Báñez anuncia mayor proporcionalidad entre lo cotizado y la cuantía de las pensiones

La tercera reforma de las pensiones en los últimos cinco años está en marcha. Y en esta ocasión, el eje central de la reforma será avanzar en la llamada contributividad del sistema. Es decir, que haya mayor proporcionalidad entre lo cotizado por los trabajadores durante su vida laboral y lo que perciben en el momento de su jubilación.

Actualmente, la tasa de remplazo española —la sustitución de la última nómina por la primera mensualidad como pensionista— es una de las más 'generosas' de la OCDE. Un 80%, frente al 52% como media en los países más avanzados del planeta. Es, de hecho, la segunda más alta de la OCDE.

Así lo ha anunciado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la primera reunión de la comisión del Pacto de Toledo, nacida hace ahora 20 años como una especie de observatorio capaz de identificar en cada momento los problemas de la Seguridad Social. En palabras de Báñez, hay que “reforzar el carácter contributivo del sistema de reparto”, porque de esta manera se garantizan la equidad y la solidaridad.

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¿Cómo se plasmará este principio? La ministra no avanzó detalles, pero dejó claro que hay que reforzar el esfuerzo contributivo “entre regímenes”. Es decir, de lo que se trata es de reducir el déficit de algunos regímenes, como el de autónomos, cuyo desequilibrio actual alcanza los 6.600 millones de euros. En aras de avanzar en la separación de fuentes, por otra parte, Báñez sugirió la posibilidad de que sean los impuestos, y no las cotizacions sociales, quienes financien bonificaciones al empleo, como las tarifas planas, cuyo coste agrava el desequilibrio actual del sistema público de protección social.

Según Báñez, aunque la Seguridad Social tendrá este año un déficit equivalente al 1,6% del PIB, no caben los “alarmismos”, ya que, en todo caso, y aunque se acabe el Fondo de Reserva (25.255 millones de euros en estos momentos), el sistema de protección social siempre cuenta con la garantía del Estado. Entre otras cosas, porque a largo plazo, hacia 2060, el gasto en pensiones en España será menor que en los países de la UE. En concreto, el 11% del PIB, una cifra que, según la ministra, es perfectamente asumible por el país, siempre que se sigan creando puestos de trabajo.

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Hay que tener en cuenta que la destrucción de empleo explica el 70% del deterioro financiero de la Seguridad Social, que ha pasado de tener un superávit equivalente al 1,37% del PIB en 2007 a registrar un déficit del 1,6%. Es decir, el desequilibrio se ha ensanchado en ese periodo en unos 30.000 millones de euros.

Aunque se han recuperado la mitad de los empleos destruidos por la crisis, lo cierto es que los recursos propios del sistema se resienten, y de ahí que se busque un nuevo pacto con los grupos de oposición. Báñez ha descartado una reforma unilateral y ha llamado a un pacto con sindicatos y empresarios. Por lo tanto, la intención del Gobierno es que la nueva reforma se haga por consenso. “Deben primar el consenso y el acuerdo”, ha dicho mientras desgranaba algunos de los problemas a medio y largo plazo del sistema público de protección social. En particular, el envejecimiento.