investiga un fraude de 2.000 millones de euros

La Policía ignora dónde están las partidas millonarias de la Junta para cursos a parados

La investigación de la UDEF para esclarecer un presunto fraude masivo en todas las provincias de Andalucía está teniendo serias dificultades

Foto: José Antonio Griñán y su sucesora al frente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (EFE)
José Antonio Griñán y su sucesora al frente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (EFE)

Los agentes de la Policía Nacional que investigan el presunto fraude masivo con fondos públicos para formación de desempleados en toda Andalucía están teniendo serias dificultades para localizar partidas multimillonarias que nunca llegaron a ejecutarse. Fuentes cercanas a la Operación Edu, el nombre que han recibido estas pesquisas, precisan que los investigadores no encuentran remesas por valor de hasta 500 millones de euros que en lugar de ser utilizadas para instruir a parados habrían sido desviadas por la Junta de Andalucía a capítulos opacos de su presupuesto.  

La investigación, cuyo alcance fue adelantado por El Confidencial este martes, arrancó hace dos años tras una denuncia de la inspección de la Seguridad Social. Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía calculan que los fondos presuntamente malversados con la ayuda de altos cargos de la Junta de Andalucía podrían superar en total los 2.000 millones de euros, la cantidad más alta investigada por corrupción en toda la historia de España. De confirmarse las sospechas de los agentes, el importe defraudado casi doblaría al célebre "fondo de reptiles" del caso de los ERE (1.350 millones de euros) y multiplicaría hasta 40 veces los 49 millones de euros que Luis Bárcenas llegó a tener en Suiza.

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. (EFE)
Oficina del Servicio Andaluz de Empleo. (EFE)

La mayor parte de los fondos de formación defraudados en Andalucía habría acabado en las cuentas bancarias de los responsables de centenares de empresas de formación, sindicatos y patronales, que accedieron irregularmente a ayudas públicas para las que no reunían los requisitos gracias a la presunta connivencia de los políticos encargados de gestionarlas. El engaño gira principalmente en torno a cursos para formación de ocupados y desempleados que en realidad nunca llegaban a producirse. El sistema de concesión de los fondos de la Junta otorgaba por adelantado a las asociaciones y sociedades solicitantes el 75% del importe total de la ayuda, y dejaba el 25% restante a expensas de se justificara la consecución de los objetivos en una auditoría posterior.

Las ayudas nunca fueron devueltas

Sin embargo, los efectivos de la UDEF han detectado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo encargado de supervisar el destino de estos fondos, apenas realizó inspecciones de control y, también, que la mayoría de los perceptores de las ayudas bajo sospecha optó por no reclamar nunca el 25% del importe que les faltaba para reducir aún más el riesgo de sufrir una investigación. Muchas de esas compañías simplemente desaparecían tras recibir el anticipo del 75% de la ayuda, detallan las fuentes consultadas.

La duda que acecha a los investigadores es qué ha ocurrido con el 25% del dinero que nunca fue entregado por la Junta de Andalucía a sus teóricos destinatarios. Se trataría de partidas multimillonarias procedentes de los capítulos 32.D y 32.L del presupuesto autonómico que no habrían llegado a materializarse pero que, según las fuentes consultadas por este diario, tampoco fueron devueltas a las instituciones que las aportaron: la Unión Europea y la Administración del Estado. El paradero de estos fondos es por ahora un completo misterio.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. (EFE)
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. (EFE)

La cifra exacta del dinero desaparecido también se desconoce, pero las estimaciones más ajustadas calculan que los altos cargos de la Junta encargados de la gestión de estos programas habrían dejado sin ejecutar en torno a 500 millones de euros que ahora no aparecen por ningún lado. Será la investigación de la trama financiera la que aclare el volumen exacto y la ubicación de esos fondos, si es que todavía están en algún sitio.

Un fraude masivo en toda Andalucía

Por el momento, las pesquisas se centran en un único expediente de concesión de ayudas para formación de desempleados aprobado en 2010 y relativo sólo a la provincia de Málaga. Las diligencias están siendo dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción de esta provincia. De la veintena de empresas que recibió subvenciones para organizar cursos en ese expediente concreto, al menos 15 no cumplían las condiciones para acceder a ellas. Los agentes de la UDEF también han interrogado a los supuestos alumnos que asistieron a esas formaciones. Sus declaraciones demostrarían que, en la mayoría de los casos, esas actividades ni siquiera existieron.

La investigación no tardará en saltar las fronteras de la provincia de Málaga. Los miembros de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, la sección que está llevando a cabo esta operación, ya han reunido testimonios y numerosas pruebas documentales que demostrarían que el presunto fraude de los cursos de formación afectaría a todas las provincias andaluzas y habría tenido una incidencia masiva. De hecho, el mayor número de irregularidades no se ha detectado en Málaga sino en Almería.

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández sale de los juzgados de Sevilla. (EFE)
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández sale de los juzgados de Sevilla. (EFE)

Más de 3.700 millones en ayudas para desempleados

Sólo para el periodo 2007-2013, Andalucía recibió 2.875 millones de euros del Fondo Social Europeo para impulsar la reintegración de los desempleados en el mercado laboral. El 35% de las ayudas concedidas por Bruselas a España dentro de ese programa acabó en manos de la Junta, debido a la elevada tasa de paro que sufre esta comunidad. Además, esas ayudas fueron completadas con otros 860 millones de euros aportados directamente por la Administración del Estado. En total, más de 3.700 millones de euros que debían haber provocado que Andalucía mejorara sus estadísticas de desempleo. Pero los agentes de la UDEF sostienen que 2.000 millones de esos fondos públicos habrían tenido un destino muy distinto del que pretendía la UE con la creación de este programa.

Aunque el fraude se remontaría incluso más allá del período 2007-2013, los investigadores han decidido centrarse en la etapa 2009-2011 para evitar tanto que los hechos delictivos puedan haber prescrito como que los supuestos culpables todavía estén a tiempo de regularizar su situación. Esos tres años coinciden con los últimos meses de Manuel Chaves (hasta abril de 2009) como jefe del Ejecutivo de la Junta y con la primera etapa de su sucesor, José Antonio Griñán. Del mismo modo, los máximos responsables del Servicios Andaluz de Empleo (SAE) en ese período eran los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) y Manuel Recio (2010-2012). 

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