El PP frena al Banco de España y rechaza subir de nuevo la edad de jubilación

El Banco de España tiene una receta para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones: hay que alargar de nuevo la edad de jubilación, hoy situada en 67 años. Sin embargo, su entrada en vigor ha sido retrasada a través de medidas transitorias. Hasta 2027, de hecho, no finalizará el periodo provisional.

Lo ha dicho el gobernador Luis María Linde en la comisión parlamentaria que estudia la actualización del Pacto de Toledo: cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años "tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema".

No opina así el grupo popular. Según su portavoz, Gerardo Camps, antiguo secretario de Estado de la Seguridad Social en época de Aznar, “el PP no es partidario de elevar la edad de jubilación”. Básicamente, por una razón. Según Camps, el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta los factores demográficos, lo cotizado y el número de años trabajados, es suficiente para garantizar las pensiones. De hecho, este factor no entrará en vigor hasta el año 2019. Hasta ahora, la única reforma paramétrica plenamente vigente es el índice de revalorización de las pensiones (mínimo de incremento un 0,25% y máximo, el IPC más 0,5 puntos).

Y es que, según Camps, lo relevante es saber cuánto se quieren gastar los ciudadanos en pensiones públicas. “¿Un 11%, un 12%, un 13%…?”, se preguntó durante su intervención. Es más, en su opinión, hay que tomar una decisión sobre cuánto hay que financiar vía impuestos y cuánto vía cotizaciones. O cómo se incardina un sistema privado de pensiones en uno público, que podría gestionar incluso fondos privados.

El Gobierno, como se sabe, se ha mostrado partidario de 'destopar' parcialmente las cotizaciones de los trabajadores (no se cotiza por todo el salario en lo sueldos altos), pero, según el gobernador, esa no es una buena idea. Para Linde, la eliminación de los topes máximos de cotización generaría un aumento de ingresos significativo, pero al mismo tiempo supondría una fuerte elevación de los costes laborales. De hecho, sostiene, si no se produce un incremento paralelo de las pensiones máximas, eso provocaría “una reducción significativa de la relación entre las contribuciones y las prestaciones”, una relación que es, en su opinión, conveniente mantener.

Más recortes o subida de impuestos

Según Linde, que reconoció no ser un experto en pensiones, también se puede optar por restringir el concepto de pensión contributiva exclusivamente a las pensiones de jubilación, que seguirían siendo financiadas con cotizaciones sociales, mientras que el resto pasarían a ser financiadas con impuestos generales. “Usted sabe más que yo sobre pensiones”, le llegó a decir el gobernador Linde al diputado Camps.

Obviamente, asegura, esto exigiría aumentar la imposición general, o reducir otros gastos públicos para poder financiar aquellas pensiones —en particular, orfandad y viudedad— que se transfieran desde el presupuesto de la Seguridad Social al del Estado. Y en este sentido, sugiere que si se opta por un incremento de los impuestos, "sería importante que la cesta resultante de impuestos resulte lo menos distorsionadora posible para el crecimiento".

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El portavoz 'accidental' de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, lanzó la idea de que las rentas más altas pagaran más para financiar las pensiones públicas. Además de implementar otras políticas, como aumentar el permiso de paternidad (para favorecer la natalidad), 'destopar' las cotizaciones (pero manteniendo la cuantía de la pensión máxima) o desincentivar los planes de pensiones privados. Incluso habló del Plan Energético Nacional para financiar las pensiones.

Como una medida más estratégica, el gobernador Linde apunta la posibilidad de que se apruebe un mecanismo automático entre la esperanza de vida y la edad de jubilación. Es decir, un sistema parecido al de las llamadas cuentas nocionales, que existe en países como Suecia o Italia.

En su opinión, la revalorización de las pensiones también debe contar con aspectos como la productividad, y por lo tanto rechaza que se vuelva a tener en cuenta que sea el IPC el que decida cuánto tienen que subir las pensiones.