Telefónica entierra los ERE en su futuro marco de relaciones laborales

Telefónica ultima las negociaciones con los sindicatos para la puesta en marcha del nuevo convenio que pretende revolucionar el marco de relaciones laborales de la primera multinacional española, con vistas a la transformación digital en el mercado global de las telecomunicaciones. El planteamiento de la compañía trata de dar adecuada respuesta a la reclamación de los representantes de los trabajadores para acabar de forma definitiva con la tradicional fórmula de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que han servido como piedra angular del ajuste histórico llevado a cabo dentro del mercado de trabajo en España.

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El 'entierro' oficial de las extinciones obligatorias de los contratos dará lugar a un esquema voluntario de suspensión de empleo que permitirá a un colectivo estimado de 30.000 trabajadores del grupo solicitar la baja provisional a cambio de recibir una parte de su retribución neta. El importe de este salario regulador forma parte de las discusiones del convenio, así como la edad a partir de la cual se habilita la opción de este novedoso mecanismo de reestructuración. El eventual acuerdo se extenderá de forma integral a las filiales españolas del grupo, como son Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones.

Estas tres compañías se agruparán dentro de un nuevo y único esquema de relaciones contractuales bajo los principios de universalidad, voluntariedad y no discriminación. Fuentes de los propios sindicatos consideran que la solución que se negocia con la dirección de Telefónica tendrá un importante componente social para los beneficiarios del futuro convenio, desde el momento en que facilitará la conciliación de la vida laboral y profesional de los empleados que soliciten su salida del grupo.

Telefónica ha abordado desde principios de siglo ajustes colectivos que han supuesto una reducción conjunta de 31.500 trabajadores en España

El denominado Plan Flexible de Suspensión de Empleo tendrá carácter individual y voluntario e implicará el pago de todos los costes por parte de Telefónica, incluyendo los derivados de los planes de pensiones, seguros de salud y demás garantías laborales que serán devengadas por el trabajador durante su periodo de baja. Al no tratarse de un ERE ni una fórmula alternativa de despido, los empleados de Telefónica tendrán abierta la posibilidad de reincorporarse a su puesto de trabajo tanto a petición propia como de la misma compañía.

La adopción del nuevo marco estructural de relaciones laborales deberá ser refrendada por el Ministerio de Empleo, si bien sus efectos serán neutros para el erario público, incluyendo la Seguridad Social. Los trabajadores dispondrán de un salario regulador hasta la edad oficial de jubilación y no tendrán que apelar a ningún tipo de prestación pública por desempleo. De acuerdo con la información difundida entre las bases sindicales de Telefónica, el consejo de administración de la compañía que preside César Alierta abordó ayer el estado de situación de las negociaciones del convenio y adoptó los acuerdos pertinentes para dar carta de naturaleza a una propuesta que deberá hacerse efectiva antes de que termine el presente ejercicio.

La iniciativa de Telefónica puede marcar la pauta de actuación de muchas de las grandes empresas del Ibex en el proceso de adaptación a la reforma estructural del mercado de trabajo llevada a cabo por el Gobierno. La singularidad del plan que ahora está siendo ultimado adquiere mayor trascendencia si se observa el peso relativo de la compañía dentro de su sector de actividad. La operadora incumbente cuenta con un 42% de la cuota de ingresos y un 78% en empleados, pero su ratio de gastos de personal sobre ingresos es del 19%, lo que supone cinco puntos más que Vodafone y casi el doble que Orange.

Telefónica ha sido uno de los agentes industriales más intensivos en el ajuste laboral que se viene realizando en España desde principios de siglo. Los ERE de la multinacional han sido objeto permanente de controversia tanto en las discusiones internas con los sindicatos como en las relaciones con la Administración del Estado. No en vano, la operadora ha reducido más de 31.500 puestos de trabajo a través de sucesivos ajustes colectivos llevados a cabo casi de manera ininterrumpida. El primer expediente alcanzó a 10.800 trabajadores entre los años 1999 y 2000; el segundo se elevó a un total de 13.870 empleados en el periodo comprendido entre 2003 y 2007, y el tercero y más reciente, materializado desde 2011 hasta 2013, ha supuesto la disminución de otras 6.830 personas en la nómina del grupo. El objetivo ahora es ajustar sin despedir dentro de una política menos drástica pero quizá más eficiente para la transformación operativa y la imagen reputacional de la primera empresa del país. El tiempo y los trabajadores tienen la última palabra.