comisión de deuda de la asamblea

La oficina del Campus de la Justicia: 21.000 euros al mes a pesar de tener edificios vacíos

El fallido proyecto de Esperanza Aguirre estuvo en una sede alquilada tres años y nueve meses. Un directivo canceló el contrato porque era "un dineral" y la comunidad tenía oficinas a las que ir

Foto: El Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia
El Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia

Cuando hubo que ahorrar, fue de lo primero que se eliminó: el alquiler de la sede. ¿Por qué pagar cuando la Comunidad de Madrid tenía edificios vacíos? Miguel Jiménez de Córdoba, consejero delegado y director general del Campus de la Justicia entre julio de 2008 y mayo de 2010, se presentó el martes en la Asamblea de Madrid como el capitán que dirigió la nave cuando esta se hundía, el gestor que tuvo que pilotar un proyecto cuando las cuentas no cuadraban. "Yo impuse la economía de guerra, la austeridad", explicó en la comisión de endeudamiento que audita el fallido proyecto de Esperanza Aguirre de reubicar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid en un solo complejo: el Campus de la Justicia, que luego se rebautizó como Ciudad de la Justicia, y que Cristina Cifuentes, actual presidenta regional, decidió enterrar definitivamente este mismo martes.

Jiménez de Córdoba señaló que el Campus de la Justicia, empresa pública que se creó en enero de 2005, no tuvo oficinas propias, sino que las alquiló a una empresa, y que cuando hubo que empezar a eliminar gastos decidió que los pocos trabajadores que entonces tenía el Campus se trasladaran a un edificio propiedad de la Comunidad de Madrid, una mudanza que solo supuso los "900 euros que costó notificar en el BOE el cambio de sede social". El exconsejero delegado del Campus incluyó este alquiler entre los dispendios del proyecto, un alquiler del que se tuvo que prescindir "cuando las cuentas no salían". De Córdoba no quiso dar muchos detalles sobre el contrato de alquiler, solo que tenía unas condiciones muy duras.

“Era una superficie importante por la que se pagaba un dineral“, señaló Jiménez de Córdoba

"Era una superficie importante, por la que se pagaba un dineral. Ignoro quién era el propietario. Solo pregunté si la comunidad tenía un edificio vacío, y me dijeron uno de la calle Miguel Ángel. Y me anticipé y me lo pedí antes de que me lo quitaran. Y entonces negocié con el dueño de Ribera del Loira nuestra marcha, pero el contrato era duro, establecía que Campus aunque se fuera de allí debía pagar todo el periodo de alquiler, a menos que otra empresa viniera a ocupar nuestro lugar, y con mis gestiones conseguí traer otro inquilino, y aun así nos costó pagar un mes más de alquiler", señaló De Córdoba.

Entre febrero de 2005 y noviembre de 2008

La oficina del Campus de la Justicia estuvo ubicada en el edificio Iris, situado en la calle Ribera del Loira 4-6, junto al Ifema. Campus estuvo allí entre febrero de 2005 y noviembre de 2008, según ha informado el arrendador, Seguros Santa Lucía, a El Confidencial. Según ha podido saber este diario de un exdirectivo del Campus, la comunidad pagó durante ese tiempo 21.000 euros al mes "por 700 metros cuadrados de oficina". Fueron tres años y nueve meses, lo que supone un gasto de 947.000 euros, a pesar de que quedó demostrado que la comunidad tenía edificios vacíos para ubicar una oficina que en los años de bonanza solo tuvo 19 trabajadores, y en su peor etapa solo empleó a seis personas.

Santa Lucía se había hecho con el edificio Iris a principios de 2004, cuando lo compró al propietario, la empresa Iris Real State, que dependía de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman, entre cuyos dueños está un familiar de Esperanza Aguirre. "Aguirre Newman solo fue el inversor minoritario de este edificio", explica un portavoz de la consultora. 

Miguel Jiménez de Córdoba, exconsejero delegado del Campus de la Justicia. (Asamblea de Madrid)
Miguel Jiménez de Córdoba, exconsejero delegado del Campus de la Justicia. (Asamblea de Madrid)

El Campus de la Justicia supuso una inversión de 130 millones de euros, aunque hoy en los terrenos donde se iba a levantar, un páramo de 250.000 metros cuadrados en el barrio madrileño de Valdebebas, solo se han construido un edificio que no está totalmente terminado, el Instituto de Medicina Legal, y un túnel de 1.300 metros, una especie de galería subterránea que daría servicio a los 15 edificios judiciales que iba a tener el complejo.

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