Bruselas "evaluará" si el decreto para proteger al taxi de Uber va contra el derecho comunitario

Nuevo capítulo, el enésimo, en la enconada guerra que mantiene el taxi con Uber, Cabify y Bolt. Bruselas ha asegurado que está estudiando la compatibilidad del decreto escoba aprobado por el Gobierno el pasado 28 de junio con el derecho europeo. El decreto, que debe validarse este miércoles, incluía una serie de medidas orientadas a prorrogar las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania, como la rebaja del IVA de los alimentos o la deducción para la compra de coches eléctricos.

Sin embargo, el texto también servía para nombrar al sector del taxi “servicio de interés general”, además de imponer nuevos requisitos a las VTC, algo que blindaba a los taxistas después del jarro de agua fría que supuso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que resolvió que medidas como la proporción de un VTC por cada 30 taxis eran contrarias a la normativa comunitaria. La sentencia, muy esperada desde hace meses, se hizo pública el pasado 8 de junio, por lo que entre el dictamen y el decreto pasaron menos de tres semanas.

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En una carta firmada por Adina Vălean, comisaria de Transportes de la Comisión Europea, se explica que antes de esa sentencia se había iniciado un proceso de diálogo con el Gobierno (conocido en el argot técnico como EU Pilot) “para comprender mejor el razonamiento de España con respecto a una serie de normas relativas” tanto a los taxis como a los servicios VTC. "Estas respuestas deberían ayudar a los servicios de la Comisión Europea a determinar si estas normas infringen el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", incide.

Este procedimiento ya se había abierto en 2022. Lo relevante es que Vălean ha confirmado que, en el marco de este diálogo, también “evaluará” el decreto del pasado 28 de junio para ver si vulnera dicho artículo, que es el que rige la libertad de establecimiento.

El escrito de la comisaria, al que ha tenido acceso este periódico, fue enviado hace unos días como respuesta a las inquietudes en torno a la legislación local que le expresaron también por carta tanto Feneval como Unauto, las patronales del sector de las VTC en España. Estos procesos de diálogo suelen ser el paso previo a la apertura de un expediente a un país miembro en el caso de que no dé respuestas y explicaciones convincentes.

Para entender el decreto del 28 de junio, es inevitable revisitar la sentencia del TJUE y leer la letra pequeña. El texto, muy contundente en las formas, aseguraba que la “viabilidad económica del taxi” no era motivo suficiente para sostener limitaciones como el 1/30, ya que atentarían contra la “libertad de establecimiento”. Sin embargo, dejaba un pequeño resquicio: se podía establecer algún tipo de restricción basándose en criterios medioambientales o de gestión del tráfico en las ciudades. Eso sí, la resolución dejaba claro que esto debía ser equitativo. Si se aplicaban a las VTC, se tendrían que aplicar al taxi.

La fórmula que ha encontrado el ministerio dirigido por Sánchez Jiménez ha sido la de nombrar al taxi “servicio público”, algo para lo que ha modificado la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. “Eso permite establecer requisitos diferentes a unos y otros”, comentaron a este periódico fuentes del negocio tras el anuncio del decreto.

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Pero eso cambia al reconocer oficialmente al taxi como servicio público de interés general, ya que se pueden aplicar unas restricciones diferentes a las VTC, como es el caso. Ahora, un ayuntamiento o una institución como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) podrán denegar la activación de una licencia VTC con base en criterios de calidad del aire en el municipio o la zona de actuación.

La nueva regulación, además, aumenta las exigencias de reducción de CO₂ a las VTC e impone la obligatoriedad de que el titular tenga un vehículo en propiedad o con un arrendamiento de, al menos, un trimestre de duración. Estas exigencias afectan, de momento, a los que quieran acceder a una nueva licencia, pero los que actualmente tengan una activa tendrán que cumplir estos requisitos en el momento de la renovación del permiso. Los coches eléctricos estarán fuera de estos condicionamientos. Además, la norma obliga a tener un coche para cada licencia y no como hasta ahora, en que las flotas utilizan el mismo automóvil para ejecutar diversos permisos de este tipo.