Fondos extranjeros descubren 3.000 M de España en EEUU para cobrar sus pleitos

Por las buenas o por las malas, pero los inversores extranjeros que han vencido a España en arbitrajes internacionales por los sucesivos recortes a las energías renovables están decididos a cobrar sus indemnizaciones.

Así, fuentes financieras señalan que tras hacer trabajos de búsqueda, los fondos han descubierto 3.000 millones de euros en activos financieros propiedad del Reino de España localizados en Estados Unidos.

Esto ha sido recibido con optimismo, ya que se trata de recursos de los que tirar para garantizarse el cobro reconocido por los tribunales arbitrales. Además, los activos financieros (acciones, bonos, divisas, etc.) son altamente valorados, dada su liquidez, muy superior a otro tipo de bienes oficiales que suelen tener los países registrados como activos inmobiliarios.

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Muchos de ellos son inejecutables, ya que se trata de bienes inmuebles —como consulados o embajadas— que gozan de inmunidad diplomática y contra los que no se puede ir.

Como ya adelantó El Confidencial a principios de 2018, los fondos de inversión estaban rastreando Estados Unidos en busca de activos con los que garantizarse el cobro de los laudos, que pese a haber sido reconocidos por el Ciadi o la Cámara de Comercio de Estocolmo, está encontrando dificultades tanto con el Gobierno de España como con las instituciones europeas.

Por un lado, la Comisión Europea emitió un comunicado a finales de 2017 en el que advertía de que España debía primero notificar a Bruselas cualquier pago debido a uno de estos arbitrajes para que el área comunitaria de competencia evaluara si este desembolso se hace con arreglo a la normativa de ayudas de Estado. Dicho de otro modo, Bruselas podría obligar a España a que no pague por entender que este dinero excede a las leyes comunitarias y se trata de una ayuda incompatible con el derecho de la Unión. Esto ya se dio en otros países con el paradigmático caso Micula.

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Por otro lado, Bruselas advirtió recientemente también a través de un comunicado que los arbitrajes basados en la Carta de la Energía, bajo los que se encuentran las casi 40 disputas que mantiene España, no son válidos, ya que en Europa rige el derecho comunitario y la última instancia judicial es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una situación que ejemplifica esta problemática fue el caso Achmea, que tumbó un arbitraje entre países europeos.

Basándose en este, España trató, bajo el mandato del anterior Gobierno del Partido Popular, acabar con la victoria de Novenergía en Estocolmo, y por el momento la Justicia sueca ha decretado medidas cautelarísimas sobre el caso.

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Con este panorama, los inversores no están dispuestos a esperar, por lo que varios de ellos han solicitado a un tribunal de Washington DC que confirme su laudo para posteriormente ejecutar el cobro del mismo. Esta es una práctica habitual dentro del arbitraje internacional.

Este mismo verano, los fondos Eiser, Novenergía y Antin, todos ellos ganadores de sus respectivos arbitrajes, han decidido optar por esta vía, con lo que estarían a la espera de que un juez de la capital de Estados Unidos valide sus reclamaciones para lanzarse a por bienes de España. Entre los tres tienen reconocidos casi 300 millones de euros, más los intereses de demora, con lo que España cuenta con patrimonio de sobra en el país gobernado por Donald Trump para pagar. Además, de los anteriores, España ha perdido otro arbitraje contra Masdar, el fondo soberano de Abu Dabi. Otros 64,5 millones de euros.

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Sin embargo, el problema no acaba aquí, los pleitos han ido cayendo en cascada hasta casi 40 arbitrajes en diferentes instancias. En total, suman reclamaciones de más de 8.200 millones de euros. El último arbitraje ha sido registrado por la multinacional japonesa Itochu. Esta compañía, la segunda firma de electrónica nipona tras Mitsubishi, pide alrededor de otros 100 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situación.

En este escenario, la actitud del nuevo Gobierno socialista difiere completamente de la adoptada por el anterior Ejecutivo, cuya reforma de 2013 ha sido clave para que prosperen las reclamaciones de los fondos. Sin embargo, esta reforma logró parar la sangría de déficit del sistema eléctrico.

Ahora, el equipo liderado por Pedro Sánchez trata de buscar algún tipo de acuerdo extrajudicial, tal y como informó El Confidencial, que permita liberar a España de esta causa, cada vez más inabarcable para la Abogacía del Estado, que defiende al Gobierno. La cuestión será a qué precio.