienda, de hecho, ha vinculado en los últimos días la nueva financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuestión que no se incluía en el acuerdo aprobado por consenso por todas las CCAA. Y ya se sabe que el PNV —imprescindible para la aprobación del Presupuesto— ha vinculado su apoyo a la marcha de la cuestión catalana. Es decir, se da la paradoja de que el País Vasco, con un régimen fiscal singular, es determinante para la renovación del sistema de financiación autonómica del sistema común.

No ha corrido mejor suerte la estrategia del Gobierno y las CCAA sobre el reto demográfico. En el acuerdo de hace un año se decía textualmente que dicha estrategia “deberá estar aprobada en 2017”. El Gobierno, sin embargo, se ha limitado a nombrar a una comisionada para el reto demográfico cuyos trabajos hoy por hoy son ignotos.

En el caso del pacto por la educación, el Gobierno se comprometió a convocar la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico sobre el sistema educativo, como se sabe, transferido a las regiones. Lo cierto es que la comisión se creó y ha celebrado hasta la fecha ocho reuniones, teniendo previsto otras dos convocatorias a lo largo del mes de enero, que no es periodo de sesiones. Hasta ahora, se ha limitado a escuchar a cada uno de los consejeros de Educación de las 17 comunidades autónomas, pero sin que se haya hecho ninguna propuesta concreta para reformar un asunto políticamente tan delicado que forma parte del modelo autonómico.

No ha corrido mejor suerte la creación de una tarjeta social que pretende ser una especie de llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, destinado a coordinar la acción protectora del Estado, hoy completamente dispersa entre regiones. Esa tarjeta permitiría conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, Ceuta y Melilla y las corporaciones locales, además de las ONG.

La realidad es muy distinta. Un año después, la tarjeta sigue estancada y alguna comunidad, como Madrid, ha lanzado la suya, completamente al margen del resto. Se constituyó en su día el grupo de trabajo, pero nada más se sabe de cuándo estará lista la tarjeta.