Guindos y Montoro chocan de nuevo ante Bruselas por los créditos fiscales de la banca

La calma, al menos aparente, entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro ha vuelto a romperse. Y lo ha hecho por uno de los temas que más fricciones creó entre ambos el año pasado: los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca. La espoleta ha sido la reticencia de la oficina estadística de la UE, Eurostat, a la intención de España de que estos créditos fiscales no computen como déficit ni deuda públicos, una reticencia que ha sembrado el temor en el sector por la posibilidad de que este impacto en las cuentas públicas reduzca el importe de estos activos, con el consiguiente reflejo en su capital justo antes de los test de estrés.

La aprobación del real decreto-ley que modificaba el tratamiento de estos activos para que no tuvieran que restarse del capital de las entidades se demoró varios meses precisamente por las reticencias de Hacienda, que quería estar completamente segura de que esta norma no iba a tener impacto en las cuentas públicas. Así, cuando se aprobó a finales de noviembre de 2013, todo el mundo entendió que este extremo se había negociado con Bruselas. Además, España lo único que estaba haciendo era ponerse a la altura de los grandes países europeos, que ya tenían normas similares o incluso más favorables a la banca, y la UE no había puesto pegas.

Pero ahora, según informan fuentes de Economía, el problema es que varios países más (entre ellos Portugal) van a aprobar normas similares y Eurostat quiere unificar la forma de contabilizar estos créditos en toda la UE. Según estas fuentes, se trata de "una cuestión técnica" sin mayor importancia. Desde Hacienda, el mensaje es todavía más relajado, ya que fuentes de este departamento aseguran que no hay ninguna novedad en este campo y que se trata de una "tormenta en un vaso de agua". Pero, en privado, ambos ministerios acusan al otro de generar esta nueva polémica. Y lo peor es que la temperatura puede subir mucho más si efectivamente los DTA impactan en las cuentas públicas.

Que es lo que está en juego, según fuentes del sector, donde no se ve ni mucho menos con tanta tranquilidad esta nueva polémica. Estas fuentes explican que lo que está en juego es si los DTA monetizables deben computar o no en la deuda pública. Ahora mismo, no cuentan ni para el déficit ni para la deuda, tal como aseguró Guindos en noviembre, cuando dijo que costaría dinero a los contribuyentes. Su impacto en déficit sólo se producirá si estos créditos se activan y se "monetizan", es decir, si los bancos los cobran de Hacienda con la consiguiente pérdida para el Estado.

Como explicaba recientemente el Banco de España en su Informe de Estabilidad, "en efecto, si llegara a ser necesario, se permitirá la compensación de los saldos a que se refiere la nueva norma con otras deudas de naturaleza tributaria, o bien su reembolso. La activación de este nuevo mecanismo se producirá solo en supuestos muy restrictivos: íntegramente, en caso de insolvencia o liquidación de la sociedad y, si existen pérdidas contables, de forma limitada a la proporción que representen las pérdidas sobre los fondos propios de la sociedad. Si los DTAs incluidos en el ámbito de la norma no revierten en el plazo de 18 años, se podrán canjear por valores de deuda pública”.

La banca teme que se reduzcan los 40.400 millones

Por ejemplo, si una entidad suspende los test de estrés, podrá pedir el reembolso de estos activos para cubrir su déficit de capital. Pero, a priori, no tienen impacto en el déficit. Cosa distinta es la deuda, que es donde está la polémica. En principio, los DTA son similares a un aval, por lo que se consideran deuda avalada y no computan en la deuda pública mientras no se ejecuten. Pero Bruselas no lo tiene claro y plantea la posibilidad de que deban incluirse puesto que, en definitiva, se trata de compromisos del Estado a los que debe hacer frente en el futuro sí o sí. Lo que permite que no se resten del capital es esa garantía de recuperación aunque las entidades no tengan beneficio suficiente para restárselo de sus impuestos en el futuro.

Y la cuestión no es baladí, puesto que estamos hablando de 40.400 millones. De hecho, sin el cómputo de una parte de ellos como beneficio, las cajas estarían en pérdidas en 2013. El temor de la banca es que al final la UE imponga que los DTA se incluyan en la deuda pública, y eso fuerce al Gobierno a cambiar la norma para "reducir el perímetro de activos monetizables"; esto es, rebajar esos 40.400 millones. Porque eso sería una catástrofe para el sector, ya que lo que no entre en la norma se lo tiene que restar del capital. Y justo en la víspera de los test de estrés.

¿De dónde vienen los DTA?

Los DTA provienen de las fuertes provisiones realizadas en los años anteriores para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones, que no son deducibles fiscalmente sino que generan un activo fiscal para el futuro (diferido) que se resta de los impuestos que pagarán las entidades. Con el cambio de la norma del año pasado, el Gobierno garantiza que las entidades recuperarán todos esos activos aunque no tengan beneficios suficientes para restárselos en los próximos 18 años o aunque vuelvan a tener pérdidas o incluso se liquiden. Esa garantía permite que no tengan que deducirse del capital, como exigen las normas de Basilea III, y que las entidades puedan 'activar' una parte y apuntársela como beneficio, que es lo que hicieron masivamente las cajas en 2013.

En principio, la compensación de estos créditos fiscales con los impuestos futuros se iba a producir de todas formas, con lo que la pérdida para Hacienda va a ser la misma y no cambian las obligaciones del Estado. Lo único que cambia es que los DTA no se restan del capital. Pero para ello concede esa garantía de recuperación en cualquier escenario, y eso sí supone un compromiso que debe cumplir el Estado, lo cual es un argumento para que compute como deuda pública.