LAS CC.AA. DEBERÁN CONGELAR EL 90% DE SU GASTO

El bloqueo político aboca a la intervención fiscal del modelo autonómico en España

La ley prohíbe al Gobierno en funciones aprobar un nuevo Presupuesto para 2017, lo que aboca a las autonomías a la práctica intervención fiscal, congelando el 90% de sus gastos

Foto: El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)

La imposibilidad de aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado para 2017 supondrá la congelación de entre un 80 a un 90% de los gastos de las comunidades autónomas, de acuerdo con los datos fiscales que manejan distintos miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los responsables económicos de los Gobiernos regionales han empezado a echar cuentas sobre los efectos de una inexorable prórroga presupuestaria, cuyas consecuencias pueden resultar demoledoras no solo para la agenda fiscal de España y sus compromisos con la Unión Europea sino también y principalmente en las expectativas de servicio público y social de los distintos responsables territoriales y autonómicos.

Las acusaciones de chantaje político contra el actual Gobierno en funciones se han convertido en el arma arrojadiza con la que el PSOE intenta trasladar al Partido Popular la carga de la prueba derivada del desastre económico que producirá en España la convocatoria de unas terceras elecciones. Mariano Rajoy ha situado a Pedro Sánchez como responsable en primera persona del bloqueo político que sufre el país y los socialistas tratan ahora de devolver el golpe culpando al Ministerio de Hacienda de los 'males del infierno' que implicará la necesidad de gestionar las cuentas públicas en 2017 con el socorrido recurso de una prórroga presupuestaria.

Mariano Rajoy, en la bancada popular, mientras Pedro Sánchez se dirige a la tribuna del Congreso. (EFE)
Mariano Rajoy, en la bancada popular, mientras Pedro Sánchez se dirige a la tribuna del Congreso. (EFE)

Desde el grupo parlamentario del PSOE se insiste en la disponibilidad legal del Gobierno en funciones para aprobar el techo de gasto como piedra angular para que las comunidades autónomas puedan, acto seguido, desarrollar sus respectivos presupuestos. Por desgracia, la realidad contraviene la retórica política porque el techo de gasto en sí mismo no es más que una pieza del ciclo presupuestario que el Estado suele poner en marcha todos los años en el mes de julio y que en este ejercicio ha quedado paralizado por la propia normativa que establece las atribuciones y también las prohibiciones expresas que ha de contemplar un Gobierno en funciones.

La Ley del Gobierno aprobada en 1997 desarrolla el artículo 101 de la Constitución que regula el tránsito de un Ejecutivo a otro. Esta es la situación en la que se encuentra España desde el pasado mes de diciembre, provocando una excepcionalidad que condiciona la capacidad tanto del presidente del Gobierno como del Consejo de Ministros para tomar decisiones políticas. El artículo 21 de la citada disposición limita la actuación a lo que se define como “el despacho ordinario de los asuntos públicos” con las únicas excepciones que se deriven de “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.

La ley prohíbe de manera expresa desde 1997 la aprobación de un proyecto de Presupuestos del Estado por parte de un Gobierno en funciones

A partir de esta vía los más posibilistas podrían pensar que Rajoy y sus ministros tienen capacidad de sobra para apelar a una situación de emergencia y abrir la mano. Craso error, porque el apartado cinco del mismo artículo 21 precisa que “el Gobierno en funciones no podrá ejercer facultades para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado”. En definitiva, y como en la entrada en el infierno que canta Dante en su 'Divina comedia', los barones territoriales deberían ir abandonando toda esperanza de recomponer sus cuentas si no hay Gobierno antes del 15 de octubre.

La necesidad de recurrir a una prórroga presupuestaria o, por decirlo de otra forma, la incapacidad legal para aprobar una nueva Ley de Presupuestos de cara a 2017 impide establecer los objetivos de estabilidad económica y financiera de cada una de las Administraciones Públicas, incluidas las autonomías. Además tampoco permite fijar el límite de endeudamiento de las propias comunidades autónomas. En este caso, el techo de gasto es lo de menos porque no se debe olvidar que los presupuestos de los gobiernos regionales provienen en cuatro quintas partes de los ingresos del Estado. Lo que está en juego, ni más ni menos, es el reparto entre las autonomías del margen del 3,1% de déficit público para el año próximo impuesto por Bruselas y esta es una operación que la ley tiene terminantemente prohibida a un Gobierno en funciones.

La estratagema de recurrir a decretos leyes para liberar determinadas partidas de gasto es una tentación que empieza a cundir en las reclamaciones esbozadas por determinados dirigentes autonómicos. La situación de urgencia o interés general podría justificarse en este supuesto a partir de los consabidos dictámenes legales, pero eso sería lo mismo que hacerse trampas en el solitario, pervirtiendo el espíritu de la ley que marca la hoja de ruta en un proceso de tránsito electoral. La aprobación de medidas puntuales tendría un claro carácter arbitrario y provocaría de manera automática acusaciones de déficit democrático procedentes de aquellos gobiernos regionales que no se vieran favorecidos por la varita mágica de un Gobierno en funciones convertido en hada madrina.

Las autonomías incumplirán el déficit, por lo que tendrán que financiarse exclusivamente con el FLA y no podrán endeudarse sin autorización de Hacienda

La prórroga presupuestaria actúa como una espada de Damocles que caerá por su propio peso a menos que el Gobierno pueda asegurar la eficacia de sus actuaciones ante la Comisión Europea. La fecha límite es el 15 de octubre, cuando todos los Estados miembros tienen que presentar ante las autoridades comunitarias sus planes presupuestarios. Si llegado el fatídico día no hay acuerdo parlamentario de investidura, Rajoy y los responsables económicos en funciones bajarán la cerviz en Bruselas expresando la imposibilidad de cumplir la senda fiscal, lo que reactivará el procedimiento por déficit excesivo con la consiguiente multa contra el Reino de España.

Será entonces cuando exista una acreditación sobradamente fundada para invocar una situación de urgencia o de interés general. En definitiva, el bloqueo político induce a una cruel paradoja que puede resumirse lisa y llanamente en el hecho de que es preciso que ocurra un grave accidente para abordar la puesta en marcha de un paso a nivel. Entretanto, durante todo el ejercicio de 2017 las comunidades deberán prepararse para funcionar en la indigencia de unas cuentas públicas que abocan a una pérdida de independencia económica y financiera porque el Gobierno en funciones tampoco tiene capacidad para aumentar y corregir los márgenes de déficit autonómico previstos en los Presupuestos de este año.

El conjunto de las autonomías estará obligado a apretarse el cinturón hasta el 0,3% de déficit que fue acordado para 2016 y que, en un principio, iba a ser ampliado hasta el 0,7% de cara al próximo año. En la práctica, este listón dará lugar a un incumplimiento generalizado de los objetivos de estabilidad y los gobiernos regionales entrarán en lo que se conoce como ‘la zona de aplicación’ de la Ley Presupuestaria. A saber; los barones territoriales y sus consejeros económicos estarán incapacitados para acudir a cualquier mecanismo de financiación que no sea el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) manejado por el Gobierno central. Las autonomías tendrán que abordar además programas económicos y financieros de reequilibrio fiscal, no podrán endeudarse sin autorización expresa de Hacienda y cualquier convenio que pretendan suscribir con el Estado deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros.

En otras palabras, la intervención fiscal de las autonomías empieza a tomar cuerpo a medida que transcurren los días sin Gobierno y sin Presupuesto del Estado. No es extraño que los barones del PSOE se hagan cruces después del reiterado ‘no’ de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy. El presidente en funciones aseguró ante su rival político que había entendido perfectamente el mensaje de rechazo. La clave ahora reside en conocer qué parte del ‘no’ rotundo a un nuevo Presupuesto del Estado van a ser capaces de entender y cómo lo van a asumir los responsables políticos que gobiernan los distintos territorios de España.

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