Bruselas investiga los créditos fiscales de la banca como ayudas de Estado ilegales. Noticias de Economía
COMPUTAN COMO CAPITAL DE LAS ENTIDADES

Bruselas investiga los créditos fiscales de la banca como ayudas de Estado ilegales

La Comisión ha sembrado la alarma en la banca española al cuestionar los 40.000 millones de créditos fiscales del sector que computan como capital y que puede considerar ayudas ilegales

Foto: Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. (EFE)
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. (EFE)

La Comisión Europea ha enviado cartas a España, Grecia, Portugal e Italia solicitando información y estudia ya las respuestas que está recibiendo de las autoridades nacionales. La cuestión es si las garantías concedidas por España, Grecia, Portugal e Italia a determinados activos fiscales de la banca constituyen ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria.

"La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a estos estados miembros que dieron garantías a diferentes activos fiscales para entender cómo funcionan esas medidas y si implican ayudas de estado", ha señalado en rueda de prensa el portavoz comunitario Alexander Winterstein. Winterstein adelantó que ya se ha recibido algunas respuestas que se están analizando y que tomar una decisión "llevará tiempo".

Los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son créditos fiscales procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones, y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en el futuro. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales, incluido el español, garantizaron su recuperación íntegra. Y eso es lo que cuestiona ahora la Comisión.

Estamos hablando de una cantidad de 40.800 millones, por lo que su anulación por parte de Bruselas supondría un descenso muy importante de los niveles de capital de las entidades españolas, en especial las rescatadas o las que se quedaron con ellas, que son las que acumulan más créditos fiscales.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. (Reuters)
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. (Reuters)

El Ejecutivo comunitario quiere conocer los detalles de la aplicación del real decreto ley que aprobó el Gobierno español en 2013 para permitir a la banca contabilizar como capital principal el 60 % de sus activos por impuestos diferidos (DTA, siglas en inglés), que no son considerados de "alta calidad" por el Banco Central Europeo (BCE). La presidenta del mecanismo único de supervisión, Daniéle Nouy, está empeñada en eliminar las diferencias nacionales en el cómputo del capital de los bancos, entre ellos los DTA, por lo que apoya esta investigación

La consideración de estos activos cambió con la entrada en vigor de las nuevas normas de Basilea III, que obligan a las entidades a deducir de su capital estos DTA por considerar que, en caso de pérdidas o insolvencia, no tienen valor ya que sólo se recuperan mediante el pago de menores impuestos en el futuro siempre que la entidad obtenga beneficios. De ahí que tengan que estar garantizados por los Estados para computar.

La troika no puso pegas a los DTA

La protavoz comunitaria Lucía Caudet ha explicado que las normas europeas e internacionales hacen referencia a la calidad que debe tener el capital para poder afrontar casos de dificultad, pero no precisan el tratamiento de las ayudas de estado. Según esta portavoz, lo primero que va a intentar aclarar Bruselas es si se trata de "un régimen sectorial o que se aplica a todos los bancos de un país", en cuyo caso tendría un carácter selectivo que podría ser considerado una ayuda de estado ilegal.

"Las reglas europeas ya prevén que los DTA no pueden ser considerados capital y que deberán terminar en 2019", ha agregado Caudet. La CE confirma, por otro lado, que estas medidas no fueron formalmente notificados a Bruselas antes del envío de las cartas administrativas, aunque sí hubo contactos a nivel técnico al respecto.

Bruselas ha rehusado aclarar por qué ha enviado las cartas ahora pues países como España, Grecia y Portugal estaban bajo la supervisión de la troika (CE, del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI)) cuando adoptaron las medidas. La Comisión se ha limitado a decir que ha dado este paso después de ser contactada por diversos interesados, entre los que figuran varios eurodiputados, sobre quienes no ha querido dar detalles, ni tampoco sobre el momento del envío de los escritos.

"Es una investigación en curso, no prejuzgamos el resultado, no es una investigación formal y, si tomamos una decisión, por supuesto tendrá que tener en cuenta factores como las leyes existentes y la estabilidad financiera"

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