Un juez conservador decidirá el futuro de 51 cargos históricos del PSOE andaluz

El juez Álvaro Martín se estrenó este martes en la primera línea del caso ERE tomando declaración a los exconsejeros Manuel Recio y Francisco Vallejo. El magistrado, de corte conservador y presidente de la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, tiene en sus manos la pieza más codiciada de los ERE, la que atañe a 51 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluyendo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. “Lo más ilustre del socialismo andaluz pasará por sus manos”, resume gráficamente un abogado. Después de que se haya hablado mucho de la retirada de la jueza Mercedes Alaya y el nombramiento de otra magistrada, María Núñez Bolaños, señalada por su antecesora por ser del círculo del PSOE y amiga del actual consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, el capítulo político de la instrucción queda en manos del magistrado que ha sido la sombra de Alaya y su más estrecho colaborador.

El juez mantuvo un papel moderado, según varios asistentes a las declaraciones, y dejó en manos de los fiscales la labor más dura. Nada que ver, de momento, con la jueza Alaya, según varios abogados presentes en la sala. Este magistrado, de 45 años y natural de Cáceres, conoce bien la causa de los ERE. Aterrizó en septiembre de 2013 en el juzgado de Alaya como juez de refuerzo y fue el único que logró quedarse junto a la magistrada hasta su marcha, eso sí, dedicado a todos los asuntos ordinarios del juzgado, sin hacerle sombra. Ella rechazó cualquier otro auxiliar pese a recibir varios avisos desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la lentitud de la instrucción. Desde el primer momento, dejó muy claro que sus grandes casos eran coto privado y por ello peleó hasta el último minuto, intentando quedarse con la instrucción de sus macrocausas pese a haber ganado un ascenso en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Aunque las deliberaciones del Consejo General del Poder Judicial o de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no trascienden, son muchos los que apuntan desde el ámbito de la judicatura que si los jueces decidieron señalarle el camino de salida a Mercedes Alaya e ignorar sus recursos, fue porque habían pactado que su sustituta, Núñez Bolaños, dejaría la pieza política de los ERE en manos de Álvaro Martín. Él forma parte de la sala de gobierno del TSJA y optó también a la plaza que quedaba vacante, pero la actual titular le ganaba por goleada en antigüedad, por más que su experiencia previa estuviera alejada de lo penal y dedicada al ámbito del derecho de familia. Martín se vio durante mucho tiempo como el sustituto natural de Alaya.

A pesar de que sitúen al nuevo instructor en el ala más conservadora de la magistratura, señalando sus conexiones con el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, también de la APM, o subrayen sus asideros en la sala de gobierno del TSJA a la que pertenece, lo cierto es que Martín supo trabajar codo con codo con la juez Alaya y ha sabido también ganarse la confianza de su sustituta, Núñez Bolaños. Cinco años después de que arrancara la instrucción de los ERE, corresponderá a Álvaro Martín resolver la pata política del caso, el llamado “procedimiento específico” y quedan también en sus manos las conexiones más políticas, con las ayudas otorgadas en la sierra norte de Sevilla a los empresarios Sayago y Rosendo.

La salida definitiva de Alaya fue aprobada por el CGPJ tras 'garantizarse' que sería Álvaro Martín quien se haría cargo de la pieza política de los ERE

Cuando cedió el caso, la jueza titular consideró que era lo mejor para “agilizar y dar un mayor impulso” a estas diligencias. Martín es considerado por sus compañeros como un juez “joven y ágil”, “firme defensor de la despolitización de la justicia” y en contra de que las causas penales se alarguen de forma desproporcionada, aseguran en su círculo de trabajo como carta de presentación.

Sirva un detalle, este martes declaró por primera vez ante un juez el último consejero de Empleo que tuvo en sus manos el procedimiento de los ERE, Manuel Recio, que había permanecido aforado en el Parlamento andaluz hasta las últimas elecciones y no acudió voluntariamente al TSJA, como sí hicieron el resto de sus compañeros en la misma situación. Recio fue imputado por Alaya en junio de 2015 en otra causa, la de los cursos de formación. Llevaba tres años señalado. En 2013, figuraba en el auto de la jueza difundido durante la toma de posesión de Susana Díaz y que, sin imputarlos por estar aforados, señalaba por vez primera a los expresidentes y a cinco de sus exconsejeros. Recio ha escogido para su defensa a Antonio Camacho, exministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero.

“Una parte de la condena, soportar la situación”

Anticorrupción ha pedido al juez que cite de nuevo a declarar a los expresidentes Chaves y Griñán, que ya acudieron al Supremo. Los abogados de los expresidentes han mostrado su rechazo a la petición de la Fiscalía de que esta causa, después de cinco años de instrucción, sea declarada de especial complejidad. Esto permitiría alargar otros 18 meses una instrucción que se abrió el 19 de enero de 2011 y que investiga el destino de 855 millones de euros de los Presupuestos públicos. En eso incidió el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, a la salida de los juzgados. “Después de cinco años y sin ninguna prueba contra mí y contra otras muchas personas, ya es hora de que se separe el grano de la paja”, reclamó.

Vallejo, del clan del socialismo jiennense, fue uno de los consejeros de más relumbrón del Gobierno de Chaves, en las carteras de Obras Públicas, Salud e Innovación. Su imputación por prevaricación en los ERE está relacionada con la presidencia del IFA, la empresa pública que libraba los pagos de las ayudas sociolaborales y que ostentaba como titular de la cartera de Innovación, Ciencia y Empresa. Durante su comparencia ante el juez, aseguró que no dedicó “más de 10 minutos” en cinco años como consejero al pago de estas transferencias de financiación bajo la lupa judicial. Sostuvo además que se limitó a “cumplir la ley” y “pagar lo que decía el Presupuesto”. Se mostró tranquilo y convencido del archivo de su causa. “Una parte de la condena es tener que soportar durante años esta situación”, relató tras 45 minutos de declaración, “ya está bien”.

Aunque los primeros juicios por el caso ERE se prevén en 2016, según la propia jueza Núñez Bolaños ha trasladado al dividir en piezas la macrocausa para darle un impulso definitivo, muchos abogados siguen dudando de que estos plazos puedan cumplirse. De lo que caben pocas dudas es de que la primera pieza que será enjuiciada será la de los responsables políticos. Planea también la sombra de la prescripción de delitos. El desfile de ex altos cargos continúa este miércoles, pero esta vez ante la jueza Núñez Bolaños, que tiene previsto tomar declaración dentro de la pieza del ERE de la empresa pública Egmasa al exconsejero José Antonio Viera y al exviceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales Juan Jesús Martínez, que dimitió de su cargo hace solo un par de semanas.