El Parlamento interviene por el derroche en RTVE mientras Montoro demora su rescate

Aumenta la presión económica sobre RTVE, que camina por el alambre de la quiebra técnica. Al punto que Congreso y Senado se sumaron ayer al aquelarre, tras hacer pública una resolución en la que “constatan las numerosas deficiencias en la gestión de la Corporación” y piden a los responsables de la cadena pública una veintena de reformas para poner freno al derroche y estabilizar los balances de la sociedad. Todo mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece pensarse con calma si libera la inyección de fondos que la sociedad necesita para aliviar sus cuentas y no entrar de lleno en causa de disolución. Todo un tour de force para las huestes de Leopoldo González-Echenique.

El documento hecho público ayer fue rubricado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, después de entrar a valorar un informe del órgano fiscalizador que allá por el mes de febrero ponía patas arriba la Corporación. Hoteles de lujo a presentadores, pagos de más a directivos, taxis y comidas a gogó en los reinos de taifas de las corresponsalías… Críticas todas que asume sin ambages el Parlamento, que insta, por ejemplo, a “actualizar y unificar la normativa interna que regula el funcionamiento y la gestión de las corresponsalías en el extranjero y efectuar un control adecuado sobre la justificación de gastos de las mismas”.

Es sólo una de las recomendaciones. También se exige que únicamente se contrate fuera si no hay recursos propios, se cumpla el límite máximo de la plantilla, se evite el abono de gastos no contemplados en contratos suscritos con presentadores y comentaristas, se subsane la actualización de las retribuciones de los directivos por encima de lo que corresponde pese a las cuantiosas pérdidas, se mejore la gestión de las dietas, etc. Toda una revolución. El informe del Tribunal de Cuentas, que supervisó las cuentas correspondientes a los años 2010 y 2011, constaba de 109 páginas plagadas de reprobaciones a la gestión de esos años, en su mayor parte responsabilidad de Alberto Oliart.

Tampoco el Gobierno se libra del varapalo de diputados y senadores, que le instan a “promover una modificación de la normativa que regula la financiación de la Corporación RTVE, con objeto de que incentive la obtención de los ingresos comerciales autorizados en la legislación vigente”. Una advertencia que no puede llegar más a tiempo. No en vano, altos ejecutivos de la casa daban la semana pasada por hecho que el Gobierno ultimaba la operación rescate de la televisión pública. Incluso los sindicatos, que se reunían el miércoles con el presidente, esperaban que este pudiera comunicarles detalles sobre el procedimiento. Hasta se hablaba de más margen de maniobra publicitario para la cadena.

Fondos sin liberar

Al final, sin embargo, nada de nada. Al punto de que las cañas se tornaban lanzas hacia finales de semana, cuando fuentes próximas a Hacienda admitían que Cristóbal Montoro no había todavía liberado los fondos. En consecuencia, el Consejo de Ministros del viernes no abordó el asunto, y alarga al menos una semana la angustia de Echenique. Según fuentes internas de la compañía, las fórmulas sobre la mesa para sustanciar el rescate son variadas. Desde un crédito puntual para cubrir las pérdidas del ejercicio a una modificación legal para estabilizar los ingresos de la Corporación, o incluso ambas.

El origen de la solución data de primeros de abril y de una reunión mantenida en Alcalá 9, la sede del Ministerio, entre Montoro, Echenique y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Fuentes conocedoras de ese encuentro explican que el dueño de la caja se mostró dispuesto a arrimar el hombro para sanear las cuentas de la Corporación y estabilizar su modelo de financiación. Sin embargo, también dejó claro que, a cambio, los gestores de la casa debían apretarse el cinturón. Una hoja de ruta difícil para el primer ejecutivo de la sociedad, que pactó con los sindicatos no tocar el empleo hasta finales de 2015. Y la masa salarial supone un 40% del presupuesto de la sociedad.

Los números obligan a medidas de urgencia, en tanto la Corporación bordea la causa de disolución, si es que no está en ella. A 31 de diciembre de 2012, la firma contaba con un capital social de 1.510 millones de euros y un patrimonio neto de 934. Las pérdidas de 113 millones en el pasado ejercicio lo dejan en el umbral de los 800 y de la línea roja de los 755 millones, que constituye la mitad del capital social, la quiebra y la necesidad de reducir o inyectar capital. La compañía se salva de milagro en 2013, al beneficiarse de un indulto contable que le permite no imputar para ese fin 380 millones de deterioro de sus inmuebles. De no tomarse medidas, ese límite se rebasará en 2014 y supondrá el cese del Consejo de Administración y la salida del presidente. Para inquietarse.