este martes concluyó la comisión en la asamblea

Aguirre y González gastaron 1,2 millones en abogados para liquidar Campus de la Justicia

El vicepresidente del Real Madrid se llevó 252.000 euros en apenas un año. PSOE, Podemos y Ciudadanos anuncian que llevarán a la Fiscalía las irregularidades detectadas
Foto: El Instituto de Medicina Legal, el único construido en Campus de la Justicia
El Instituto de Medicina Legal, el único construido en Campus de la Justicia

Los Gobiernos regionales del PP se gastaron entre los años 2009 y 2015, bajo los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, casi 1,3 millones de euros en asesorías jurídicas relacionadas con el Campus de la Justicia, el fallido proyecto que intentó reubicar en un solo complejo los 356 órganos judiciales madrileños dispersos en varias sedes. La idea, que se materializó oficialmente en diciembre de 2004 con la constitución de la empresa 100% pública Campus de la Justicia SA, fue desechada cinco años después en 2009 por culpa de la crisis. En el verano de 2011 se decidió su liquidación, aunque la sociedad, ya sin trabajadores ni actividad, siguió operativa hasta febrero de 2015 después de que también fracasara el intento de revitalizar un proyecto parecido bautizado como Ciudad de la Justicia.

Los 1,3 millones en abogados en los ejercicios de liquidación del Campus se suman a las decenas de millones que han supuesto para las arcas públicas un proyecto que se ideó faraónico y que hoy solo se personifica en un triste inmueble abandonado de 8.700 metros cuadrados y siete plantas en un páramo de 250.000 metros cuadrados en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde solo hay conejos, mosquitos, muchos hierbajos y un sinfín de glorietas para poder llegar. La Asamblea de Madrid decidió este martes poner punto y final a la comisión de estudio que durante meses ha analizado las cuentas del Campus.

La oposición al completo, PSOE, Ciudadanos y Podemos, se ha comprometido a poner en común "un relato único con las aportaciones de cada grupo" para llevar a la Fiscalía las irregularidades detectadas. Todos hablan de serios indicios de delito. "El tiempo de las comisiones ha finalizado. Nosotros solo podemos exigir responsabilidades políticas. Es el momento de otro tipo de responsabilidades", señala la diputada del PSOE Mercedes Gallizo, que asegura que su grupo presentará en solitario un escrito a la Fiscalía si finalmente el texto común con el resto de partidos no prospera. 

Ignacio González y Esperanza Aguirre
Ignacio González y Esperanza Aguirre

¿Cuánto ha costado Campus de la Justicia? No hay una cifra exacta. Mínimo 100 millones de euros, aunque el desembolso puede superar los 140 millones. Un despilfarro excesivo teniendo en cuenta que de los 14 edificios previstos, solo se ha construido el Instituto de Medicina Legal, cuyo coste fue de 21,4 millones de euros. Sin uso, la Comunidad paga actualmente 143.000 euros al año por su servicio de seguridad. A día de hoy, la oposición sigue recopilando datos, "a pesar de las trabas del Gobierno regional, que no ha dado facilidades", resumen los tres grupos.

"Los contratos a despachos de abogados no salían a concurso público, al menos no hemos encontrado la convocatoria de los mismos. Se atribuían a quienes elegían los responsables de la sociedad. La multiplicidad de contrataciones a abogados y asesorías tenía que ver con la incapacidad de los gestores de la empresa para resolver cualquier cuestión", explica Mercedes Gallizo. Hay al menos siete despachos.

El bufete de Eduardo Fernández de Blas, mano derecha de Florentino Pérez en el Real Madrid, facturó al menos 252.000 euros a Campus de la Justicia entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. Según la información recopilada por la oposición, en algunos conceptos de las facturas pagadas a Fernández de Blas figura "la presentación de las cuentas anuales en el registro mercantil". Javier Rodríguez Hernández, apoderado de Campus entre octubre de 2011 y febrero de 2013, aseguró en cambio en la Asamblea que nadie quiso presentar las cuentas anuales una vez que se abandonó el proyecto. Las de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 se presentaron en el registro en septiembre de 2014 (la ley obliga a presentarlas al año siguiente). Las de 2014 se presentaron en febrero de 2015. El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, aseguró que remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que las cuentas de la entidad no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido, lo que hacía imposible su fiscalización.

Una de las cámaras frigoríficas en el abandonado Instituto de Medicina Legal
Una de las cámaras frigoríficas en el abandonado Instituto de Medicina Legal

Fernández de Blas subcontrató a su vez a la empresa Save Venice, propiedad de Ricardo Fernández Gil, ex marido de Elena González-Moñux, actual diputada autonómica del PP y viceconsejera de Justicia entre 2011 y 2015. El PSOE también ha encontrado varias facturas con otro bufete, Fernández y Toth, entre diciembre de 2013 y febrero de 2015 por valor de 549.387 euros. "No hemos encontrado contrato con este abogado. Considerando que utiliza un contrato corporativo de Fernández de Blas, podría suponer que forma parte del contrato con este último", explica Gallizo.

"Servicios prestados"

Luego están los trabajos de KPMG por "servicios prestados": otros 374.341 euros sin contar lo cobrado por las auditorías externas que hacía de las cuentas de Campus. Hay facturas de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015. El que fuera liquidador de la empresa pública, Miguel Ángel Fernández, señaló en la Asamblea que el periodo de liquidación del ente público se llevó a cabo entre el 31 de julio de 2014 y el 5 de febrero de 2015, tras más de dos años sin actividad. Aseguró que desde 2012 Campus de la Justicia no contaba con plantilla y que solo se acometían gastos básico de agua y luz, además de auditores, gestoría y notaría. Otros trabajos jurídicos, menores, se contrataron con Auxadi Contables (75.892 euros), Urbanismo y Vivienda Asesores (28.710 euros), Félix García de Castro (15.150 euros) y Sagardoy (8.700 euros). 

El PP, por su parte, cree que la gestión del Campus de la Justicia no debe acabar en los tribunales y ha propuesto que pase a la comisión de investigación de la corrupción, donde las personas llamadas a comparecer tienen la obligación de hacerlo. El PP quiere que Isabelino Baños Fernández, director técnico de Campus entre enero de 2005 y enero de 2009, hable en la Asamblea. Con Baños al frente de la dirección técnica, Campus comprometió 229 millones en proyectos técnicos.

Ya sea por separado, o en grupo, el escrito que se pretende elevar a la Fiscalía relatará la mayoría de los gastos que ha conllevado este proyecto fallido. Palabras como malversación, despilfarro y administración desleal han estado presentes durante los meses de comisión. Por ejemplo, Campus alquiló una oficina de 700 metros cuadrados para ubicar a sus empleados (hubo hasta una veintena, casi todos directivos) en la calle Ribera del Loira 4-6, junto al Ifema. Campus estuvo allí entre febrero de 2005 y noviembre de 2008 por 21.000 euros al mes. Fueron tres años y nueve meses, lo que supone un gasto de 947.000 euros, a pesar de que quedó demostrado durante la comisión que el Gobierno regional tenía edificios vacíos para ubicar a los trabajadores, que en los años de bonanza fueron diez como mucho.

Viajes, exposiciones, vídeos, consultorías....

En la comisión también se informó que 2005 y 2012 la empresa Campus de la Justicia pagó 2,76 millones de euros en nóminas a los empleados. "Todo para colocar a dedo a familiares, amigos y recomendados", denunció entonces el PSOE. Ni hubo plan de financiación ni control del gasto. Campus se gastó 4,8 millones de euros en fastos, que incluyeron exposiciones, premios, ferias, 72 viajes al extranjero, material de 'merchandising' e incluso libros... así hasta 30 actividades. De esa cuantía, 1,11 millones de euros se 'invirtieron' en conceptos publicitarios, la mayoría de ese dinero, un millón de euros, para promocionar una exposición de arte que estuvo en cartel siete semanas.

Sin olvidar el vídeo promocional que se hizo para la colocación de la primera piedra del complejo, el 31 de enero de 2007: otros 902.000 euros que estaban incluidos en la adjudicación de las obras de urbanización que se llevó la constructora Begar (una de las empresas que más aparece en el sumario de la Gürtel por el pago de comisiones). El vídeo lo hizo Telson, filial de la firma audiovisual Tres60, que estuvo presidida por Anna Birulés, exministra del PP. 

Esperanza Aguirre firmando el contrato con Norman Foster
Esperanza Aguirre firmando el contrato con Norman Foster

Entre 2008 y 2011, Campus pagó a la consultora Bovis otros 3,98 millones de euros por la gerencia y seguimiento del proyecto, ya que los directivos que estaban en nómina del ente público no hacían esa labor. Aunque las mayores partidas se han ido en pagar a constructoras que habían suscrito contratos para acometer obras que finalmente no se han realizado: otros 27,3 millones de euros, que suman conceptos tan variopintos como indemnizaciones a proveedores, rescisiones de contratos, intereses y pago de lucro cesante. El arquitecto Norman Foster también se llevó 10,6 millones por proyectar dos edificios judiciales: las sedes de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El monto total del fallido proyecto, sea cual sea al final, puede verse incrementado si prosperan ciertos litigios judiciales en vigor. El titular del juzgado de instrucción número 54 de la capital ha ordenado una "prueba pericial contable" que examine si Campus de la Justicia falsificó sus cuentas entre 2005 y 2014 tras la querella que presentaron dos arquitectos que ganaron el concurso para edificar el Registro Civil y los juzgados de lo Penal. Los dos arquitectos, Ángel Borrego Cubero y Rafael de la Hoz, acusan al administrador que liquidó la sociedad, Miguel Ángel Fernández Calvo, de falsedad documental y delito societario. Borrego reclama 501.000 euros por trabajos realizados y no cobrados.

Madrid

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