La huelga en la Liga F se antoja inevitable: el fútbol femenino no sale de una y se mete en otra

En otro ejemplo más de lo convulso que sigue estando el fútbol femenino español, incluso después de haberse colgado la primera estrella en el pecho, la convocatoria de huelga en la Liga F comunicada el pasado viernes por los cinco sindicatos que forman parte de la mesa negociadora del convenio colectivo se produjo antes de la reunión de este lunes, en la que, como era de esperar, no hubo ningún avance. En realidad, dicha convocatoria, de la que, por cierto, las futbolistas se enteraron por la prensa y habría que ver hasta qué punto les parece bien no empezar la competición, se debió a una cuestión meramente formal, ya que, de haberla demorado, legalmente no hubiera dado tiempo a parar las dos primeras jornadas.

Sin embargo, también fue toda una declaración de intenciones por parte de los sindicatos, quizá queriendo aprovechar el momento de euforia que vive el fútbol femenino español tras ganar la Copa del Mundo, solo empañado por el inapropiado comportamiento del suspendido —por la FIFA, no por el Gobierno— presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien precisamente tantos palos puso en las ruedas de su profesionalización. Sin ir más lejos, la temporada pasada las árbitras ya hicieron un parón —que no huelga— en el estreno de la liga profesional, con el apoyo del Comité Técnico de Árbitros (CTA), es decir, de su propia patronal, así como la complicidad del Consejo Superior de Deportes (CSD), entonces todavía pro-Rubiales.

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Después de que la presidenta del sindicato Futpro, Amanda Gutiérrez, se descolgara con la petición de que el salario mínimo en la Liga F fuera de 50.000 euros, la última propuesta de la parte sindical fue de 20.000 para la temporada pasada, 25.000 euros para la que está a punto de empezar y 30.000 para la siguiente, todas con el 100% de la parcialidad, además de otros temas no menos importantes como la antigüedad, el fondo de garantías, la maternidad, los derechos de formación o los protocolos de abusos. Además del mencionado Futpro, los otros sindicatos que han llamado a la huelga son la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), UGT, CCOO y Futbolistas ON, cuyo presidente, Juan José Martínez, cabe recordar que acudió a la polémica asamblea de la RFEF en la que su —de nuevo— amigo Rubiales dijo lo que dijo e incomprensiblemente contó con sus aplausos.

Aunque fuera de palabra, en una de las últimas reuniones la patronal ofreció subir el salario mínimo a 16.500, 17.500 y 19.000 euros para la temporada pasada, la presente y la próxima, respectivamente. Sin embargo, y de nuevo por las intromisiones federativas y la mencionada complacencia de un CSD que instó a los responsables de la Liga F a destinar un 20% de los ingresos comerciales a la RFEF, la institución que preside Beatriz Álvarez Mesa retiró su oferta. "Lo que se expuso a los sindicatos es que, con estas decisiones, la sostenibilidad del proyecto corría grave peligro y que era el momento de unirnos para sacarlo adelante", explicó la asturiana a este diario. Lo hizo en respuesta a la presidenta de Futpro —entonces aún pro-Rubiales— quien dijo que "las futbolistas no irán a la huelga contra el Gobierno".

Última reunión para evitar la huelga

Así las cosas, este martes, todas las partes, es decir, los cinco sindicatos y la patronal que representa a los clubes, estaban convocadas a una reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, más conocido como SIMA, y todo apuntaba a que no será más que un acto previo a comunicar tanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social como a la propia Liga F la convocatoria de huelga para las dos primeras jornadas de la competición que empieza este viernes.

Sin embargo, después de varias horas de reunión, las partes se emplazaron a este miércoles para seguir negociando y de este modo evitar la huelga. La patronal ofreció 18.000 euros y llegar hasta los 25.000 en tres temporadas. Sobra decir que esto no hace ningún bien al fútbol femenino español, metido en un espiral de polémicas que crean rechazo entre los aficionados. Si no en los que lo siguen desde hace años y entienden mejor la problemática, sí en los que podrían engancharse y hacerlo crecer.

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Como informábamos hace unos días en relación con la negativa de cuatro internacionales españolas a viajar a la gira de México con el Real Madrid, los clubes han visto cómo en la primera temporada que el fútbol femenino es profesional, los costes federativos, entre los que se incluyen los arbitrajes, los derechos de inscripción y las sanciones, pasaron de 341.899 euros en la temporada 2019-2020 a 4.444.302 en la pasada. Es decir, que el 75% de los ingresos que ha sido capaz de generar la Liga F ha acabado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde toda la estructura del fútbol femenino ha terminado de saltar por los aires paradójicamente tras vivir el momento más importante de su historia.

Lo mismo puede pasar en la liga profesional, con dos jornadas de huelga que no se sabe muy bien para qué pueden servir, pues de donde no hay, difícilmente se puede sacar, y, lo más grave de todo, sin el conocimiento de las futbolistas. Aunque, quién sabe, igual el CSD, que preside en funciones Víctor Francos, encuentra una solución como hizo en el caso de las árbitras su antecesor, José Manuel Franco, y el Gobierno sigue dopando financieramente al fútbol femenino y, de paso, intenta tapar su calamitosa gestión del caso Rubiales.