debe dos pagas de 2013 y 2014 y parte de 2012

La Generalitat, al límite: no tiene liquidez ni para pagar los atrasos a sus funcionarios

Los funcionarios públicos están hartos de las promesas de la Generalitat, que insiste en que no tiene liquidez para pagar las pagas que les debe

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), conversa con el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), conversa con el vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)

Las tensiones de caja del Gobierno catalán se dejarán sentir los próximos días como consecuencia de las reivindicaciones de los trabajadores públicos. Esta semana se reunió la Mesa de la Función Pública, el foro donde se discuten todas las cuestiones que afectan a los trabajadores de la Administración. Y el tema estrella es cómo hacer frente a la devolución de la paga extra de 2012 que se les debe a los funcionarios. En realidad, la Generalitat debe todavía dos pagas extra (una de 2013 y una de 2014) y las tres cuartas partes de la paga de 2012.

Lo que se discutió en la última reunión fue sólo esa parte pendiente de la de 2012. Pero ni para ello tiene liquidez el Gobierno catalán, porque el monto total de esa deuda es de 450 millones de euros. La secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó, puso sobre la mesa el calendario que podría afrontar el Gobierno: devolución del 15% en este año, del 30% en el 2017 y del 30% restante en 2018, lo que totalizaría la paga. O sea, una propuesta alejada de lo que hace pocas semanas predicaba el Gobierno, que ahora se ha encontrado con la dura verdad de las finanzas y con las arcas vacías. Los sindicatos exigen que se pague en tres partes iguales o el 20% ahora, entre el 35 y el 40% en el 2017 y el resto en el primer trimestre del 2018. Pero todo apunta a que eso no va a ser posible, porque la Generalitat no tiene dinero.

De hecho, el vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, ya pidió por escrito al Gobierno central un adelanto de la liquidación de 2014: necesitaría 750 millones para hacer frente a las nóminas de este mes y a la paga extra de junio, que se tendrá que abonar a tocateja al personal. El tema, previsiblemente, se cerrará este viernes con una reunión entre el propio Junqueras y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero al margen quedan los atrasos pendientes de devolución a los que se comprometió el Gobierno catalán.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

“Nos han dicho que tienen muchas necesidades presupuestarias este año y no pueden hacer frente a nuestras demandas”, explica a El Confidencial Xesús González, coordinador del Área Pública de CCOO. Los representantes de los trabajadores aceptarían alguna rebaja en las cantidades que proponen siempre y cuando el grueso de la deuda se liquide el año que viene y la totalidad de la misma quede zanjada en el primer trimestre del 2018.

Voluntad de liquidar el tema

Ante ello, desde la Generalitat se muestran optimistas por llegar a un acuerdo. “Hemos dado un paso importante para llegar a un acuerdo de la devolución de la totalidad de la paga extra del 2012 de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y financieras de la Generalitat”, señaló Meritxell Masó. Fuentes del Gobierno subrayan también que hace un año “se pagó ya el 25% de esa paga, por lo que hemos demostrado que tenemos voluntad de liquidar cuanto antes el tema”.

La Generalitat, al límite: no tiene liquidez ni para pagar los atrasos a sus funcionarios

Los problemas de los trabajadores públicos catalanes, no obstante, van más allá: en la Mesa se plantearon la adopción de medidas para recuperar derechos “suspendidos o suprimidos los últimos años”, como abordar la estabilidad laboral, la recuperación de las pagas de 2013 y 2014, la recuperación de derechos por Incapacidad Transitoria (la pérdida de derechos por baja), el Fondo de Acción Social o la oferta de empleo público . “Nos han dicho que no se hablará de ninguno de esos temas hasta que no alcancemos un acuerdo en la devolución de lo que resta de la paga de 2012. El 7 de abril nos volveremos a reunir y esperamos tener alguna respuesta”, añade Xesús González. Además, los sindicatos esperan “que el Gobierno entienda que ha de hacer algún gesto y explicar luego al Parlamento lo que ha hecho y lo que se ha negociado en la Mesa”.

Promesas de los independentistas

Si no se desencalla la devolución, que fue la promesa estrella de los independentistas durante los últimos meses, la cosa puede pasar a mayores: ciertamente, los salarios de los funcionarios han sido la moneda de cambio para aliviar los gastos del Gobierno y rebajar el déficit, pero el ‘buenismo’ de los empleados públicos ha llegado a su fin, máxime cuando el nuevo Gobierno ha emprendido una política de fichajes de ‘altura’ con sueldos elevados debido a las perspectivas de mayor crecimiento económico y, por ende, de menor déficit. La secretaria de Administración, Meritxell Masó, aseguró que las cosas pueden cambiar algo si se pueden aprobar presupuestos para este año (Junqueras espera tenerlos listos en un mes y aprobados para julio).

Y reiteró su compromiso para recuperar también las condiciones laborales que había antes de la crisis. De momento, enfatizó, ya se han recuperado los días de “asuntos personales y vacaciones por antigüedad”. Y lo demás se irá negociando sobre la marcha. Pero no tiene todo el tiempo del mundo. Los empleados públicos están hartos de promesas y lo que exigen ahora es que se cumplan los compromisos adquiridos y se devuelva el dinero que se les escamoteó los últimos años.

Cataluña

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