Apertura de juicio oral contra Chaves y Griñán por los ERE

Al banquillo. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, deberán comparecer en juicio oral por el caso de los ERE. Chaves, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, y Griñán, por otro presunto delito de prevaricación y por malversación de caudales públicos. Y este revés judicial, que puede ser recurrido, llega justo 48 horas después de haber comparecido en una comisión en el Parlamento andaluz por otro caso de corrupción: el escándalo de los cursos de formación en Andalucía.

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El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, Álvaro Martín -instructor de la pieza del procedimiento específico de la macrocausa de los ERE-, ha acortado que se abra juicio oral a los expresidentes, que han pedido su baja voluntaria. Además de los dos expresidentes, el juez también encausa por los dos delitos de prevaricación y malversación a los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo; y tres ex directores generales de Trabajo: Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez.

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En el auto [consúltalo aquí en PDF] se le atribuye al expresidente Griñán “un delito continuado” de malversación de caudales públicos que el juez atribuye al expresidente y a 17 altos cargos de la Junta de Andalucía. ¿Y cómo lo justifica el magistrado? En que son personas que desde 2005 conocían los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían que por parte del director general de Trabajo se estaban “otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo”. Según el anterior Código Penal, por el que se instruye este procedimiento, Griñán se expone a una pena de prisión prevista es de 4 a 8 años de privación de libertad.

El escrito judicial lo explica de una manera clara: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

[Consulta aquí en PDF el auto de procesamiento]

Este reparto de fondos públicos era en realidad de un entramado en el que estaban implicados no sólo altos cargos políticos, sino funcionarios. Se trataba de un sistema, como ya había alertado la juez Mercedes Alaya en varios de sus autos, de un sistema “carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros". El juez también ha comunicado en una providencia que se investiguen las transferencias de financiación de la Junta Andalucía entre enero de 2003 y 2007 que procedían de partidas distintas a la partida 31L, la de los ERE.

Baja temporal del PSOE

El pasado mes de marzo, la citación de ambos para declarar como investigados abrió un nuevo frente interno en el PSOE. Según el código ético del partido, tras la renuncia a todos sus cargos públicos, la apertura de juicio oral fija el momento el que los dos históricos del partido deberían de cursar su baja como militantes. Ese hito ya se ha producido.

"Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido", se recoge en los estatutos del PSOE.

El secretario general Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya pidieron a ambos sus renuncias al escaño. Ahora, a las puertas de unas nuevas elecciones, los socialistas tendrían que afrontar el duro trance de pedirles que se den de baja de miltiancia.

El caso de los ERE

El juzgado que instruye el caso de los ERE llamó a declarar como investigados, antes imputados, a los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de la pieza relativa al procedimiento creado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas a las empresas.

Su comparecencia obedecía a una providencia fechada el pasado 4 de marzo, cuando el magistrado Álvaro Marín entendió necesario que ambos expresidentes sean oídos, en calidad de investigados, para garantizar su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso de instrucción del caso.

Los expresidentes ya declararon ante el Tribunal Supremo y fueron imputados por prevaricación administrativa. En aquel momento Griñán ya había renunciado a su escaño como senador y Chaves lo hizo a los cuatro días de su imputación formal.

Sin embargo, no fue hasta que José Antonio Viera salió del Congreso, poco antes de su disolución y tras haberse ‘atrincherado’ en el grupo mixto y abandonado el PSOE, cuando el caso de los ERE salió del Supremo y volvió a la justicia ordinaria. Ahora, todos los imputados políticos han perdido su aforamiento.