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Glovo se enfrenta a una multa laboral récord de 50 millones que amenaza su viabilidad
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Nuevo goteo de sanciones

Glovo se enfrenta a una multa laboral récord de 50 millones que amenaza su viabilidad

30 millones de euros en Barcelona y 20 millones en Madrid. Son las sanciones a las que se enfrenta Glovo en los próximos meses en dos macrojuicios impulsados por Inspección de Trabajo. Y vienen más

Foto: Oscar Pierre, cofundador de Glovo. (EFE/Enric Fontcuberta)
Oscar Pierre, cofundador de Glovo. (EFE/Enric Fontcuberta)
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Cuenta atrás para una nueva multa millonaria a Glovo por saltarse la legislación laboral y tirar de falsos autónomos. Tras la sanción de 8,5 millones de euros impuesta recientemente por Inspección de Trabajo en Sevilla por no contratar a 1.316 'riders', Glovo afronta ahora dos macrojuicios en Barcelona y Madrid que añadirán mucha presión a sus cuentas. Los detalles de estos dos procedimientos aún no son públicos, pero fuentes consultadas conocedoras de las actas de inspección señalan que afectan a unos 3.800 'riders' entre ambas ciudades y sumarían una sanción total cercana a los 50 millones de euros. Lo más preocupante para Glovo, sin embargo, es que son solo los primeros grandes casos de un incesante goteo que está por llegar y que, además, no cubre su actual incumplimiento de la 'ley rider' ante la que Trabajo estudia una nueva oleada de inspecciones.

"No es una cuestión de si va a ser sancionada o no, estos casos están ganados, ningún juzgado se va a desviar de la doctrina marcada por el Tribunal Supremo. Es una cuestión de si Glovo va a poder seguir sosteniendo esta situación". Así describe una fuente de Inspección de Trabajo consultada el muro al que se va a enfrentar la compañía durante los próximos meses. Y más cuando la Comisión Europea quiere ahora impulsar su propia 'ley rider'. La cita más inminente será el próximo abril en Barcelona, en el juzgado de lo social número 11. Allí arrancará un juicio en el que hay citados 2.100 'riders' solo de la ciudad de Barcelona y cuya sentencia se podría conocer un par de meses después.

Foto: Un repartidor de Glovo, en una imagen de archivo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Se trata de un procedimiento en el que Trabajo ha demandado de oficio a Glovo y que corresponde a un periodo de dos años, entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Solo en ese tramo, Inspección ha calculado que, entre sanción administrativa y liquidaciones de las cuotas a la Seguridad Social, Glovo deberá abonar 15 millones de euros. Sin embargo, Inspección no se ha quedado ahí, ha seguido calculando la cantidad diaria que la compañía debe a la Seguridad Social desde el momento en el que finaliza el acta de infracción (diciembre de 2019) hasta la actualidad. Es una deuda viva, que va creciendo día a día, y que añadiría, según fuentes de Inspección, otros 15 millones a pagar.

placeholder Foto: Reuters/Albert Gea.
Foto: Reuters/Albert Gea.

Conocer el número exacto de 'riders' que emplea Glovo a diario es como unir un puzle de un millón de piezas diminutas. Los autónomos pueden conectarse unas pocas horas al día para hacer un puñado de pedidos y eso dificulta mucho los cálculos. Solo Glovo conoce las cifras y no los comparte. Por cada trabajador autónomo que la compañía debería tener contratado, la legislación establece entre 3.000 y 6.000 euros de sanción. A eso hay que sumar la 'deuda viva', que se va acumulando por incumplir día tras día la legislación. Inspección realiza una estimación del número de conexiones diarias que tiene la compañía y se la remite a Glovo. La empresa envía de vuelta correcciones (si miente con los datos y se demuestra el engaño, recibiría otra sanción). Con su respuesta, Inspección recalcula el número de empleados día a día y mes a mes y la deuda acumulada. Así es como han llegado a los 2.100 'riders' en Barcelona y los 15 millones de euros de deuda adicional a pagar. Y subiendo.

La gran losa para Glovo es que ese total de 30 millones corresponde solo a la ciudad de Barcelona. La compañía opera en 400 localidades en España, aunque es en las capitales de provincia donde genera más volumen. Madrid es el otro frente inminente en 2022. Allí, Inspección ha identificado al menos a 3.000 'riders' en situación irregular. El volumen es tal que ha dividido el territorio en tres zonas: Sur, Norte y Centro. El primer juicio al que tendrá que enfrentarse llegará poco después del de Barcelona, y afectará a 1.700 'riders', según confirman fuentes de Inspección. Entre sanción y deuda viva, Glovo se enfrenta a otros 20 millones de multa.

Fuentes de Inspección consultadas señalan que a lo largo de 2022 y 2023 irán goteando este tipo de juicios en buena parte del territorio español. En noviembre arrancó uno en Córdoba en el que están citados 207 'riders' y que podría suponer otros 3 millones adicionales de sanción. El que arrancará en Barcelona en abril será el más grande contra Glovo hasta la fecha a nivel nacional y el más grande jamás gestionado por los juzgados de lo social de la ciudad. Estas mismas fuentes señalan, además, que la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo en Madrid está marcando un criterio de actuación unificado para todas las delegaciones provinciales. Las actas de inspección y el proceso judicial lo ejecutan las provincias, pero la estrategia general viene marcada desde Madrid.

placeholder La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, impulsora de la 'ley rider'. (EFE)
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, impulsora de la 'ley rider'. (EFE)

La agregación de todas estas multas a nivel provincial durante 2022 y 2023 podría fácilmente superar los 100 millones de euros, según varias fuentes consultadas. Y esto supone solo una parte. Estos procedimientos son una foto fija de la actividad de Glovo antes de la sentencia del Tribunal Supremo (octubre de 2020) y de la aprobación de la 'ley rider' (mayo de 2021). El pasado julio, Glovo decidió adaptarse a la nueva ley de una forma muy peculiar: contratando a solo 2.000 repartidores y tirando de entre 8.000 y 10.000 autónomos, en lo que se ha considerado un pulso al Gobierno y un flagrante incumplimiento de la normativa.

Oficialmente, Inspección de Trabajo ni confirma ni desmiente estar estudiando medidas para responder a la compañía. "Desde el Ministerio no podemos dar ese tipo de información sobre empresas concretas", señala un portavoz. Sin embargo, fuentes de Inspección consultadas confirman que la Dirección Especial de Madrid está estudiando qué respuesta dar al desafío de Glovo. Es, de hecho, la gran incógnita: ¿por qué no ha respondido ya?

Sobre la mesa hay dos motivos principales. Por un lado, los juicios a nivel provincial son muy complejos y requieren de coordinación y ayuda de Madrid, "no se llega a todo, no hay manos suficientes", señalan fuentes de Inspección. Pero hay otro componente: estrategia política. "El Ministerio de Trabajo está en medio de la negociación de la reforma laboral. Arrancar ahora una mega inspección a Glovo por el incumplimiento de la 'ley rider', su normativa estrella, es reconocer que está siendo un fracaso. Hasta que no resuelvan la reforma laboral, es probable que no tomen ninguna medida", señala otra fuente con conocimiento de la estrategia interna de Trabajo.

placeholder Oscar Pierre, cofundador de Glovo. (EFE)
Oscar Pierre, cofundador de Glovo. (EFE)

En mitad de toda esta batalla legal, Glovo guarda silencio. Contactado por este diario, la compañía ha rehusado ofrecer su versión sobre las sanciones millonarias que le esperan. De puertas hacia fuera solo hablan de las grandes noticias: la compra de Lola Market por una cifra no revelada, su asalto al negocio de las entregas ultrarrápidas, su expansión internacional, sus alianzas con supermercados y 'retailers'... De puertas hacia dentro, hay una enorme preocupación por las sanciones de inspección y la desconfianza que eso genera a los inversores. Glovo firmó una megarronda de financiación de 450 millones el pasado abril, pero eso fue justo antes de aprobarse la 'ley rider', de su pulso al Gobierno y de la oleada de nuevas sanciones que viene.

"Glovo sigue viviendo de rondas de inversión. Con el nivel de pérdidas que tiene, las sanciones que vienen le van a hacer mucho, mucho daño", explican fuentes de Inspección conocedoras de las actas de infracción. La compañía logró cerrar el 2020 con cifra récord de facturación, 360 millones de euros a nivel global (está presente en 23 países). Es el doble respecto al 2019, pero sus pérdidas también fueron millonarias, de 51,4 millones. Su modelo actual, además de seguir incumpliendo la ley, sigue acumulando deuda cada día con la Seguridad Social.

"Aseguran que han creado unas nuevas reglas de juego con los cambios que hicieron tras la 'ley rider', dicen que ya no hay laboralidad con los 'riders'", explican fuentes de Inspección. "Lo que ellos no pueden evitar, y es la clave de todo esto, es ser los dueños de la plataforma que da lugar a esa actividad. Esa plataforma es esencial para el desarrollo de la actividad, no la bicicleta o una moto. Esa es la realidad, y es muy difícil enmascarar por muchos cambios que hagan".

Cuenta atrás para una nueva multa millonaria a Glovo por saltarse la legislación laboral y tirar de falsos autónomos. Tras la sanción de 8,5 millones de euros impuesta recientemente por Inspección de Trabajo en Sevilla por no contratar a 1.316 'riders', Glovo afronta ahora dos macrojuicios en Barcelona y Madrid que añadirán mucha presión a sus cuentas. Los detalles de estos dos procedimientos aún no son públicos, pero fuentes consultadas conocedoras de las actas de inspección señalan que afectan a unos 3.800 'riders' entre ambas ciudades y sumarían una sanción total cercana a los 50 millones de euros. Lo más preocupante para Glovo, sin embargo, es que son solo los primeros grandes casos de un incesante goteo que está por llegar y que, además, no cubre su actual incumplimiento de la 'ley rider' ante la que Trabajo estudia una nueva oleada de inspecciones.

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