El bono social irá a cargo del recibo de la luz si no hay un pacto exprés en el Parlamento

La indemnización de 500 millones de euros que el Tribunal Supremo obliga a pagar a las eléctricas por los recargos del bono social puede terminar en una factura adicional a repartir en el recibo de la luz de todos los españoles. El planteamiento del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para buscar una fórmula que garantice la financiación a futuro de dicha subvención, destinada a los llamados hogares vulnerables, no tiene todavía suficiente respaldo parlamentario, y los distintos grupos de la oposición mantienen muy diferentes posiciones acerca de los aspectos esenciales de la política energética que propone el nuevo Gobierno.

La distancia que separa a los diversos grupos del arco parlamentario se puso de manifiesto en la comparecencia, celebrada ayer a petición propia en el Congreso de los Diputados, del máximo responsable ministerial. Nadal hizo un repaso general de su programa político en los sectores de Energía, Turismo y Agenda Digital, con el fin de establecer una base transparente de diálogo durante la actual legislatura. La mano tendida del ministro forma parte de la estrategia expuesta desde el primer momento por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero la buena voluntad no parece que vaya a ser suficiente para asegurar acuerdos realmente viables.

El Gobierno va a tener que asumir un importante ejercicio de renuncia si quiere asegurar los más elementales pactos de Estado en materias de amplia sensibilidad social. El complicado debate que desde hace unas semanas está abierto en canal sobre el desarrollo del bono social eléctrico es la punta del iceberg que demuestra las enormes turbulencias a las que se enfrentan la acción política del Partido Popular y su precaria mayoría en el Parlamento. Hace días que el ministro de Energía ha trasladado a los representantes de todos los grupos políticos el borrador de un real decreto para asegurar la cobertura de los subsidios en la factura eléctrica siguiendo las directrices de Bruselas.

El real decreto sobre el bono social sigue estancado, dadas las diferencias que los partidos de izquierda mantienen con el Gobierno en política energética

No en vano, el bono social fue aplicado a instancia de una directiva comunitaria por el Gobierno socialista de Zapatero, pero las grandes compañías eléctricas, en concreto Endesa y Viesgo (antigua EON España), impugnaron la medida, alegando discriminación con el resto de comercializadoras independientes que estaban extentas del pago. La respuesta se ha traducido en una sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de octubre dio la razón al sector, anuló el bono social y obligó a reparar el daño con el pago de una compensación de 500 millones correspondientes a los años 2014 y 2015, incluidos los intereses.

El presupuesto del sistema eléctrico se sitúa para el próximo año en 17.800 millones de euros, pero, de esta cifra, casi 3.000 corresponden a los costes financieros derivados de la enorme deuda acumulada por la política desenfrenada de subvenciones a las energías renovables llevada a cabo en la antigua etapa de crecimiento y abundancia económica. La indemnización del bono social vendría ahora a corregir y, sobre todo, aumentar el recibo de la luz en detrimento de todos los consumidores, que durante los próximos 25 años van a tener que seguir paganado a escote las consecuencias de decisiones energéticas que el tiempo ha demostrado nefastas.

Para evitar un nuevo desaguisado en la factura eléctrica, el Ministerio de Energía ha ofrecido al resto de partidos un sistema de financiación, previamente pactado con el comisario de Energía y Medio Ambiente de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, que trata de evitar discriminaciones en la financiación del bono social. El problema reside en que el Gobierno considera que la solución debe aplicarse extendiendo la financiación a todas las comercializadoras y no solo a las que son filiales de grupos integrados. Los principales partidos de la oposición tratan de aprovechar la situación para ampliar el pago a todas las eléctricas, incluyendo las empresas generadoras, las distribuidoras e incluso Red Eléctrica, como operador y transportista del sistema.

Álvaro Nadal quiere llevar una ley de medidas sociales contra la pobreza energética, pero necesita antes un consenso con las autonomías y los ayuntamientos

El 'café para todos' que proponen principalmente los partidos de izquierda, PSOE y Podemos, echa por tierra los requerimientos comunitarios, ya que supone, de hecho, una discriminación por elevación que puede tumbar el futuro decreto en Bruselas. El ministro no quiere dar palos de ciego en una materia donde están en juego intereses económicos, pero de la que depende buena parte de la credibilidad social del nuevo Gobierno. De ahí que el futuro decreto del bono social no fuera aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tal y como estaba inicialmente previsto, lo que, a su vez, ha retrasado su convalidación parlamentaria que, en principio, debía efectuarse este mismo jueves.

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Para Nadal, el acuerdo de financiación inicial sobre el bono eléctrico es el punto de partida de una normativa de mayor rango, que el Gobierno quiere adoptar con el mayor respaldo político, para luchar contra la pobreza energética en España. La futura Ley de medidas sociales en materia energética forma parte de las prioridades legislativas para el próximo año, y está siendo discutida con los grupos parlamentarios y también con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que, a fin de cuentas, son las que poseen la mayor parte de las competencias. Nadal se entrevistó el pasado viernes con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, con objeto de establecer un marco de colaboración que permita la aplicación automática de ayudas verdaderamente eficaces contra la pobreza energética.

Este mismo relato de consenso y colaboración fue expuesto igualmente por el ministro de cara a la reestructuración del mercado de las telecomunicaciones, a partir de lo que se denomina el dividendo digital, que consiste en liberar la franja del espectro radioeléctrico de los 700 Mhz, sin que ello suponga un quebranto de los servicios de TDT ni provoque nuevas molestias de resintonización a los ciudadanos. La agenda digital del Gobierno, siguiendo la denominación del nuevo ministerio que dirige Álvaro Nadal, se fundamenta en el desarrollo de redes 5G de nueva generación que, según el ministro, son clave para que España pueda subirse en marcha al tren de la gran revolución de internet.