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Chaves y Griñán niegan el fraude: le toca a Susana Díaz decir por qué paró los cursos
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Chaves y Griñán niegan el fraude: le toca a Susana Díaz decir por qué paró los cursos

Niegan ilegalidades en la formación. Chaves habla de “errores” y de un fraude “muy pequeño”, mientras que Griñán asegura que la Administración fue una “víctima”

Foto: El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, momentos antes de comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. (EFE)
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, momentos antes de comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. (EFE)

El paso de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la comisión de investigación de los cursos de formación en Andalucía no deparó grandes sorpresas. Cada uno en su estilo político y personal defendió que durante su mandato no vio, ni oyó nada sobre el presunto fraude de las ayudas de la formación que investigan hasta 18 juzgados andaluces. Chaves y Griñán, tocados por el caso de los ERE y a punto de que el juez decida seguir la teoría del Tribunal Supremo y sentarlos en el banquillo por prevaricación administrativa, volvieron al Parlamento andaluz por casi cinco horas con un argumento común: a ellos nadie, nunca, los alertó de ilegalidades en el reparto de los casi 3.100 millones de euros en fondos públicos que en una década, de 2002 a 2011, se repartieron en Andalucía.

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Con el mismo patrón que en los ERE, que sentó también a Chaves y a Griñán, entonces todavía como presidente de la Junta y exconsejero de Economía, en una comisión de investigación en 2012, ambos coincidieron en negar que ampararan o conocieran el fraude durante su mandato. ¿Por qué entonces Susana Díaz decidió parar las ayudas de forma drástica tras llegar a San Telmo? Esa es la cuestión que este martes deberá de resolver la sucesora al frente de la Junta, y será difícil no hacerlo sin negar o contradecir a sus antecesores.

Griñán: "Las deficiencias no han sido de la Administración sino en todo caso contra ella"

“Cuando accedí a la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía hace 25 meses -antes dije 23, 25 meses-, con claridad planteé que no iba a tener ningún resquicio en la gestión impecable, en ese sentido, y rigurosa. Y, evidentemente, tomé una decisión, que era mantener la paralización de las convocatorias de formación, en ese compromiso, como le decía, insobornable con la gestión rigurosa, limpia y ajustada a ley de los fondos públicos. Como existían dudas, y usted lo sabe bien, que existían dudas sobre la gestión de esos fondos que se hubieran gastado adecuadamente, y había una investigación judicial sobre los mismos, tomé dos decisiones”.

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Estas palabras de Susana Díaz recogidas en el Diario de Sesiones del Parlamento andaluz del 8 de octubre de 2015 salieron a relucir en la comisión de investigación. El diputado del PP Miguel Ángel Torrico trató de buscar una respuesta de Chaves. No lo logró pese a la insistencia. “Se lo debe preguntar usted a ella”, replicó el expresidente, que dejó claro que no iba a opinar sobre esta decisión política. “No valoro las palabras de la presidenta”, insistió Griñán, que negó que esas palabras pongan en cuestión y entredicho la gestión anterior. “Me gustaría que dejara que Susana Díaz fuera dueña de sus palabras. Ella lo explicará. Me parecen palabras responsables”, agregó el ‘padre político’ de la presidenta andaluza.

Susana Díaz dijo que suspendió los cursos porque no vio una gestión "limpia, rigurosa y ajustada a derecho"

Griñán fue más allá en ese relato sobre el presunto fraude de las ayudas de la formación que aún el Gobierno andaluz tiene pendiente de contar. Lo último fue que reclamaba 72 millones en ayudas públicas por irregularidades. Acto seguido, el PSOE se ha sentado en la comisión de investigación para negarlo todo: no hubo fraude ni menoscabo de fondos públicos, el dinero no se ha perdido porque los expedientes siguen vivos. Griñán, por primera vez, situó en el calendario el momento en que la Junta supo que algo pasaba con las ayudas de la formación. Aseguró que las alarmas saltaron cuando se empezaron a revisar las facturas de UGT por un caso de presunto desvío de fondos públicos y financiación ilegal del sindicato. Este escándalo saltó tras el verano de 2013, justo cuando ya Susana Díaz había tomado el testigo. Antes, Griñán había decidido suprimir la Consejería de Empleo y había derivado las competencias de formación a Educación. Según explicó, como ya había hecho quien fue su consejera de Educación, Mar Moreno, nada de eso se hizo porque hubiera sospecha de fraude. El punto de inflexión se produjo ya con Díaz como presidenta de la Junta, recalcó.

Las sombras sobre Velasco

El expresidente andaluz dio la cara por sus dos ‘delfines’ políticos, el exvisecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y la presidenta, Susana Díaz. El primero abandonó su cargo de forma sorprendente alegando motivos personales y bajo la sospecha de irregularidades en la gestión de fondos públicos por parte de su mujer. La diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero se refirió a ambos como “puntos débiles” del expresidente. Este replicó sin dudarlo que Velasco y Díaz son sus “puntos fuertes” y dio la cara por ambos, pese a las sombras que se extienden sobre quien fue su número dos en el PSOE andaluz. Velasco dimitió en 2010 alegando motivos personales en los que Griñán no quiso entrar. Su mujer, Antonia Montilla, que en aquel momento estaba embarazada, gestionaba una empresa de formación, Aulacen Cinco SL, beneficiada con 730.000 euros de ayudas en cuatro años. ‘El Mundo’ publicó poco antes de la comparecencia de los expresidentes que la empresa de la mujer de Velasco había cargado a las ayudas de la formación hasta facturas de la luz del propio domicilio del exdirigente socialista. El PP aireó nóminas de la gerente de 9.500 y 4.600 euros y de su hermana, “4.500 euros por realizar tutorías”. Griñán no cedió en su defensa. Si esto se confirma, añadió solo tras mucha insistencia, quien fue su mano derecha en el partido tendrá su “reproche moral”. Chaves fue más escueto a este respecto: “No sé si se podía pagar la luz”, respondió.

Chaves, sobre el fraude de los cursos de formación: "Nunca tuve conocimiento de irregularidades"

Griñán tampoco vinculó con el fraude de los cursos la salida de su Consejo de Gobierno del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también imputado en los ERE. Ni reconoció que la extinción de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ordenada por él como presidente y aprobada por el Parlamento en 2011, tres años antes de que la Cámara de Cuentas alertara en un duro informe de graves irregularidades y descontrol en la gestión de los fondos de formación, tuviera algo que ver con el supuesto fraude.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos jubilados, llegaron a la comisión de investigación sobre los cursos de formación puntuales y en mitad de una gran expectación. Hicieron el paseo hasta entrar en la comisión arropados por el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, y por la diputada Marisa Bustinduy. Ambos fueron muy correctos en sus comparecencias e incluso amables y educados con el adversario por encima de la media que se ha visto en la comisión. Aguantaron imperturbables disparos de ‘flashes’ y cámaras y se limitaron a hablar de “errores”. “Posiblemente no todo estuvo bien. Es posible que se cometieran actos ilícitos”, admitió Chaves, “pero quien estaba cometiendo el acto ilícito era el empresario, no la Administración”. Griñán insistió en esa teoría: Si hubo “deficiencias” en formación, fueron “contra” la Administración, a la que ha presentado como “víctima”.

“No tuve conocimiento de irregularidades, nunca las conocí ni impulsé ni las toleré, y además no las hubiera consentido”, defendió Chaves

Chaves empleó el mismo argumento, con palabras idénticas, que utilizó ante el juez interpelado por el caso ERE. “Nunca a lo largo de mi presidencia firmé una decisión ilegal”, “no tuve conocimiento de irregularidades, nunca las conocí ni impulsé ni las toleré, y además no las hubiera consentido”, sostuvo el expresidente socialista, que ocupó el cargo desde 1990 hasta 2009. Hasta su marcha “no hubo ninguna alerta, aviso o reparo” en relación a los cursos. IU y Ciudadanos le recordaron que hubo un informe en 2004 elaborado por la Cámara de Cuentas y cargado de advertencias.

No he venido a esta comisión a hacer un ejercicio de autocrítica. He cometido errores, claro, no voy a ser tan presuntuoso ni tan soberbio, y habrá errores también en la gestión de la formación profesional y de las políticas activas de empleo. Pero creo que la gestión fue positiva y eficaz al menos hasta 2009”, sostuvo Chaves en el Parlamento. “El fraude fue muy pequeño”, añadió en otro momento. Griñán se despidió convencido de que su paso por la comisión le había “enriquecido”.

Este supuesto fraude investiga el presunto desvío de fondos públicos desde 2002 a 2011, años en los que se repartieron más de 3.100 millones de euros. Este martes será el turno de Susana Díaz. Por primera vez, casi 26 años de autonomía andaluza darán la cara por un presunto fraude que investigan 18 juzgados andaluces. Las comparecencias más relevantes desde un punto de vista político en la comisión de investigación se producen en la misma semana en la que, según fuentes judiciales, el instructor de la pieza política de los ERE, Álvaro Martín, está a punto de dictar auto de procesamiento para sentar a Chaves y Griñán en el banquillo por los ERE.

El paso de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la comisión de investigación de los cursos de formación en Andalucía no deparó grandes sorpresas. Cada uno en su estilo político y personal defendió que durante su mandato no vio, ni oyó nada sobre el presunto fraude de las ayudas de la formación que investigan hasta 18 juzgados andaluces. Chaves y Griñán, tocados por el caso de los ERE y a punto de que el juez decida seguir la teoría del Tribunal Supremo y sentarlos en el banquillo por prevaricación administrativa, volvieron al Parlamento andaluz por casi cinco horas con un argumento común: a ellos nadie, nunca, los alertó de ilegalidades en el reparto de los casi 3.100 millones de euros en fondos públicos que en una década, de 2002 a 2011, se repartieron en Andalucía.

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