CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA EN ABRIL

Montoro se verá las caras este mes con las comunidades autónomas en pie de guerra

El cónclave de Hacienda con las comunidades autónomas para embridar el gasto público no se ha reunido desde julio del pasado año y será convocado ahora por razones de urgencia

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (2i),  durante la rueda de prensa ofrecida tras un Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (2i), durante la rueda de prensa ofrecida tras un Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)

El Gobierno ha tirado la piedra desde el Ministerio de Hacienda en contra de las autonomías que se han saltado el disco en rojo del déficit, pero Cristóbal Montoro no quiere esconder la mano y va a convocar este mismo mes una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para asegurar los compromisos políticos con todos los responsables regionales de controlar el gasto público. La reunión tiene especial relevancia después de las medidas coercitivas aprobadas la pasada semana por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que obligará a un total de 14 autonomías -todas menos Canarias, País Vasco y Galicia- a reajustar por vía de apremio sus presupuestos para este mismo año 2016.

Desde el punto de vista político, el cónclave con las comunidades llega en un momento muy delicado, con un Gobierno en funciones y la perspectiva de un año extraordinariamente incierto. La sombra de nuevas elecciones influye poderosamente en la estrategia diseñada desde Moncloa para no perder el timón de la consolidación fiscal, que ha marcado el rumbo y las principales decisiones a lo largo de toda la pasada legislatura. La posibilidad de otra segunda ronda de discusiones parlamentarias a partir de los eventuales comicios del próximo 26 de junio ha resultado determinante en la reaparición de Montoro como verdadero ‘hombre fuerte’ del equipo económico de Mariano Rajoy.

El ministro de Hacienda ha permanecido durante los últimos meses, principalmente a raíz de las elecciones del 20-D, cobijado en la retaguardia, asumiendo las consecuencias de ese papel de ‘policía malo’ que le ha tocado interpretar por exigencias del cargo dentro de la tragedia económica vivida en España. La imagen de Montoro ha estado asociada con los recortes presupuestarios, que han generado un enorme balance de víctimas y no pocos resentimientos sociales. Pero la situación actual pone de manifiesto que el drama no ha terminado, como demuestra la ejecución presupuestaria de 2015, saldada con un ‘agujero’ del 5,16% del PIB, lo que supone casi un punto más que la cifra inicialmente pactada con la Comisión Europea.

El Gobierno está dispuesto a subir del 0,3 al 0,5% el objetivo de déficit fiscal para las comunidades autónomas en el presente ejercicio 2016

La desviación de la senda fiscal obliga a Montoro a volver al centro del escenario para ocupar el campo de actividad que la legislación otorga al Gobierno en funciones en lo que se define como “la gestión del despacho ordinario de los asuntos públicos”. El artículo 21 de la propia Ley del Gobierno 5/1997 limita la capacidad del Ejecutivo con un criterio generalmente restrictivo, pero incluye dos excepciones, “en casos de urgencia debidamente acreditados” y “por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”, que conceden ahora un singular margen de actuación al ministro de Hacienda en sus relaciones financieras con las comunidades autónomas.

Montoro se acogerá a la letra pequeña de la normativa que regula el actual momento político para convocar un encuentro al más alto nivel con sus colegas autonómicos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no se reúne desde julio del pasado año, lo que supone una razón más para volver a la carga tras los nefastos resultados que ha generado la relajación del control presupuestario en la segunda mitad del año. Una vez más, se ha demostrado que el ojo del amo engorda el caballo, un aforismo que ha quedado subordinado a otro más común en virtud del cual la cabra siempre tira al monte.

Sea como fuere, lo cierto es que las comunidades autónomas han vuelto por donde solían; es decir, han desequilibrado los presupuestos que tenían prendidos con alfileres, provocando un incremento de sus números rojos de un 1,66% frente al 0,7% de déficit al que estaban sujetas. El objetivo oficial para este año se sitúa en el 0,3%, pero el Gobierno es consciente de que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, de manera que Montoro se propone incluso abrir un poco la mano cuando se vea las caras con los consejeros de Hacienda autonómicos en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La convocatoria del cónclave con las CCAA se basa en un "caso de urgencia debidamente acreditado" que permite actuar al Gobierno en funciones

El nuevo planteamiento de Hacienda sitúa la meta de déficit público para el conjunto de las autonomías en un 0,5%, pero como contrapartida todos los gobiernos regionales deberán establecer acuerdos de no disponibilidad de gasto a lo largo del año. Los nuevos planes económico-financieros de las comunidades serán reorientados en la cumbre prevista para este mes, donde podrá comprobarse el talante con que los diferentes gobiernos autonómicos encajan el nuevo desafío fiscal. A la vista de la situación creada, España tiene que abordar otro ajuste draconiano de casi 25.000 millones de euros a lo largo de 2016.

Bajo estas condiciones sobrevenidas, la consigna del ministro de Hacienda está clara y supone que el Estado no puede conceder ni media fisura a sus manirrotos delegados regionales. Montoro tiene muy claras las cuentas, que consisten en asegurar un ahorro de 7.000 millones de euros sobre el total de 10.000 que, en números redondos, van a engrosar este año la nueva financiación autonómica. Al cambio, se puede decir que los recursos procedentes del incremento de la recaudación fiscal derivado de la liquidación presupuestaria de 2014 tendrán que ser destinados íntegramente a reducir el déficit acumulado en 2015.

Las comunidades van a verse obligadas en su inmensa mayoría a introducir severas modificaciones en sus presupuestos para este ejercicio, y nada tendría de extraño que los más beligerantes recurran al Tribunal Constitucional, denunciando una supuesta injerencia estatal en su capacidad de gestión autonómica. En esta atmosfera enrarecida, la reanudación casi un año después del controvertido Consejo de Política Fiscal y Financiera se presenta cargada de motivaciones políticas. Otra cosa es la lectura económica que se puede hacer del cónclave, y que el Gobierno resume de manera certera tirando del más popular refranero para asegurar que, esta vez, lisa y llanamente son lentejas.

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