Ciegos, sin útero, cojos y sin ver un solo euro: desgracias y litigios tras una operación fallida

El 29 de julio de 2014, Adolfo Aguilera entraba al quirófano en la Clínica La Arruzafa de Córdoba para operarse de un desprendimiento de retina. Una operación sencilla según le habían contado. Según las estadísticas, de cada 2.000 personas que se operan, 1.999 logran mejorar su estado de visión. Pero en el caso de Aguilera no fue un problema de los médicos ni de la operación.

"Ellos me decían que la operación era poca cosa, que no tenía importancia… hasta que salió eso y vieron lo que era", recuerda este cordobés que hoy tiene 74 años y fue una de las primeras víctimas en España de la partida defectuosa de Ala Octa, un colirio de perfluoroctano empleado en cirugías de desprendimiento y fabricado por la compañía alemana Alamedics. En total, 116 personas perdieron la vista en nuestro país hasta que el 26 de junio de 2015 la Agencia Española del Medicamento (Aemps) emitió una alerta sanitaria a todas las comunidades autónomas para que dejaran de usar el producto.

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Antonio Villarreal Gráfico: Cristina Suárez

La vida de todas estas personas se volvió una pesadilla. Algunas perdieron la visión de un ojo y otras como Aguilera —que ya padecía de ojo vago— quedaron completamente ciegas.

"En mi vida me he asustado de nada y ahora vivo asustado, si escucho cualquier ruido me sobresalto, o pienso que a mis nietas les ha pasado algo", explica a El Confidencial. "Me encuentro fatal porque tengo vértigo al andar, me creo que voy a caerme, y además de miedo tengo la depresión". La operación de desprendimiento supuso también el final de su independencia. Ahora tiene que ser constantemente atendido y llevado a todas partes.

Los Implant Files, publicados en noviembre de 2018 por El Confidencial y otros medios internacionales, pusieron sobre la mesa centenares de casos en los que un producto sanitario defectuoso —desde implantes de cadera a mallas vaginales— arruinó la vida a alguien en España. La investigación logró que se produjeran algunos cambios, como que Sanidad habilitara un nuevo sistema de notificación de incidentes o que la Aemps hiciera públicas 20.500 alertas que permanecían en secreto.

Sin embargo, para los pacientes afectados la revelación de su situación cambio muy pocas cosas. Una vez se apagaron los focos, siguieron tratando de asociarse en grupos de Facebook y peregrinaron por juzgados solo para ver cómo su ilusión de ser compensados seguía alejándose, un recurso detrás de otro.

Como el resto, Aguilera se puso en manos de Gómez Menchaca Abogados, el bufete bilbaíno que está llevando a la mayoría de afectados por el Ala Octa. Finalmente, el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid falló a su favor en junio de 2019. Su caso fue además pionero ya que, después de varias sentencias contra varios sistemas de salud autonómicos, por primera vez se condenaba a indemnizarle con 307.808 euros por una operación realizada en la sanidad privada.

Los afectados por los Implant Files han seguido peregrinando por juzgados tratando, sin éxito, de ser compensados por los daños sufridos

La diferencia es trascendente dado que el responsable último es la aseguradora Allianz, con quien Alamedics —que presentó un concurso de acreedores tras estallar el escándalo— había suscrito un seguro de responsabilidad en Alemania. De ahí parte el galimatías legal que mantiene a todos estos afectados en el limbo.

La letra pequeña de los seguros

En declaraciones a El Confidencial, un portavoz de la aseguradora explica que "Allianz Versicherungs-AG en Alemania es la compañía de seguros de responsabilidad civil de Alamedics GmbH. Por esta razón, respondemos como asegurador responsable", detallan. "Allianz Seguros de España no es asegurador en este caso y no tiene influencia en el control de responsabilidad".

Los abogados de la aseguradora en España han empleado este mismo razonamiento, que debían ser juzgados por las leyes alemanas y no por las españolas, pero en el caso de Aguilera la juez estimó que el artículo 5 del reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo establecía que la ley aplicable a la responsabilidad por productos defectuosos no era la alemana, sino la española "por ser la del país del perjudicado donde se comercializó el producto".

"Tanto Alamedics como nosotros tenemos conocimiento de muchos casos a raíz del ejercicio de acciones legales", explican desde la aseguradora alemana. "Somos conscientes de las trágicas consecuencias a que tienen que enfrentarse los afectados".

En el caso de los hospitales públicos, los pacientes afectados lograron con una sentencia pionera dictada por el Tribunal de Justicia de Cantabria que la administración les indemnizara como supervisora última de la utilización de ese producto. De este modo, los servicios de salud podrían a continuación pleitear contra el fabricante, pero los damnificados ya habrían sido compensados.

Recursos y recursos

Sin embargo, no todo iba a resultar tan sencillo. Muchas de estas comunidades autónomas, como Cantabria o Canarias, plantearon recursos de casación. En algunos casos las sentencias hacían a las CCAA responsables directas, en otros como el de la Comunidad Valenciana las declararon meras subsidiarias: solo debían indemnizar a los pacientes si el fabricante o aseguradora no lo hacían.

La última sentencia en salir ha sido la de la Audiencia Provincial de Madrid, en diciembre de 2019. Allianz ya dispone del fallo. "Actualmente, estamos revisando esta sentencia y nuestro modo de proceder en este caso, por lo tanto, no podemos proporcionar más información", dice la aseguradora, que añade: "Según nuestra primera evaluación, dicho tribunal habría aplicado mal la ley, por lo que presentaremos el oportuno recurso ante el Tribunal Supremo".

Para casos como el de Aguilera, sin administración de por medio, la situación también les conduce a una nueva sala de espera. "Hasta que no me paguen habrá que seguir tirando p’alante", dice el jubilado. "Así llevamos ya cinco años y medio y aún habiendo ganado… mire qué ruina".

En resumen, todo ha quedado en manos del Tribunal Supremo.

"La tendencia habitual es que, en estos casos, pague la administración y luego se busque la vida con el fabricante", explica a El Confidencial el abogado Carlos Gómez, cuyos casos del Ala Octa serán claves para sentar jurisprudencia en todos los casos de afectados por productos defectuosos. "Va a ser una materia de índole casacional, de ahí la importancia de esta sentencia".

Más allá del Ala Octa

Recientemente, han salido también las sentencias relativas a las prótesis metálicas de cadera ASR, comercializadas por la empresa DePuy, propiedad de la multinacional Johnson & Johnson. El pasado 21 de enero, el Supremo confirmó la condena por la que se condena al fabricante a pagar 515.647 euros a una paciente marbellí. En este caso particular consta además el agravante de que J&J se negaba a facilitar la identidad del fabricante de la prótesis.

Esta demanda, presentada en 2013 junto a otras dos más, fue la primera en España contra el gigante estadounidense por un implante que, según razona la sentencia, fue comercializado a sabiendas de su defectuosidad. Las prótesis se aflojaban y rozaban entre sí, lo que al estar compuestas de metal provocaba un problema añadido: las partículas tóxicas de cromo y cobalto liberadas por el roce se incorporaban al organismo originando a los portadores problemas cardíacos o mentales.

Este es el primero de aproximadamente una docena de procedimientos civiles iniciados contra Johnson & Johnson en toda España por las prótesis de cadera. En Reino Unido, DePuy lleva condenada desde finales 2018 por el mismo motivo.

"La sentencia es interesante porque confirma la responsabilidad del fabricante", dice Gómez Menchaca. "Es una línea jurisprudencial acreditada a nivel de derecho europeo; el siguiente paso sería declarar la responsabilidad no solo del fabricante sino de la administración prestataria del servicio por el daño ocasionado y así evitar demandar al fabricante que, en casos como el Ala Octa, está desaparecido".

"Las locas del muelle"

Es una de las pocas buenas noticias que los pacientes afectados por un producto médico defectuoso han podido celebrar. En el extremo contrario están Rita Fernández y los cientos de asociadas de la Plataforma Libres de Essure, el anticonceptivo fabricada por la compañía alemana Bayer que acabó convirtiéndose en una pesadilla para miles de mujeres alrededor del mundo. "Nada que ver con otros implantes, este es un problema económico, político y de género", explica a El Confidencial. "No es que no hayamos recibido indemnizaciones, es que ni siquiera nos han dado lo que hubiera sido esperable, una buena atención médica".

Esta palentina denuncia que "en su lugar lo que hemos recibido es mucho rechazo, ocultación y obstáculos a la hora de informarnos y atendernos", y añade que en alguna consulta han escuchado cómo denominaban a las afectadas por Essure como "las locas del muelle".

Esta malla vaginal en forma tubular, ideada como anticonceptivo definitivo para mujeres que no querían tener más hijos, se colocaba en las trompas de Falopio pero resultó ser capaz de perforar el útero o las propias trompas. Además, Essure se implantó por doquier pese a que no existía un protocolo específico de retirada del dispositivo. Incluso cuando Sanidad y la Aemps ordenaron su retirada en 2017, la agencia advirtió: "No procede aconsejar la retirada del dispositivo ni modificar las pautas de seguimiento de las personas portadoras".

En alguna consulta han escuchado cómo denominaban a las afectadas por Essure como "las locas del muelle"

"Ha habido más de 3.000 afectadas y ninguna ha tenido un buen resultado en cuanto a indemnizaciones", indica Fernández. "Bayer por Essure no ha pagado ni un euro, lo único que hemos conseguido es que lo retiraran del mercado y aun así, creemos que en países como la India se sigue empleando".

A falta aún de que alguna sentencia en España les dé la razón, el anticonceptivo ha dejado un reguero de "mujeres de 30 años histerectomizadas", como indica la portavoz. Que compartan suerte con Aguilera y tantos otros pacientes no les sirve de consuelo, pero el Supremo podría dar pronto un golpe sobre la mesa en el que alguien saldrá temblando. Puede que ellos, puede que la industria.