Fiscalía pide que se ordene a los Mossos retirar los carteles a favor del SI

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia en una nueva querella que ordene a los alcaldes de los Ayuntamientos independentistas que retiren los carteles de fomento de la participación en el referéndum del 1 de octubre a favor del si. En el escrito, en el que el Ministerio Público solicita que se investigue a la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas, Neus Lloveras, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch i Moya, reclama también que se les instruya sobre la total prohibición de colocar mensajes de este tipo. Asegura que debe darse orden a los Mossos de quitar la publicidad de campaña, además de reiterar que deben intervenir cualquier otro efecto destinado a celebrar la consulta.

El nuevo escrito detalla nuevas medidas cautelares y reclama el cierre de dos páginas webs http://municipsindependencia.cat y http:/www.acm.cat ya que la Fiscalía considera que están dando cobertura legal y apariencia de normalidad al 1-O. "No sólo es contrario al ordenamiento jurídico sino que vulnera frontalmente los mandatos del Tribunal Constitucional", dice.

Por ello solicita que se reclame la interrupción del servicio de las citadas páginas y se ordene al prestador de los servicios de intermediación del alojamiento de las webs que las cierre, en el caso de que éste se encuentre en España. "Se interesa que se adopte esta medida cautelar respecto de cualquier medio de comunicación telemático, red social o web que realice la misma actividad", agrega.

También pide imponer nuevas fianzas, como las que ya pidió el Ministerio Público para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su Govern, y especifica en la querella presentada este jueves que, en el caso de que se acuerden y no sean depositadas, debe procederse "al embargo de los bienes en la cuantía que se fije".

La querella se suma a las dos que presentó la pasada semana la Fiscalía Superior y que fueron admitidas a trámite y divididas en dos vías, a cargo de distintos instructores. En una de las causas se investiga la acción parlamentaria a favor del referéndum y en otra los actos del Govern para promoverlo. El TSJ tendrá que estudiar ahora si admite también esta nueva petición y fija las medidas que se reclaman.

Los mismos tres delitos

El escrito considera que tanto Lloveras como Buch i Moya han podido incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación y recurre al alto tribunal porque la presidenta de la AMI es también diputada. Especifica que remitió a los Ayuntamientos el decreto de solidaridad a favor del referéndum que han firmado ya 712 alcaldes y la cartelería que, según su criterio, debe eliminarse. Otras de las peticiones fiscales son que se cite a ambos querellados y se recaben todas las notificaciones que se les han hecho llegar por orden del TC. También que se acumule la certificación del registro a la AMI y la ACN y las hojas histórico penales de ambos.

Considera que ambos han realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del referéndum. Cita como ejemplo el envío desde la cuenta ami@ami.cat, la noche del 6 de septiembre, minutos después de la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament y la convocatoria del 1-O, dirigida a los alcaldes, en la que les recomendaban confirmar si había cambios en los locales electorales y remitiendo un modelo de decreto para demostrar el apoyo a la consulta.

Además, el 10 de septiembre, una vez el Constitucional había difundido públicamente su decisión de suspender el 1-O y de notificarle personalmente su decisión, Lloveras envió un nuevo correo a los alcaldes remitiendo un informe del SITxCAT (secretarios, interventores y tesoreros de la administración local por la indepèndencia). El día 12, desde la cuenta de la AMI se mandó otro correo sobre el inicio de la campaña electoral por el referéndum incluyendo dos carteles para fomentar la participación.

"Con estas conductas, los querellados, como responsables públicos municipales y como máximos responsables de sus asociaciones, han puesto de manifiesto su total desprecio a los pronunciamientos del TC". El escrito constata también su "firme e inequívoca" intención de usar las plataformas de AMI y ACM para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes a que promuevan un referéndum inconstitucional. Con estas acciones comprometen con ello "una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".

Querella contra la Sindicatura Electoral

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre.

La querella, presentada en los juzgados de Barcelona, acusa a los miembros de la Sindicatura de un delito de desobediencia y usurpación de funciones, por desoír la orden de suspensión del referéndum acordada por el Tribunal Constitucional (TC)