LOS CORTES DE LUZ POR IMPAGO NO LLEGAN A UN MILLÓN

Porca miseria: Energía cifra en 22 millones el coste de la pobreza energética en España

El Ministerio de Energía quiere disponer de un fondo de contingencia asociado al bono social para evitar que en España puedan producirse cortes de luz por impago del recibo

Foto: Concentración en protesta por la pobreza energética. (EFE)
Concentración en protesta por la pobreza energética. (EFE)

La verdadera pobreza energética, la que impide a una familia hacer frente al recibo de la luz por mucha subvención, ayuda o bono social que obtenga, tiene un precio, pero aunque parezca mentira, este es más político que económico. De otro modo no se entiende que los grandes grupos parlamentarios no hayan sido capaces todavía de llegar a un acuerdo para financiar un fondo de contingencia que el Ministerio de Energía cifra en tan solo 22 millones de euros. Un importe que, de acuerdo con los cálculos oficiales, sería suficiente para pagar a las empresas eléctricas el recibo de la luz de los ciudadanos que padecen en España lo que el ministro Álvaro Nadal define como ‘vulnerabilidad severa’.

El concepto acuñado por el nuevo responsable de la política energética trata de poner el dedo en la llaga de una de las grandes manifestaciones de exclusión social provocadas por la crisis económica. La pobreza energética, en la que viven muchas familias sin recursos suficientes para pagar la factura eléctrica, saltó a la luz de manera trágica tras cobrarse la primera víctima mortal en Reus hace ahora un mes. El caso de la anciana que falleció asfixiada en un incendio dentro de su casa, donde llevaba dos meses alumbrándose con velas, ha encendido las discusiones dentro del Congreso de los Diputados, pero la solución de emergencia que ahora se requiere tropieza, de momento, con la brecha ideológica que separa a los principales partidos políticos.

Álvaro Nadal se reúne con los grupos parlamentarios para abordar la financiación del bono social. (EFE)
Álvaro Nadal se reúne con los grupos parlamentarios para abordar la financiación del bono social. (EFE)

Los representantes de Podemos se han lanzado en tromba para denunciar que las compañías eléctricas han dejado sin luz a más de 7,3 millones de hogares en los últimos seis años. La formación que dirige Pablo Iglesias abunda en su ofensiva con un dato más elocuente si cabe, ya que un 13% de los cortes se prolongó en plazos superiores a un mes. Lo que no tiene en cuenta Podemos es que la cifra descomunal de interrupción del suministro incluye la baja ordinaria de clientes y el propio cierre o traspaso de negocios, por lo que tampoco se puede considerar en su conjunto como una referencia válida para calibrar la pobreza energética real que existe en España.

Los baremos que maneja el Ministerio de Energía sitúan en un total de 800.000 el número de cortes de luz producidos como consecuencia del impago del recibo durante estos años de crisis económica. La información oficial más rigurosa reside en las comunidades autónomas y, sobre todo, en los ayuntamientos, a través de los respectivos y más directos departamentos de Servicios Sociales. De ahí el interés con que Álvaro Nadal se ha entrevistado hace unos días con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para aclarar el verdadero alcance del problema y establecer un marco urgente de colaboración a nivel territorial en toda España.

Los Servicios Sociales de los ayuntamientos son clave para identificar a los clientes realmente vulnerables y que no tienen capacidad para pagar el recibo de la luz

El planteamiento del Gobierno consiste en aprovechar la nueva financiación del bono social —que actualmente perciben en España 2,4 millones de hogares— para reestructurar el marco de subvenciones en el mercado minorista de electricidad en beneficio de los colectivos que realmente precisan la ayuda del Estado. La cobertura del 25% del recibo de la luz supone un coste de 180 millones anuales, y el ministro de Energía considera que este importe debe servir también para sufragar un fondo de contingencia destinado a compensar de manera automática cualquier impago por parte de eventuales clientes vulnerables.

Álvaro Nadal considera que el problema de los cortes de electricidad, más allá de las reivindicaciones políticas y sociales que suscita, solo puede atenderse con un acuerdo económico que garantice el pago a las compañías eléctricas. La identificación de los beneficiarios de este sistema automático sería competencia directa de los ayuntamientos, en función de unos parámetros previamente establecidos. No obstante, la cuantía inicial del fondo contra la pobreza energética supone un esfuerzo financiero de tan solo 22 millones de euros, teniendo en cuenta los datos históricos de interrupción del suministro producido realmente por impago del servicio.

El nuevo modelo del bono social será abordado dentro de un proyecto de ley que el Ministerio de Energía quiere tener aprobado en el primer trimestre de 2017, y en el que también se establecerán criterios de renta como condición básica para el acceso a este tipo de subvenciones. En la actualidad, las ayudas están destinadas a colectivos muy heterogéneos que incluyen a todo tipo de familias numerosas, con independencia de su capacidad económica. También benefician a las viviendas con menos de tres kilovatios de potencia contratada, entre los que se incluyen muchos despachos profesionales y negocios que no constituyen precisamente lo que se dice clientes vulnerables.

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