"Nadie quiso firmar las cuentas del Campus de la Justicia de 2010 y en adelante"
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según el ex apoderado de la empresa pública

"Nadie quiso firmar las cuentas del Campus de la Justicia de 2010 y en adelante"

El exapoderado del Campus de la Justicia reconoce que ningún político quiso firmas los últimos balances de este fallido proyecto y que incluso le propusieron irregularidades

placeholder Foto: El estado actual de La Ciudad de la Justicia de Madrid.
El estado actual de La Ciudad de la Justicia de Madrid.

“El Campus de la Justicia quedó atrapado. No había liderazgo, ni compromiso. Nadie quería saber nada del Campus. Me cansé de golpear los nudillos en las puertas para que se aprobaran las cuentas del año 2010 y en adelante y se presentaran en el registro mercantil”. Javier Rodríguez Hernández, apoderado de esta empresa pública entre octubre de 2011 y febrero de 2013, se ha mostrado muy crítico con la gestión política que se hizo del Campus de la Justicia en los últimos años previos a la liquidación de esta sociedad.

Sus acusaciones durante la comisión de endeudamiento fueron muy graves: aunque no dio nombres dejó claro que los dos últimos consejeros de Justicia, Regina Plañiol y Salvador Victoria, no quisieron firmar las cuentas de los últimos ejercicios de la empresa. "Esto es una irregularidad. Nadie quería saber nada. No querían firmar las cuentas anuales para que se llevasen al Consejo de Gobierno y luego a la Cámara de Cuentas, paso previo para la disolución del Campus. Incluso el consejero [sin citar quien] me dijo que como había mucho ruido mediático alrededor del Campus había que reformular las cuentas. Pero si eso no se puede hacer, le dije". Rodríguez, funcionario, ingeniero de caminos, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, ha asegurado que su actitud crítica provocó que el PP le destituyera y le apartara. "He estado tres años metido en un chiscón".

En sus acusaciones, Rodríguez también señaló que el Campus nunca tuvo "un plan de financiación. Así no es manera de llevar una sociedad de esta envergadura. Hubo muchos gastos en libros, en camisetas, en paraguas, pero no en el verdadero objetivo, levantar edificios judiciales. Si incluso tuve que mandar camisetas del Campus a una ONG porque sobraban".

Antes de las palabras de Rodríguez, compareció en la comisión el consejero de Justicia, Ángel Garrido, que aunque aportó más sombras que luces, sí confirmó que las cuentas de los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013 se presentaron en el registro mercantil en septiembre de 2014. Las cuentas de cada ejercicio se deben presentar al año siguiente. Las cuentas anuales de 2014 se presentaron en febrero de 2015.

El consejero me dijo que como había mucho ruido mediático alrededor del Campus había que reformular las cuentas

El exapoderado matizó que él no tenía potestad para presentar las cuentas, pero sí para pedir que se presentaran. Las de 2010 se formalizaron "fuera de plazo", en septiembre de 2012. Las de resto de años, 2011, 2012 y 2013, en septiembre de 2014. Francisco Granados, imputado dentro del caso Púnica, fue consejero de Justicia hasta junio de 2011, luego era responsabilidad suya haber presentado las cuentas de 2010. Le sustituyó Regina Plañiol, que estuvo en el cargo hasta septiembre de 2012. La sustituyó Salvador Victoria, consejero hasta su dimisión en junio de 2015.

Tres reclamaciones judiciales pendientes

El Campus de la Justicia, rebautizado en 2014 como Ciudad de la Justicia, ha costado a las arcas públicas 105 millones de euros, aunque de los 12 edificios previstos sólo se ha levantado uno, el Instituto de Medicina Legal, que ponerlo en marcha costaría otros cinco millones de euros más. El proyecto está hoy paralizado porque hay tres reclamaciones judiciales pendientes de resolverse, aunque sólo una de ellas ha tenido capacidad jurídica para paralizar este proyecto: la demanda que puso la empresa Isolux-Corviam por pagos pendientes. Hay otros dos arquitectos que también reclaman dinero.

El consejero dejó muchas dudas en su intervención y reconoció que hay documentación que se ha perdido: “si algo se ha perdido se ha perdido ya”. Como ha publicado El Confidencial, la consejería de Justicia tiene desde julio a un equipo de diez funcionarios recopilando toda la documentación relativa a este faraónico proyecto, gestionado por una empresa que ha tenido diez años de vida (diciembre de 2004-febrero de 2015).

La oposición no ha quedado satisfecha por las respuestas del consejero y ha formulado 217 peticiones de información para conocer pormenorizadamente las cuentas de este proyecto. “¿Cuánto dinero ha costado este proyecto, cuánto se debe, cuánto has costado los modificados de las obras, cuánto costó el contrato del arquitecto Norman Foster, están todas las facturas?” se preguntó la diputada socialista Mercedes Gallizo. “Está claro que aquí se ha malgastado dinero público en merchandasing pero no en edificios culturales. Vamos a llamar a declarar a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Salvador Victoria y a Alfredo Prada”, señaló César Zafra, portavoz de Ciudadanos.

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