efectos de la prórroga presupuestaria

Rajoy asume la congelación de salarios y pensiones si no es investido en agosto

El fracaso de la investidura en agosto obligará a prorrogar los Presupuestos del Estado, con consecuencias que pueden ser nefastas para la recuperación económica de España

Foto: El presidente del Gobierno, junto a la cúpula económica y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. (EFE)
El presidente del Gobierno, junto a la cúpula económica y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. (EFE)

El Gobierno en funciones tiene muy claro que la hoja de ruta económica a seguir por España en los próximos años será un calvario si Mariano Rajoy no resulta investido en agosto. La falta de apoyos políticos en el Congreso de los Diputados impedirá cumplir el precepto de la Constitución para aprobar los Presupuestos del Estado en la fecha estipulada del 23 de septiembre, lo que provocará una percepción de ingobernabilidad e impedirá cumplir con garantías la senda fiscal que va a establecer la Comisión Europea a nuestro país.

La Ley de Presupuestos es la más importante que cada año presenta el Gobierno a las Cortes, pero en este caso supone también el kilómetro cero para culminar el proceso de recuperación económica. De ahí las gestiones que a este respecto están llevando a cabo los emisarios del presidente en funciones con los distintos grupos de la oposición y los dirigentes autonómicos. Los responsables de la política económica quieren que sus interlocutores sean conscientes de las nefastas consecuencias que pueden derivarse y que suponen, entre otras, la imposibilidad de actualizar las pensiones y los salarios de los funcionarios.

La eventual prórroga presupuestaria obligaría a congelar el gasto, impidiendo que los distintos organismos periféricos de la Administración del Estado, esto es, las comunidades autónomas (CCAA) y las corporaciones locales, puedan abordar el desarrollo de sus propios presupuestos para 2017. Esta situación tiene una significación especial en un momento de recuperación económica que facilita la disposición de nuevos ingresos a la hora de establecer las prioridades de cada centro de gasto. Dicho de otro modo, los gobiernos regionales y los ayuntamientos perderán una ocasión inmejorable para ejercitar la soberanía fiscal que vienen reclamando.

La eventual prórroga presupuestaria obligaría a congelar el gasto, impidiendo que los organismos periféricos puedan abordar sus propios presupuestos

Las repercusiones serían más graves para las CCAA, dado que el Estado no tendría posibilidad legal para elevar el listón de déficit al 0,7% durante este año 2016. El límite del 0,3% fijado en los Presupuestos de este ejercicio caería a plomo sobre las expectativas de las autonomías, restringiendo de manera decisiva sus actuaciones económicas a lo largo de 2017, con independencia del crecimiento económico, previsto en el 2,4% para el próximo ejercicio.

El segundo efecto perverso afecta al papel de España como Estado miembro de la Unión Europea. El Gobierno se vería incapacitado para comprometer cualquier objetivo de política fiscal con Bruselas, lo que dañaría la reputación en los mercados internacionales y repercutiría muy gravemente en la confianza de los inversores. El Gobierno sabe que la senda de consolidación fiscal está todavía por escribir, pero la partitura puede ser muy diferente si España asume la iniciativa del ajuste o si es la Comisión Europea la que marca la pauta desde una posición de falta de credibilidad política en el futuro Ejecutivo.

Acuerdo sobre el techo de gasto

La posibilidad de que Rajoy pueda formar Gobierno en una segunda investidura a partir de septiembre no supone ninguna solución desde el punto de vista presupuestario, dada la imposibilidad de cumplir el calendario legal. Los próximos Presupuestos del Estado para 2017 tienen que ser remitidos al Parlamento antes del 1 de octubre, y antes de esa fecha es indispensable disponer de un acuerdo sobre el techo de gasto. El escenario que se plantea es similar al de 2011, cuando el último Gobierno socialista de Zapatero convocó las elecciones para el 20 de noviembre.

Vista del Congreso de los Diputados. (EFE)
Vista del Congreso de los Diputados. (EFE)

Hace cinco años, el entonces Gobierno del PP recién llegado al poder resolvió la papeleta mediante la aprobación de una Ley de Presupuestos una vez avanzado el ejercicio de 2012, y después de las elecciones autonómicas de marzo. Ahora el problema es más grave, dada la incertidumbre política que padece España y la incapacidad manifiesta y prolongada para formar un Gobierno realmente operativo en nuestro país. Todo ello aumenta el grado de susceptibilidad sobre las expectativas del país en un momento decisivo para la salida definitiva de la crisis.

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