Guindos castiga a las cajas nacionalizadas con la normativa de activos fiscales

La nueva normativa que regula los activos fiscales diferidos (DTA) se queda lejos de las aspiraciones del sector al salvar sólo 30.000 de los 50.000 millones que tienen las entidades en estos activos dentro de su capital, como ya había anunciadoLuis de Guindos. Los 20.000 que tendrán que restarse de los ratios de solvencia corresponden a bases imponibles negativas (pérdidas) de años anteriores, mientras que sí se salvan las provisiones para sanear la exposición al ladrillo y los compromisos por planes de pensiones como pedía el Santander. Los grandes perjudicados de esta solución son entidades rescatadas como Bankia, NCG Banco y Ceiss, así como CaixaBank.

Este nuevo régimen, que se incluye en un Real Decreto Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, difiere sustancialmente del que se les había comunicado a las entidades en las últimas semanas, una discrepancia que se produce justo después de que el FMI mostrara sus reticencias por el nuevo régimen que pensaba introducir España y de que pidiera que se ligara a otras medidas como limitación de los dividendos o exigencias de ampliaciones de capital.

La principal diferencia se refiere a las bases imponibles negativas (BIN) del Impuesto de Sociedades de los años anteriores. Inicialmente, el Gobierno había comunicado al sector que podrían compensar estas pérdidas de los ejercicios 2011 y 2012, que es en los que se concentran los quebrantos del sector por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, sólo podrán mantener en el capital las bases imponibles negativasderivadas de DTA que tuvieran con antelación, no las pérdidas en general.

Esta exclusión perjudica especialmente a las entidades nacionalizadas. Así, Bankia tiene 4.428 millones procedenrtes de BIN, NCG Banco -donde la recuperación de los activos fiscales es crucial para la subasta actualmente en marcha- cuenta con 2.971, y Ceiss -en procesode absorción por Unicaja- tiene 1.035. También hace daño a grandes entidades que han absorbido otras en pérdidas, en especial a CaixaBank, que registra BIN por importe de 3.429 millones. BBVA tiene en su capital 1.855 millones por este concepto, Sabadell tiene 1.645 y Popular, 1.163. Santander no desglosa la parte de estos activos que corresponde a España, la única afectada por esta normativa.

Los que síse han salvado son los DTA generados por compromisos por pensiones, muy relevantes para Santander y BBVA,y para cuyo reconocimiento el banco que presideEmilio Botínha ejercido grandes presiones, según fuentes conocedoras de la situación.

¿Qué son los DTA?

Los DTA son futuros créditos contra la Hacienda Pública (es decir, servirán parareducir los impuestos que deberían pagar los bancospor sus beneficios en el futuro) y pueden ser de dos tipos: losgenerados por pérdidas del pasado (las BINen el impuesto de sociedades) o derivados degastos anticipados que no son deducibles en el impuesto,como las provisiones dotadas en 2012 por los reales decretos 'De Guindos',los saneamientos y gastos de reestructuración realizados desde 2010 o los compromisos por pensiones.

La regulación internacional de solvencia conocida comoBasilea III, que entra en vigor a partir de 2014,obliga a descontar ambos tiposdel cómputo del capital. Esto supone restar a las entidades una media del 30% de sus fondos propios, pero en el caso deBankia, el más afectado por esta situación,el porcentaje supera el70%, y en el deSabadell, el 35% (estas dos entidades son las más beneficiadas por esta reforma). Un capital que tendrían que generar con sus beneficios, que pedir en el mercado o que recibir de fondos públicos.

El Estado pone el dinero en caso de pérdidas

La fórmula consiste en que, si un banco con créditos fiscales tiene pérdidas o es insolvente, elEstado pondría el capital que representaban esos activos(es lo que se conoce como 'capital contingente').Esto es lo que se denomina "monetización" de los DTA, que los principales países europeos ya tienen en vigor, por lo que no reconocerlo aquí dejaría en desventaja competitiva a las entidades españolas. Hasta ahora, la normativa española concedía un período de 18 años para compensarse los DTA, mientras que Basilea III exige que no haya ningún plazo. El Gobierno, en vez de suprimirlo, ha preferido mantener ese plazo pero garantizar el cobro de lo que quede pendiente de compensar en el año 19, según el ministro.

Esto no tendrá un impacto relevante en el déficit público a priori, ya que los bancos se podían deducir los DTA en todo caso, computen o no como capital. Y la posibilidadde monetizarlos en el año 19 es un escenario muy improbable, ya que en general se suelen compensar en un máximo de tres años.Cosa distinta es si una entidad entra en pérdidas, en cuyo caso el Estado sí tendrá que compensarlas con ese crédito fiscal y sí computará como déficit, aunque Guindos no ha querido entrar en esa materia.Otra novedad respecto a lo que se había anunciado al sector es que no podrán compensarse de forma retroactiva, es decir, contra los impuestos pagados en años anterores.