Interior cree que el fraude de la formación esconde la auténtica red clientelar del PSOE

La operación Edu contra el fraude masivo de la formación para el empleo en Andalucía está sacando a la luz unos mecanismos delictivos que trascenderían el ámbito estrictamente judicial. Los funcionarios de la Seguridad Social y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dirigen la investigación están convencidos de que, para malversar las partidas multimillarias de los cursos para desocupados, los diferentes ejecutivos socialistas que han gobernado la comunidad en la última década habrían creado una tupida red clientelar por todo el territorio andaluz que les ha permitido conseguir miles de respaldos políticos continuos e incondicionales.

Por ahora, la operación Edu se centra sólo en Málaga. La Fiscalía Anticorrupción de esta provincia, que ya se ha hecho con el caso, analiza únicamente un expediente dudoso de esta demarcación correspondiente al ejercicio 2010. De la veintena de empresas privadas, sindicatos y patronales que recibieron subvenciones para supuestas acciones formativas, al menos 17 no reunían los requisitos para conseguir las ayudas.

Los investigadores de la Seguridad Social y la UDEF creen que ese expediente sólo es la punta de un iceberg de proporciones descomunales. Desde hace dos años disponen de numerosos testimonios y pruebas documentales que apuntan a que la estafa en la formación para el empleo afecta masivamente a toda Andalucía. De hecho, los expedientes dudosos son tan abundantes que han tenido que empezar por una sola provincia y acotar las pesquisas al periodo 2009-2011. La trama podría haber malversado, según los funcionarios de los ministerios de Empleo e Interior, más de 2.000 millones de fondos públicos aportados en su mayoría por la Unión Europea en el programa de fomento del empleo para el periodo 2007-2013, al que también contribuyó la Administración del Estado.

La implicación de la red periférica de la Junta

Los investigadores mantienen que para distribuir estas sumas de dinero a las centenares de empresas de formación, patronales y sindicatos afines que se encuentran en el punto de mira de la operación Edu, los Ejecutivos socialistas habrían utilizado la vasta red periférica de la Junta. El Gobierno andaluz cuenta con sus propios delegados en las ocho provincias. No sólo el departamento de presidencia. Todas las consejerías tienen su propio representante en cada de una de las demarcaciones. Los máximos responsables de la trama, a los que la Fiscalía Anticorrupción aún no ha puesto nombre, habría canalizado las subvenciones para la formación a través de los responsables provinciales de Empleo.

En el caso de Málaga, las investigaciones policiales apuntan a Juan Carlos Lomeña, exdelegado de Empleo de la Junta en esa provincia durante la etapa en la que se centra el caso. Él habría sido el responsable político encargado de desviar los fondos para el desempleo a sociedades mercantiles, asociaciones y sindicatos cercanos al partido socialista. En teoría, el dinero fue destinado a organizar cursos que favorecieran el acceso al mercado laboral de los desempleados, pero los agentes han descubierto que los beneficiarios de las ayudas no cumplieron los objetivos del programa o, directamente, nunca ejecutaron las formaciones para las que habían sido subvencionados.

La cifra de centros formativos que habría participado en el fraude podría superar el millar, y el número de alumnos implicados en la trama que habrían obtenido certificaciones, becas u otro tipo de compensaciones económicas por figurar en cursos a los que nunca asistieron puede otorgar otro funesto récord a este caso. Sólo en el año 2011, la filial educativa de UGT Andalucía afirmó haber ofrecido instrucción a unos 40.000 alumnos en más de 1.200 acciones formativas. Entre 2009 y 2010, se programaron casi 30.000 cursos en toda Andalucía. Qué porcentaje de ellos formó parte de este fraude masivo es todavía una incógnita, pero los investigadores de la Tesorería de la Seguridad Social y la UDEF estiman que más de un 50%.

La Cámara de Cuentas, ignorada

Será la operación Edu la que determine si las irregularidades detectadas formaban parte de un plan preconcebido para malversar estos fondos. La Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano autonómico de fiscalización presupuestaria, ya advirtió en 2004 de gravísimas anomalías en la utilización de estas partidas de la Unión Europea y la Administración del Estado. Y el pasado mes de febrero emitió un nuevo informe en el que, además de insistir en que no se habían subsanado los agujeros de 2004, volvió a denunciar que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -la institución responsable hasta 2013 de la gestión de estos fondos- apenas había efectuado inspecciones para conocer el destino real del dinero y que el 89% de las acciones formativas que había promovido no conducían a la obtención de ningún tipo de título. Las conclusiones de la Cámara de Cuentas son tan devastadoras y elocuentes que deberían haber sido suficiente para provocar una reacción inmediata en el Palacio de San Telmo. Es difícil mencionar en tan pocas líneas mayor número de tropelías administrativas.

Si la Justicia acaba confirmando los hechos que han trascendido hasta la fecha, este caso superaría en implantación territorial y número de implicados a todos los escándalos de corrupción que han afectado hasta ahora a Andalucía. Por lo pronto, los investigadores de Empleo e Interior sostienen que los dirigentes del PSOE andaluz habrían utilizado las transferencias multimillonarias de la Unión Europea y la Administración del Estado para alimentar año tras año una malla de relaciones clientelares con la que habrían fabricado un número ingente de lealtades electorales en todos los rincones de la comunidad. La contundencia con la que el Gobierno de Susana Díaz y los principales sindicatos han reaccionado a las primeras informaciones adelanta el alcance del caso.