Rajoy toma medidas adicionales de control sobre las cuentas de la Generalitat

El Consejo de Ministros aprobará este viernes medidas adicionales de control de las cuentas de la Generalitat catalana para impedir que se desvíen fondos al referéndum de autodeterminación, en respuesta a la negativa de Carles Puigdemont a remitir los certificados semanales que le requiere el Ministerio de Hacienda. La carta —enviada por el vicepresidente y consejero de Economía del Ejecutivo autonómico al departamento que dirige Cristóbal Montoro, para comunicar su nuevo reto al Gobierno— fue analizada en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que preside el propio Mariano Rajoy, órgano que decidió encargar a Hacienda las medidas de respuesta.

[Consulte aquí la carta de Montoro a Junqueras]

Junqueras apela a los textos aprobados por los independentistas en el Parlamento autonómico para constituir un régimen paralelo, al margen del marco constitucional, y convocar la consulta anunciada para el 1 de octubre (todos ilegales, según el TC) para desobedecer las instrucciones de Hacienda emitidas en julio pasado, precisamente para evitar la malversación de fondos públicos en los planes para la secesión.

La ley de estabilidad presupuestaria en que se basa la reclamación de Hacienda que Junqueras desobedece permite tomar medidas coercitivas contra la Administración autonómica que la incumpla, desde la intervención general de sus cuentas por el Ministerio de Hacienda hasta la retención de los fondos y créditos. En el caso del Fondo de liquidez Autonómico que permite a la Generalitat sostener sus servicios, el Ejecutivo siempre ha sostenido que están perfectamente vigilados y que no sirven para fines ilegales "porque son finalistas".

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A. Fernández. Barcelona

Pero la negativa de Junqueras a certificar semanalmente que no está disponiendo de dinero público para los preparativos del referéndum viene a confirmar que la Generalitat lo puede estar haciendo ya y procura borrar pistas. Las advertencias del Tribunal Constitucional, las querellas de la Fiscalía y las instrucciones de Hacienda van dirigidas a poner hombre y apellidos a los responsables políticos o funcionarios (interventores sobre todo) que puedan participar en los desvíos de fondos públicos.

Para intervenir las cuentas de la Generalitat, el Gobierno podría enviar a Barcelona una delegación especial de interventores generales del Estado, como reclama Ciudadanos, si los allí destinados no bastan para vigilar la malversación de fondos con destino al referéndum independentista.