Ximo Puig lidera la rebelión contra Montoro para que las CCAA no sufran más recortes

El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, se ha puesto al frente de la manifestación contra los ajustes presupuestarios que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a tener que presentar en la Comisión Europea después de que España haya incumplido los objetivos de déficit marcados por Bruselas para 2015. El jefe del Ejecutivo valenciano ha propuesto que los recortes sean consensuados por la Conferencia de Presidentes autonómicos y no en exclusiva por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para evitar que las comunidades autónomas, a las que Montoro responsabiliza de los excesos de gasto, carguen con todo el peso de las modificaciones en las cuentas. "La Comunidad Valenciana hoy no es malgastadora, gastamos como las que menos, y la explicación del déficit viene por la vía del ingreso no por la del gasto", ha argumentado en su intervención en el desayuno informativo del Nueva Economía Fórum en Madrid.

Montoro quiere reunir a las autonomías este mismo mes de abril y ha comenzado a ponerse duro con algunos territorios y ayuntamientos que no están siendo transparentes con sus cuentas o que no cumplen con lo que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En el caso valenciano, el ministro de Hacienda ha admitido que sufre una insuficiencia derivada del sistema de financiación autonómica que condiciona su capacidad para prestar los servicios básicos de sanidad y educación con generar desequilibrios en sus cuentas. Ayer lunes, Montoro y Puig mantuvieron un encuentro en el Ministerio en el que el presidente valenciano arrancó un plan de tesorería hasta la puesta en marcha de un nuevo modelo que le permita sortear la carencia de recursos. La Generalitat valenciana cerró el mes de marzo muy cerca de haber incumplido ya el 0,3% de déficit sobre del PIB que ha fijado el Gobierno central para 2016.

"Entre Europa y España el interlocutor fundamental es el Estado, pero los demás también somos estado", dice el socialista García-Page

La idea de Puig de que sea la Conferencia de Presidentes la que decida cómo distribuir los ajustes presupuestarios que reclama Bruselas ha recibido el respaldo inmediato de varios Gobierno autonómicos que temen verse obligados a efectuar nuevos recortes tras recibir un suspenso en cumplimiento del déficit. El primero en sumarse ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha señalado que "entre Europa y España el interlocutor fundamental es el Estado, pero los demás también somos estado", por lo que ha insistido en que ve "razonable" tomar una posición conjunta. De parte de los territorios en manos del PSOE también se ha pronunciado el portavoz de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, que ha manifestado que “cualquier iniciativa de diálogo siempre es positiva", y ha defendido que "no puede caer en las espaldas de las comunidades los recortes que pueda plantear la UE”, recoge Europa Press.

Del mismo modo, la portavoz del Govern de Cataluña, Neus Munté, ha apoyado la propuesta de fijar de forma "multilateral" los ajustes a negociar con la UE. Munté ha afirmado que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont no tiene “ningún impedimento para dialogar de lo que convenga, sobre todo en una cuestión tan sensible como esta”.

Más inversiones del Estado

En paralelo al debate abierto por Puig sobre la necesidad de consensual los recortes más allá del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una órgano en el que el Gobierno en funciones tiene mayoría absoluta, se ha producido este martes el toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. El nuevo texto fija la exigencia de que el Estado garantice un volumen de inversiones en infraestructuras proprocional a la población de la Comunidad Valenciana. Se trata de un pronunciamiento político, sin validez jurídica, como reconocen los informes legales encargados por la Generalitat, pero que esta tarde ha reabierto en la Cámara el debate sobre la necesidad de reformar la financiación autonómica y sobre la conveniencia o no de que los territorios traten de blindar en sus estatutos la inversión y el reparto de fondos que efectúa el Gobierno central.

En el caso valenciano, se trata de una reivindicación de todos los partidos políticos representados en las Cortes Valencianas y también las principales patronales empresariales, que han denunciado en varias ocasiones que el Estado no invierte en infraestructuras de forma proporcional a peso económico y poblacional de la Comunidad Valenciana. Precisamente esta mañana, el lobby Ferrmed, que agrupa a grandes empresas como Ford, Seat o Alstom, ha mostrado su malestar por la falta de compromiso del Ministerio de Fomento con la conclusión del Corredor Mediterráneo, la vía ferroviaria que debe unir en ancho europeo de mercancías todo el este de España con la frontera francesa y las redes europeas de transporte.

Ciudadanos se desmarca

La toma en consideración de una reforma que busca exigir mayores inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana llega tras cuatro años congelada en el trámite parlamentario y ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Compromís) a excepción de Ciudadanos, que ha calificado de “parche” y “engaño” la introducción de esa cláusula para salvaguardar inversiones y ha optado por abstenerse. Por su parte, los grupos independentistas catalanes Democràcia i Llibertat y Esquerra Republicana han respaldo el texto tratando de hacer paralelismos con la situación de Cataluña. Incluso la portavoz de ERC en el Congreso, Esther Capella, ha aprovechado para reivindicar la anexión de la Comunidad Valenciana al proyecto de Països Catalans. Al debate no ha acudido ni el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ni ninguno de sus ministros.