El Gobierno nombra al taxi "servicio de interés general" para protegerle de Uber y Cabify

El pasado 8 de junio, Cabify, Bolt y Uber celebraron una victoria. El motivo era que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) echó un jarro de agua fría sobre una de las reinvidicaciones históricas del gremio del taxi en su larga guerra entre estos dos sectores. El TJUE dictaminó, siguiendo las recomendaciones del Abogado General de la UE, que la restricción de una licencia de vehículo de transporte con conductor (VTC) por cada 30 taxis junto con otras medidas como el requisito de licencia urbana implementado en lugares como el Área Metropolitana de Barcelona, eran contrarias a la normativa comunitaria. Esto generó temores de que el Tribunal Supremo desbloqueara las aproximadamente 100.000 licencias VTC que están en litigio en los tribunales españoles, o al menos una parte de ellas, lo que provocaría una liberalización de facto del transporte urbano de pasajeros.

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No han pasado ni siquiera 20 días desde esa decisión del alto tribunal de Luxemburgo, cuyas sentencias deben ser acatadas, y ahora es el gremio del taxi el que está celebrando. El Gobierno ha declarado su actividad como "servicio público de interés general" y ha establecido nuevas restricciones para aquellos que soliciten una nueva licencia VTC una vez que el decreto entre en vigor. Esta decisión proporciona un respiro para el negocio del taxi, pero también anticipa una batalla judicial más con los mismos actores que llevan años enfrentándose en los tribunales.

Para entender el movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, es inevitable revisitar la sentencia del TJUE y leer la letra pequeña. El texto, muy contundente en las formas, aseguraba que la “viabilidad económica del taxi” no era motivo suficiente para sostener limitaciones como el 1/30, ya que atentaría contra la “libertad de establecimiento”. Sin embargo, dejaba un pequeño resquicio: se podía establecer algún tipo de restricción en base a criterios medioambientales o de gestión del tráfico en las ciudades. Eso sí, la resolución dejaba claro que esto debía ser equitativo. Si se aplicaban a las VTC, se tendrían que aplicar al taxi.

La nueva naturaleza del taxi permite aplicar restricciones diferentes a las VTC

La fórmula que ha encontrado el Ministerio dirigido por Sánchez Jiménez ha sido la de nombrar al taxi “servicio público”, algo para lo que ha modificado la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. “Eso permite establecer requisitos diferentes a unos y otros”, comentan a este periódico fuentes del negocio. “Pero eso cambia al reconocer oficialmente al taxi como servicio público de interés general, ya que se pueden aplicar unas restricciones diferentes a las VTC, como es el caso. Ahora un Ayuntamiento o una institución como la AMB podrá denegar la activación de una licencia VTC en base a criterios de calidad de aire en el municipio o la zona de actuación.

Ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, la que ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para anunciar la nueva regulación, detallando que la nueva regulación aumentará las exigencias de reducción de CO2 para las licencias VTC, así como la exigencia de que el titular tenga un vehículo en propiedad o con un arrendamiento de, al menos, un trimestre de duración. Estas exigencias afectarán de momento, a los que quieran acceder a una nueva licencia, pero los que actualmente tengan una activa tendrán que cumplir estos requisitos en el momento de la renovación del permiso. Los coches eléctricos estarán fuera de estos condicionamientos. Además, la norma obliga a tener un coche para cada licencia y no como hasta ahora, donde las flotas utilizan el mismo automóvil para ejecutar diversos permisos de este tipo. Si no se cumplen estos requisitos, el proceso no será cancelado, sino suspendido durante tres años. Eso impide que el afectado pueda recurrir a la Justicia. Al vencer ese plazo, la ventana de solicitud se volverá a abrir, pero el interesado no será notificado expresamente.

Fuentes del sector de las VTC han mostrado su sorpresa por "el diseño de la norma", cuando estaban convencidos que, "a las puertas de la campaña electoral", iban a repetir el modelo del decreto Ábalos y "poner la pelota en el tejado de las Comunidades Autónomas". Aseguran que esto ha sido una forma del Ejecutivo de ganar tiempo a la espera de lo dictamine el Supremo con su sentencia y que será el Gobierno que salga de las urnas el que tenga que gestionar el problema si surgen incompatibilidades con esta reforma y lo que sentencia el alto tribunal.

Estas mismas voces han señalado que el taxi "ha sacado provecho" del momento político actual y las "difíciles perspectivas electorales" para que el PSOE y los partidos a su izquierda revaliden un Gobierno de coalición. "No se pueden arriesgar a vivir movilizaciones masivas como las que vimos en Barcelona hace cuatro años".