LOS IMPUESTOS DEBERÍAN PAGAR TAMBIÉN LAS PENSIONES

El BdE propone alargar la edad de jubilación y revisar el periodo de cálculo

El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a la palestra. Ayer le tocó el turno al gobernador del Banco de España, Miguel

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El BdE propone alargar la edad de jubilación y revisar el periodo de cálculo
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    El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve a la palestra. Ayer le tocó el turno al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien durante una comparecencia parlamentaria para dar su opinión sobre la renovación del Pacto de Toledo dijo que “el sistema [la Seguridad Social] podría entrar en déficit creciente a partir de 2025”. Es decir, dentro de poco más de 15 años.

    Aunque el gobernador no dio cifras concretas, se apoyó en diferentes estudios elaborados por los ministerios de Economía y Trabajo, y su conclusión es que el gasto en pensiones respecto del PIB se duplicará en los últimos años. Básicamente por una razón. De acuerdo con las proyecciones demográficas de Eurostat, elaboradas en 2008, la tasa de dependencia (población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar) “se podría más que duplicar entre 2008 y 2050”. En concreto, desde el 24% actual hasta casi el 59% en 2050. Por eso, dijo Fernández Ordóñez a los diputados que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo, hay que aprobar reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

    ¿Y qué reformas?, se preguntó en voz alta el gobernador. Pues ni más ni menos que las adoptadas en otros países del entorno económico de España. Citó, en particular, cuatro. En primer lugar, el retraso en la edad legal de jubilación. A su juicio, por un lado, hay que endurecer el acceso a las jubilaciones anticipadas, y, por otro, habría que incrementar gradualmente la edad de jubilación desde los  65 años actuales hasta el entorno de los 67 años, como se ha hecho en Alemania. Esta medida, sostuvo el gobernador, tendría  “un fuerte efecto en términos de reducción del gasto en pensiones”.

    La segunda gran reforma que sugiere el Banco de España –Mafo habló de ‘reflexiones’ y no de propuestas formales- tiene que ver con la ampliación del periodo que ahora se tiene en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones, los últimos 15 años de vida laboral. El gobernador puso como ejemplo a Francia, donde se ha pasado recientemente de 10 a 25 años, mientras que en Austria ha aumentado desde los 15 hasta los 40 años. Igualmente, en  un número importante de países (Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia) el periodo de cálculo se ha aumentado a la totalidad de la vida laboral.

    En tercer lugar, el Banco de España plantea a los políticos que exploren la posibilidad de que  se reduzca la llamada  tasa de sustitución de las pensiones, es decir, la diferencia entre la cuantía de las pensiones y el salario último que percibía el trabajador antes de la jubilación.

    Pensiones e inflación, una reforma

    La última sugerencia del gobernador tiene que ver con la necesidad de reformar el sistema de actualización de las pensiones para adecuarlas al crecimiento de los precios. Ordóñez celebra que el IPC sea la referencia, pero cuestiona –aunque en un tono críptico- que las pensione no se revisen a la baja cuando la inflación real es inferior a la prevista. Dicho según sus palabras, se trataría de que “las compensaciones por desviación de la inflación prevista sobre la observada se produjeran de forma simétrica”, es decir, tanto al alza como a la baja.

    Las ‘reflexiones’ del gobernador no son nuevas. Ni por supuesto originales. La mayoría de los expertos apuesta por una reforma en profundidad del sistema de pensiones, precisamente para garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo. Y ayer mismo, en la misma Comisión del Pacto de Toledo, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, y uno de los mayores expertos en el sistema de pensiones recordó que las prestaciones no están garantizadas si la Seguridad Social se sigue financiando exclusivamente con cotizaciones sociales.

    Según sus cuentas, si el coste de las pensiones se ajustara  a los que se estima que se pueda recaudar por cotizaciones, “implicaría que, por lo menos, las pensiones se tendrían que reducir en un 40%”. Dicho en otros términos,  sostiene Zubiri, “si queremos tener una garantía razonable de que las cotizaciones van a poder pagar las pensiones -y esa es la única medida que tomamos- deberíamos reducir las pensiones en torno a un 40% en promedio”. En su opinión, “la idea de que solo es legítimo financiar pensiones con cotizaciones realmente no tiene demasiado efecto conceptual ni práctico”. Para cubrir ese déficit, Zubiri sugiere que “si los niveles de cotización socialmente determinados no se pueden financiar con rentas del trabajo que se financien con rentas del capital que, además, van in crescendo”.

    Zubiri no está solo en su idea de acabar con la separación total de fuentes de financiación del sistema público de pensiones, uno de los pilares con los que se construyó el Pacto de Toledo. Para el profesor Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, se debería “relajar parcialmente” la independencia financiera y la separación de fuentes que se propugnaba en el Pacto de Toledo original, y lo justifica porque “inevitablemente el futuro va a obligar a relajar esas condiciones y a que el Estado tenga que ayudar a sostener el sistema de la  Seguridad Social”.

    Lagares plantea la necesidad de caminar hacia un nuevo modelo de financiación, y en línea con lo que han sugerido diferentes servicios de estudios en los últimos meses, propone rebajar las cotizaciones y compensar esa caída de la recaudación con una subida del IVA. Según sus estimaciones, “si se redujeran tres puntos las cotizaciones sociales y se subieran dos puntos el IVA, el equilibrio podría lograrse”. Lagares recuerda que el impuesto sobre el valor añadido en el conjunto de países de la  Unión Europea tiene un tipo medio del 20%, cuatro puntos por encima de España, lo que significa que hay margen de maniobra en un país donde la presión fiscal se sitúa, además, muy por debajo de la europea (en torno a seis puntos). Eso sí, considera que antes de subir los impuestos, el Estado debe reducir sus gastos corrientes.

    Junto a esta reforma, el profesor Lagares plantea la necesidad de alargar la edad legal de jubilación -de forma gradual- hasta los 70 años.

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