La vacuna contra el coronavirus está cerca, pero falta lo más difícil: ¿cómo convencer al 70% de la gente?

Supóngase un escenario optimista: los resultados preliminares de Pfizer y Moderna se confirman, en unos meses las autoridades sanitarias autorizan la comercialización de sus vacunas —quizás también la de algún otro candidato en la recta final— y el Gobierno hace un esfuerzo a contrarreloj por garantizar las condiciones logísticas y de almacenamiento idóneas. ¿Bastaría con todo ello para decir adiós al coronavirus? No si el porcentaje de la población que acepta administrarse las dosis correspondientes apenas llega al 37%, como refleja el último barómetro del CIS.

Una cobertura de vacunación alejada del 70% en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa el umbral de la inmunidad de rebaño serviría, en el mejor de los casos, para ralentizar la transmisión, no para erradicarla. Ante una tesitura así, las autoridades españolas podrían optar por obligar a los ciudadanos a vacunarse, pero los expertos jurídicos y sanitarios consultados por El Confidencial coinciden en que, contra el escepticismo, más vale convencer que vencer.

La abogada de Legálitas especialista en derecho administrativo Carlota Zapata explica que en España vacunarse es voluntario, con carácter general: "En principio, no se puede obligar a nadie a hacerlo". Lo mismo destaca la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, que augura un difícil encaje legal a una medida tan controvertida: "Ni siquiera nos han obligado a vacunarnos de la gripe en plena pandemia. Sólo nos han dicho que todo el mundo debe vacunarse para no confundir el covid con la gripe".

El matiz de 'carácter general' es importante, pues el ordenamiento jurídico reserva la posibilidad de que las administraciones públicas adopten las medidas que consideren oportunas para paliar crisis sanitarias como la actual. En su artículo tercero, la Ley Orgánica 3/1986 establece:

"Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

No es una entelequia legislativa. En octubre de 2010, un colegio público del barrio del Albaicín, en Granada, albergó un brote de sarampión que afectó a 36 niños. Tras constatar que muchos de los padres se negaban a vacunar a sus hijos o no habían cumplimentado los formularios para que recibieran la triple vírica, la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada la vacunación forzosa de los menores. El tribunal falló a su favor. Eso sí, bajo la premisa de que la intervención respetara la dignidad de los menores.

Javier Such, presidente del Consejo Asesor de Gaona, Palacios y Rozados, firma colaboradora del despacho Roca Junyent, y director de los Servicios Jurídicos de la Universidad de Málaga, apunta que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere no sólo el respeto a la dignidad del paciente, sino además el previo consentimiento de los mismos, según marca la Ley 41/2002. Ello incluye la necesidad de informarles debidamente. "La información al paciente, además de parecer obvia, debe ser en la forma que prevé expresamente la Ley: clara y comprensible; lo suficiente para que el ciudadano usuario de la sanidad pueda decidir", detalla Such.

"Como indica la Ley de Autonomía del Paciente, se trata de proteger la dignidad de la persona y la libertad individual, de un lado; y, del otro, garantizar la salud como derecho inalienable de la población mediante la estructura del Sistema Nacional de Salud", parafrasea Such. "La posible concurrencia de ambos derechos debe expresarse claramente en esa información que debe ir dirigida, personalmente, al receptor de la vacuna, antes de tomar la decisión sanitaria que proceda", concluye.

Si el Gobierno tuviera que obligar a vacunarse, lo más probable sería recurrir a un estado de alarma 'blando' y delegar en las comunidades

Zapata cree que si el Ejecutivo tuviera que recurrir a la vía coercitiva, el mecanismo más probable para aplicarla sería un nuevo estado de alarma. No tan concreto como el que se aplicó en marzo para hacer efectivo el confinamiento domiciliario, sino más parecido al que se aprobó el pasado 25 de octubre, que ofrece amparo legal a las comunidades autónomas para aplicar limitaciones horarias y de movilidad. De esta forma, el procedimiento sería el mismo que se utilizó en Granada. "El Gobierno delegaría en las comunidades autónomas y estas podrían solicitar su aval a un juzgado, igual que pasó con las restricciones. Yo creo que irían por ahí los tiros", vaticina.

A juicio de Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), vacunar por la fuerza debe ser la última opción: "Las vacunas son los productos sanitarios más seguros del mundo porque muchas veces deben aplicarse en personas sanas y nunca saldrán al mercado si no son eficaces o seguras. Si se explican bien las cosas no habría que obligar a la población, pero si la cobertura fuera muy baja y el problema se mantuviera no quedaría más remedio que recurrir a esta medida".

Deja para mañana lo que puedas hacer hoy

La buena noticia es que la decisión no apremia. Sanidad calcula que España recibirá 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, lo que permitiría inmunizar a 10 millones de personas, al ser de doble aplicación. Asimismo, se ha asegurado 30 millones de la que está desarrollando Astra Zeneca, si bien la primera partida que llegue —con suerte a finales de año o principios del que viene— será de sólo tres millones. En las previsiones del Gobierno no entra una vacunación masiva hasta el mes de mayo y sólo entonces habrá que preocuparse porque sobren vacunas y no porque falten.

El reto más acuciante es decidir quiénes serán los primeros en vacunarse, previsiblemente sanitarios y población de riesgo. El siguiente, que como muy pronto tocará en la primavera que viene, será persuadir a los más recelosos si el ejemplo aún no ha cundido. "Los escépticos necesitan poco para seguir igual, por lo que las alas les crecen rápidamente se haga lo que se haga", valora Álvarez. Para cortárselas, la fórmula es clara: "Información, información e información; fidedigna, basada en criterios científicos y no en elucubraciones de personas más o menos famosas que, sin ser su campo de investigación, opinan lo que les parece aunque no sea verdadero. También con el ejemplo de la vacunación por parte de los profesionales y los responsables sanitarios".

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José Pichel

El Gobierno de Australia fue de los primeros en poner sobre la mesa el debate sobre la obligatoriedad de inmunizarse. Durante el pasado verano, cuando el país oceánico lidiaba con su segunda ola, el primer ministro, Scott Morrison, planteó la posibilidad de administrar la futura vacuna a los 25 millones de habitantes, a excepción únicamente de aquellos que no pudieran hacerlo por razones médicas. Tres meses después, ya con una situación epidemiológica menos preocupante, el ministro de Salud, Greg Hunt, ha rebajado las exigencias y ahora prevé que el proceso no sea obligatorio, aunque sí recomendado por las autoridades.

He aquí la prueba palpable de que la posición de las instituciones puede variar sustancialmente en función de la evolución de la pandemia. La de España aún no está clara. "No estoy seguro de que tenga que ser obligatoria. Yo creo que tenemos una población muy consciente de los riesgos a los que nos exponemos unos a otros y de los beneficios tanto individuales como poblacionales que nos traen las vacunas. No sé si va a ser necesario o no hacer obligatoria la vacuna. Espero que no sea necesario", defendía este lunes el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una entrevista en La 1.

Por otra parte, Simón recordó que España tiene una de las mayores coberturas de vacunación del mundo y que otros países europeos han tenido que hacer obligatorias las vacunas para tener niveles similares. Francia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia y República Checa fuerzan a administrar las principales vacunas a su población infantil, mientras que Malta y Bélgica lo hacen sólo contra las enfermedades que presentan más riesgo. En Italia, donde la tasa de vacunación ha disminuido preocupantemente en los últimos años, las autoridades y entidades profesionales acordaron un calendario inamovible de 10 inmunizaciones que está en vigor desde el curso escolar 2017-2018.