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Las aerolíneas replican a Aena y piden a Fomento una bajada de tasas del 2,6%
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la decisión dependerá del futuro gobierno

Las aerolíneas replican a Aena y piden a Fomento una bajada de tasas del 2,6%

Han contratado a Frontier Economics, consultora experta en materia de regulación, para desmentir los cálculos de Aena sobre las futuras tasas aeroportuarias

Foto: Un avión despega del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. (Reuters)
Un avión despega del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. (Reuters)

Las compañías aéreas que operan en España, agrupadas en las asociaciones empresariales ALA y ACETA, han contratado los servicios de la consultora internacional Frontier Economics para hacer valer ante Aena su propuesta de bajada de tarifas aéreas de cara a la elaboración del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en España. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para emitir la resolución vinculante que se hará efectiva durante los próximos cinco años, condicionando la evolución de los precios de los billetes de avión entre 2017 y 2021.

Las espadas están en todo lo alto después de que Aena haya presentado a mediados de marzo su planteamiento definitivo al Ministerio de Fomento. El gestor aeroportuario ha explicado a los representantes de su accionista mayoritario, que no es otro que el Estado, la necesidad de apurar al máximo los márgenes que establece la actual regulación, evitando cualquier recorte de las tarifas que pagan las compañías aéreas. La Ley 18/2014 señala que dichas tasas deben experimentar un crecimiento cero a lo largo de los próximos 10 años, lo que así y todo generará un importante agujero financiero de acuerdo con los datos que maneja la compañía.

Aena fundamenta el cálculo de los ingresos regulados que se derivan de las tasas aeroportuarias a partir del coste de capital, un factor básico del negocio y que la compañía ha ido ajustando en sus documentos de trabajo desde un 9,3% inicial a un 8,4% en la propuesta enviada finalmente al Gobierno. Sobre la base de esta última referencia, y teniendo en cuenta un Ingreso Anual Máximo por Pasajero (IMAP) de 10,9 euros, Aena considera que las tasas deberían subir anualmente un 1,94% para asegurar los recursos necesarios que permitan amortizar la deuda incurrida y retribuir de manera razonable a sus accionistas.

La congelación que propone Aena dará lugar a un déficit de ingresos regulados de 700 millones, según los últimos cálculos del propio gestor aeroportuario

Bajo estas variables de partida, el incremento cero de las tarifas a lo largo de los próximos cinco años supondrá para el gestor aeroportuario un déficit no recuperable en todo el periodo de más de 700 millones de euros. Para una sociedad cotizada en bolsa, las limitaciones comerciales que se derivan de su naturaleza estatal constituyen un verdadero desafío, pero el Ministerio de Fomento no está dispuesto a entablar ahora un conflicto con las aerolíneas, máxime teniendo en cuenta que las tasas de Aena subieron más del 30% durante los dos últimos años del Gobierno de Zapatero.

Las compañías aéreas saben perfectamente dónde le aprieta el zapato a la ministra Ana Pastor y han forzado la máquina de sus reivindicaciones contratando los servicios de una firma de consultoría experta en estrategia de mercado y definición de marcos regulatorios como es Frontier Economics. El estudio elaborado por esta compañía y presentado por las asociaciones sectoriales durante la fase de consulta del primer DORA contradice las estimaciones de Aena y proyecta el coste del capital del gestor aeroportuario en una media del 6%, lo que permitiría una reducción de las tarifas del 2,59% anual para el periodo 2017 a 2021.

La decisión de Aviación Civil se hará esperar hasta los últimos días del calendario oficial, dada la precaria situación de un Gobierno en funciones que tampoco está por la labor de abrir nuevos frentes de batalla en materias de alto componente social. Las tasas aeroportuarias forman parte de la discusión natural que atañe a distintos agentes económicos enfrentados en un claro conflicto de interés, pero la decisión final que se adopte revierte de forma automática y directa en el usuario, ya que puede facilitar una bajada sustancial del precio de los billetes de avión en España.

La resolución final se retrasará hasta el 30 de septiembre, por lo que el Ministerio de Fomento trasladará la ‘patata caliente’ al nuevo Gobierno

Los actuales responsables del Ministerio de Fomento tienen argumentos de sobra que permiten trasladar la ‘patata caliente’ a los sucesores que lleguen al poder tras la virtual convocatoria de nuevas elecciones legislativas para el 26-J. No en balde, la resolución definitiva sobre las tarifas aeroportuarias debe cumplimentar el trámite consultivo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que tienen de plazo hasta el 1 de septiembre para emitir sus respectivos veredictos.

El papel del regulador económico que preside José María Marín Quemada es fundamental para entender hasta qué punto la Administración del Estado apuesta por el futuro de Aena o prefiere aprovechar las ventajas competitivas adquiridas por el gestor aeroportuario para transferir rentas a los ciudadanos. Ana Pastor y la CNMC han mantenido no pocos enfrentamientos sobre la estrategia corporativa de Aena, pero si en algo han estado de acuerdo ha sido en la conveniencia de favorecer unas menores tasas que presionen a la baja el precio de los billetes de avión. Si las aerolíneas garantizan este objetivo finalista, nada tendría de extraño que el primer DORA se saldase con un nuevo descuento de los precios que pagan las compañías aéreas por utilizar los aeropuertos de la red pública en España.

Las compañías aéreas que operan en España, agrupadas en las asociaciones empresariales ALA y ACETA, han contratado los servicios de la consultora internacional Frontier Economics para hacer valer ante Aena su propuesta de bajada de tarifas aéreas de cara a la elaboración del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en España. La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para emitir la resolución vinculante que se hará efectiva durante los próximos cinco años, condicionando la evolución de los precios de los billetes de avión entre 2017 y 2021.

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