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El juez investiga 584 millones en obras de OHL por la financiación ilegal del PP
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El juez investiga 584 millones en obras de OHL por la financiación ilegal del PP

El Confidencial accede al listado de 31 contratos que investiga la Audiencia Nacional licitados por la Consejería de Transportes, Metro de Madrid, la empresa Mintra y el IVIMA

Foto: Esperanza Aguirre, inaugurando el tren ligero a Pozuelo en julio de 2007. (EFE)
Esperanza Aguirre, inaugurando el tren ligero a Pozuelo en julio de 2007. (EFE)

Construcción de carreteras, obras de asfaltado, viviendas protegidas, ampliaciones de la red de Metro, remoledación de andenes del suburbano, contratos de limpieza, incluso reparación de ascensores, patios y desperfectos por actos vandálicos. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, rastrea ya la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en los 584 millones en contratos que la empresa OHL del Grupo Villar Mir ganó en adjudicaciones licitadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y otros organismos que dependen de ella, como Metro de Madrid, el Instituto de la Vivienda (IVIMA) y la ya extinta Mintra, la sociedad pública que se encargaba de construir infraestructuras de transportes en la región.

Los 584 millones se distribuyen en 31 contratos adjudicados entre 2004 y 2013 por siete consejeros del PP: Francisco Granados, María Dolores de Cospedal, Elvira Rodríguez, Manuel Lamela, José Ignacio Echeverría, Antonio Beteta y Pablo Cavero, todos a las órdenes de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Aunque bajo el mandatos de los dos primeros, Granados y Cospedal, OHL facturó el 74% del montante total. La pista de la constructora llegó a la mesa del juez después de que el principal imputado en el caso, el empresario David Marjaliza, ayudara a descifrar una siglas que aparecían en la agenda del expolítico Francisco Granados: 'JLM' correspondían a Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL y consejero delegado del Grupo Villar Mir.

Las siglas estarían relacionadas con supuestos pagos que aparecen en una de las agendas de Granados, en las que hay varias cantidades sin estar relacionadas con una fecha en concreto. El pasado 11 de febrero, el juez ordenó registrar varios despachos de López Madrid y el despacho en la sede del PP de quien fuera gerente del partido en Madrid y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez Moliner. Los investigadores buscan ahora conexiones entre las adjudicaciones a OHL, los supuestos pagos que aparecen en la agenda y la presunta financiación irregular del PP madrileño. El magistrado está convencido de que el caso Púnica destapará varios sistemas de financiación del partido. Los cuatro, Marjaliza, Granados, López Madrid y Gutiérrez, están imputados.

El Confidencial ha tenido acceso a la relación de contratos que la Consejería de Transportes y sociedades públicas dependientes adjudicaron a la constructora del Grupo Villar Mir. Como ya adelantó este diario, entre las obras están el Metro Ligero a Pozuelo de Alarcón y el fallido tren a Navalcarnero. La consejería como tal solo otorgó dos por valor de 25,5 millones de euros: la nueva carretera M-300 en Torres de la Alameda por 12,7 millones de euros (año 2007) y la mejora del firme de la M-503 por 12,7 millones (en 2013).

Metro Ligero y tren

El montante más jugoso fue adjudicado por Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), la empresa pública que durante años se encargó de construir las nuevas infraestructuras de transporte en la comunidad: siete contratos por valor de 415 millones de euros. Una cantidad en la que no está incluida la línea de ferrocarril a Navalcarnero, un proyecto hoy abandonado.

OHL se llevó la prolongación de la Línea 2 a La Elipa por 65,7 millones de euros y un modificado posterior de 6,3 millones. Granados fue el encargado de pilotar la tramitación del concurso desde su despacho en la Consejería de Transportes. Los trabajos concluyeron en 2007 y la infraestructura fue inaugurada por Esperanza Aguirre justo antes de las elecciones autonómicas de ese año. También en ese periodo, OHL logró la adjudicación para ejecutar el tramo 2B de la prolongación de la red de Metro hacia el norte de la comunidad, un proyecto que costó 164 millones de euros y un modificado posterior de 26,1 millones. Granados también fue el encargado de licitar esta obra.

El presunto cabecilla de Púnica también intervino en el último gran contrato que OHL consiguió en ese periodo, aunque María Dolores de Cospedal fue la encargada de formalizar la adjudicación. La secretaria general del PP sustituyó a Granados al frente de la Consejería de Transportes el 20 diciembre de 2004 y, solo un mes después, el 27 de enero de 2005, el BOE anunció que la constructora de López Madrid había conseguido la licitación para construir la línea de Metro Ligero Oeste hasta la localidad de Pozuelo de Alarcón por un importe de 109,1 millones de euros, con un modificado posterior de 44,3 millones. OHL también se quedó con la concesión de la infraestructura durante un periodo de 30 años y logró que Esperanza Aguirre le aumentara el canon para cubrir el déficit que generaba el consorcio por transportar a menos pasajeros de lo que preveía en un principio. OHL acaba de vender la mayoría de su participación en esta concesión.

En octubre de 2007, Mintra concedió a OHL la construcción de una nueva línea de Cercanías entre Navalcarnero y Móstoles. El proyecto contó con una dotación de 362 millones de euros y la construcción de la línea arrancó en 2008. Sin embargo, la constructora paró los trabajos solo dos años después por sus problemas financieros y el replanteamiento de los proyectos urbanísticos de la zona. Como adelantó El Confidencial, OHL reclama ahora a la Comunidad de Madrid que le pague 285 millones por los trabajos que ha realizado, a pesar de que la infraestructura no está terminada.

Pisos, reparaciones y ascensores

El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) es otro de los clientes de OHL. El juez investiga 13 contratos por valor de 32,7 millones. La constructora levantó 112 viviendas protegidas en Torrejón de Ardoz por 8,7 millones de euros y 332 viviendas protegidas en Majadahonda por 23,7 millones. OHL también se llevó cuatro contratos menores por valor de 120.000 euros para reparar portales, cubiertas e incluso patios de varias promociones del IVIMA en Madrid y Arganda del Rey. Y un contrato por valor de 29.868 euros para reparar los desperfectos causados por actos vandálicos en una urbanización del IVIMA en Leganés. Todas estas adjudicaciones de produjeron entre 2005 y 2008.

El IVIMA le otorgó otros cuatro contratos menores que suman 85.000 euros para reparar ascensores en cuatro promociones públicas. En otra de las piezas del caso, Eloy Velasco investiga a otra empresa pública de la comunidad, Arpegio, por la venta de suelo para la construcción de pisos protegidos a cooperativas vinculadas a David Marjaliza.

Por último, las licitaciones de Metro de Madrid supusieron otros 110 millones de ingresos para OHL: renovaciones del carril de la Línea 9, aplicación de los andenes de la estación de Delicias, remodelación de la estación de Usera, mejoras en la estación de San Bernardo y remodelación de la bóveda y los andenes de la estación de Guzmán el Bueno. Aunque los contratos más sustanciosos se los llevaron dos filiales de OHL (Pacsa e Ingesan) por la limpieza de las estaciones de algunas líneas de la red del suburbano: 88 millones de euros.

Construcción de carreteras, obras de asfaltado, viviendas protegidas, ampliaciones de la red de Metro, remoledación de andenes del suburbano, contratos de limpieza, incluso reparación de ascensores, patios y desperfectos por actos vandálicos. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, rastrea ya la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en los 584 millones en contratos que la empresa OHL del Grupo Villar Mir ganó en adjudicaciones licitadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y otros organismos que dependen de ella, como Metro de Madrid, el Instituto de la Vivienda (IVIMA) y la ya extinta Mintra, la sociedad pública que se encargaba de construir infraestructuras de transportes en la región.

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