La UE amenaza con elevar 40.800 millones la deuda pública con los créditos de la banca

La reacción generalizada del sector financiero es que la investigación abierta por la Comisión Europea sobre los créditos fiscales ha sido de tranquilidad absoluta, y así se ha reflejado también en bolsa. A su juicio, Bruselas no puede determinar la supresión de estos activos de su capital –el gran temor de los bancos–,sino simplemente considerar que son ayudas de Estado. Y en ese caso, la consecuencia sería que Cristóbal Montorotendría que contabilizar su importe total, 40.800 millones, como deuda pública, que se incrementaría en otros 4 puntos porcentuales del PIB y superaría el 100%.

Esta posibilidad ya se planteó en mayo del añopasado, como informó entoncesEl Confidencial, cuando Eurostat mostró su reticencia a la intención de España de que estos créditos fiscales no computasencomo déficit ni deuda públicos. Entonces también cundió el temor en el sector a que, si finalmente debían computar en las cuentas del Estado, Montoro obligara a reducir su cuantía en vísperas de los test de estrés que iba a realizar el BCE.La aprobación delreal decreto-ley que modificaba el tratamiento de estos activosse demoró varios meses precisamente por las reticencias de Hacienda, que quería estar completamente segura de que esta norma no iba a tener impacto en las cuentas públicas. Así, cuando se aprobó a finales de noviembre de 2013, todo el mundo entendió queeste extremo se había negociado con Bruselas.

El gobernador del Banco de España,Luis Linde, dijo ayer que"la dirección general de competencia se ocupa de si afecta a las normas decompetencia, no de regulación bancaria", que corresponde al BCE. Con eso quiso decirque la investigación no afectará al cómputo de estos activos en las ratios de solvencia de las entidades. Y añadióque no se trata de un procedimiento formal, sino de una mera petición de información que no afectasólo a España, sino también a Italia, Grecia y Portugal.

En este mismo sentido se expresóJosé Sevilla, consejero delegado de Bankia, una de las entidades que se verían más perjudicadas si los activos fiscales diferidos (DTA) tuvieran que restarse de su ratio de capital: "Es un debate sobre si son ayudas de Estado o no", que es lo que tendrá que despejar la Comisión."La reforma del Gobierno cumple con todos los condicionantes para no ser ayudas de Estado, así que no nos genera más preocupación", añadióen los Encuentros del Sector Financiero organizados por Deloitte en Madrid.

Los DTAson créditos contra la Hacienda pública procedentesde las fuertes provisiones realizadasen los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones (que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades), y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales, incluido el español,garantizaron su recuperación íntegra,aunque no se alcance elnivel de beneficios necesario. Y esa garantíaes lo que cuestiona ahora la Comisión Europea.

¿Las garantías del Estado son deuda pública?

Lo que está en juego essi los DTA monetizables deben computar o no en la deuda pública. Ahora mismo, no cuentan ni para el déficit ni para la deuda, tal como aseguró Guindos en 2013, cuando dijo que esta medida no costaría dinero a los contribuyentes. Su impacto en déficit sólo se producirá si estos créditos se activan y se "monetizan", es decir, si los bancos los cobran de Hacienda con la consiguiente pérdida para el Estado.Cosa distinta esla deuda, que es donde está la polémica. En principio, los DTA son similares a un aval, por lo que se consideran deuda avalada y no computan en la deuda pública mientras no se ejecuten. Pero si la Comisión los consideraayudas de Estado ilegales, sí tendrían que incluirse, según diferentes fuentes del sector.

En todo caso, tanto las entidades como los analistas consideran que estamos al inicio de un proceso que puede prolongarse durante años hasta que Bruselas lo resuelva y, en caso de que lo haga de forma negativa para España, siempre podría recurrir al Tribunal de Luxemburgo.Además, España tiene a su favor que lo único que hizo con su norma fue ponerse a la altura de los grandes países europeos, que ya tenían normas similares o incluso más favorables a la banca, y que la UE no puso ninguna pega cuando se aprobó.

La clave está en la actitud del BCE

Así pues, hay unanimidad en que la investigación de Bruselas no afectará a las ratios de solvencia de las entidades. Las cuestiones referidas al capital y la solvencia son competencia del BCE y este no ha dicho esta boca es mía en este asunto.De ahí que el citado Sevilla descarteque esta investigación sea una "excusa" para pedir más capital a las entidades o para limitar el dividendo, puesto queel BCE ya ha fijado los objetivos de capital para este año sin hacer ninguna referencia a los DTA.

Pero detrás de las declaraciones oficiales, el sector no las tiene todas consigo. Porque el BCE puede cambiar de opinión y cuestionar el cómputo de los DTA en el capital si se consideran ayudas de Estado. Y no es descabellado porque la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión,Danièle Nouy, ha fijado como una de sus prioridades eliminar las divergencias entre países a la hora de calcular el capital de los bancos, y se puede entender que los créditos fiscales son una de estas discrepancias.