El Gobierno admite por primera vez que la tensión en Cataluña afecta a la deuda

El Ministerio de Hacienda ha reaccionado con contundencia al órdago soberanista que lanzó el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. Si Cataluña no quiere informar de sus pagos, entonces no realizará ningún pago. Básicamente es la idea de la batería de medidas que ha aprobado hoy la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El ministro Cristóbal Montoro quiere controlar que “ni un solo euro” se destina a financiar el referéndum, pero no puede contener la incertidumbre económica que genera esta escalada de la tensión entre el Estado y la Generalitat. Hasta tal punto ha llegado que el Gobierno ha admitido por primera vez que está teniendo un impacto sobre la prima de riesgo (la solvencia de España) y sobre la recuperación económica.

Lo ha hecho a través de un comunicado en el que asume la preocupación de las agencias de calificación, la banca de inversión y el resto de analistas internacionales. “La crisis provocada por el conflicto creado por la Generalitat supone un factor negativo para la recuperación económica y para la prima de riesgo”, señala Hacienda. Hasta el momento, la reacción de los mercados ha estado contenida, ya que el Banco Central Europeo (BCE) mantiene toda la deuda europea 'anestesiada' con sus inyecciones de liquidez, pero es cierto que los bonos españoles se han comportado peor que los del resto de países europeos en las últimas semanas.

El Gobierno siempre ha intentado calmar a los mercados ante el desafío soberanista catalán, pero esta vez admite que “toda esta situación puede perjudicar a la recuperación económica” y “repercutir negativamente en la creación de empleo y en la reducción del déficit público”. Con una deuda pública en el entorno del 100% del PIB, cualquier noticia que aleje a España de la senda de consolidación fiscal puede generar muchas dudas entre los inversores.

La crisis provocada por el conflicto creado por la Generalitat supone un factor negativo para la recuperación y la prima de riesgo

Los mercados están reflejando estas dudas. En agosto, la prima de riesgo española cayó hasta los 95 puntos básicos y desde entonces ha escalado hasta superar los 115 puntos básicos. Un avance contenido que, en cualquier caso, muestra un comportamiento diferencial peor. La comparativa también es válida con el bono italiano. Antes del verano, el diferencial a favor de la deuda española alcanzó los 73 puntos básicos, pero desde entonces se ha reducido por debajo de los 50 puntos básicos.

[Montoro da 24 horas a la Generalitat para que identifique sus interventores]

El avance de la ruptura en Cataluña ha obligado al Gobierno a “actuar con medidas proporcionales a la situación creada”. Dado el nivel de insumisión del Govern, el Ejecutivo no ha dudado en adoptar una medida inédita y potente: la intervención de las cuentas de Cataluña para controlar todos los pagos y gestionar directamente la mayor parte de los movimientos de fondos.

En el filo de la navaja

Montoro sabe que la gestión de esta crisis es muy complicada. Por un lado, no puede permitir que la Generalitat disponga de liquidez con la que financiar el referéndum, pero, por otro lado, tiene que tener mucho cuidado para evitar ningún impago, que podría poner a Cataluña y a España automáticamente en 'bono basura'. El órdago del Gobierno es peligroso, ya que al retirar a la Generalitat el permiso para pagar los servicios básicos y las nóminas de los trabajadores públicos, existe el riesgo de que ocurra por el camino algún impago (aunque en este caso no provocaría el 'default' para las agencias de 'rating'). Montoro ha tratado de calmar a las calificadoras asegurando que estas medidas “garantizan la prestación de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria”.

Hacienda se encargará de abonar todos estos pagos, pero para hacerlo tiene que recibir un informe de la Intervención General de Cataluña en el que se indique cuáles son esos gastos. De este modo, Montoro pasa la pelota al tejado de Junqueras: o envía la información o los funcionarios no cobran y no se pagan los servicios básicos.

Las probabilidades de que España consiga una mejora en su calificación del 'rating' se han esfumado por la tensión en Cataluña

Ante esta situación de tensión en las cuentas catalanas, las probabilidades de que España consiga una mejora en su calificación crediticia se han esfumado, y eso que el Gobierno contaba con lograrlo hasta hace unas semanas. Los próximos días podrían haber sido de celebración, pero en su lugar, toca seguir remando. El 29 de septiembre Moody's actualiza su nota de España que actualmente tiene en Baa2, dos escalones por encima del 'bono basura' y un escalón por debajo de la calificación que mantienen S&P y Fitch. No hubiese sido descartable una subida, dado el ritmo de crecimiento del PIB, la evolución del empleo y la ejecución presupuestaria, pero desde el Ejecutivo ya descartan cualquier avance.

Unos días más tarde, el 20 de octubre, llega el turno de S&P, que tiene su 'rating' en BBB+ y perspectiva positiva. En una situación normal, lo lógico sería que mejorara la nota, pero no parece que vaya a ocurrir en este escenario. Moody's alertó este mismo lunes que la escalada de la tensión en Cataluña está afectando a la deuda española ya que “implica un impacto negativo para el crédito".

Los bancos tienen que denunciar

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno para controlar las transferencias de la financiación autonómica a Cataluña conseguirán reducir la liquidez de la Generalitat al mínimo. Sin embargo, el Govern todavía tendrá algunos ingresos con los que podría financiar el referéndum, principlamente los procedentes de los impuestos que gestionan las comunidades autónomas: como Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el las Bebidas Azucaradas, etc, que generan en torno a 250 millones mensuales de recaudación. Estos ingresos son competencias de las regiones, por lo que la intervención del Estado en estos fondos hubiese supuesto vulnerar las competencias de la Generalitat.

Para evitar este escenario y, al mismo tiempo, evitar que se destinan estos recursos a financiar el referéndum, Montoro ha reclamado a los bancos que denuncien cualquier transferencia que realice la Generalitat y que sea sospechosa ante la Fiscalía. Los bancos ya informan cuando sospechan de otras actuaciones que pueden ser delictivas, como el blanqueo de capitales y, ahora, también tendrán que comunicar los movimientos de dinero y pagos sospechosos que realiza la Generalitat.

De esta forma, Montoro no vulnera las competencias de la Generalitat, pero mantiene el control de sus cuentas para asegurar que no destinan fondos a financiar la consulta soberanista. Además, los bancos no podrán realizar transferencias ni pagos de la Generalitat si no están acompañados de un certificado de la Intervención General. De este modo, todos los movimientos tendrán que ser transparentes ante Hacienda para "asegurar que ni un solo euro se destina a actividades ilegales", ha señalado el ministro.