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La entrada en vigor de la ‘ley rider’ no calma la tensión entre empresas y sindicatos
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Vuelve la judicialización

La entrada en vigor de la ‘ley rider’ no calma la tensión entre empresas y sindicatos

El objetivo del Gobierno con esta normativa era clarificar el tipo de relación que tienen que tener los repartidores. Sin embargo, las empresas buscan fórmulas para no contratar y los sindicatos se preparan para litigar

Foto: Imagen de un repartidor de Glovo. (EFE)
Imagen de un repartidor de Glovo. (EFE)

Este jueves, entra en vigor la conocida como ‘ley rider’, pactada desde hace varios meses por los agentes sociales con el Gobierno. El objetivo de esta norma es clarificar la regulación laboral entre las empresas de ‘delivery’ y sus repartidores garantizando la “presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto”. Sin embargo, lejos de calmar la tensión entre empresas y sindicatos, ha crecido de forma notable en los últimos días.

Lo que ya es seguro es que, por el momento, la entrada en vigor de la norma no provocará una inmediata contratación de los trabajadores autónomos. Las empresas están buscando alternativas a la relación contractual con sus trabajadores y así evitar tener que subir las tarifas para soportar los costes adicionales de la contratación. La decisión más drástica ha sido la de Deliveroo, que ha anunciado el final de sus operaciones en España.

Foto: Logo de Uber Eats (Reuters)

Glovo, por su parte, ha buscado una solución intermedia: contratará a 2.000 repartidores, los que conforman su estructura ‘core’ de funcionamiento, y el resto mantendrá el uso de autónomos. Esto significa que casi el 80% de sus repartidores seguirán siendo autónomos. Para sortear la ley, Glovo cambiará algunas de sus condiciones de contratación de los servicios de estos autónomos, aquellos que fueron más criticados por los tribunales.

En primer lugar, la empresa asegura que garantizará libertad de horarios a sus autónomos, aunque la concentración de pedidos en las horas punta supondrá un incentivo más que suficiente para que estén conectados en el horario que necesita la empresa. En segundo lugar, permitirá que los 'riders' establezcan sus propios precios. Sin embargo, nuevamente, el poder que tiene la empresa para controlar y estimular la competencia a la baja en precios es absoluto.

Los sindicatos ya le han declarado la guerra a Glovo. CCOO ha interpuesto una doble denuncia ante la Inspección de Trabajo en Cataluña y anuncia nuevas actuaciones en el resto del país si la empresa no cambia su estrategia. “Exigimos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo y a los tribunales que garanticen el cumplimiento de la normativa”, ha señalado el sindicato en un comunicado. También UGT se lanza al ataque contra Glovo: “UGT insta al Gobierno a que exija el cumplimiento de la ley a las plataformas digitales de reparto y extreme la vigilancia para evitar que se pueda burlar la ley o se intente dilatar su cumplimiento”, advierte en su comunicado, y que “el sindicato adoptará todas las medidas legales que sean necesarias para que esto no ocurra”.

Foto: Repartidores de Glovo, Uber Eats y Deliveroo esperan en Barcelona. (Reuters)

Todo parece indicar que la nueva ‘ley rider’ no evitará que se vuelva a producir una judicialización de las relaciones laborales en las plataformas de reparto a domicilio. Y dada la lentitud de la Justicia, la solución del conflicto previsiblemente será larga.

Uno de los atajos para resolver este conflicto está en los algoritmos que utiliza la empresa para el reparto de los pedidos entre los repartidores. La ‘ley rider’ obliga a las empresas a compartir esta información con los representantes de los trabajadores. Con esta información, se desvelará si la empresa establece incentivos para el control de los horarios o los precios de los trabajadores.

Just Eat es, de momento, la única empresa de ‘delivery’ que ha optado por cumplir la normativa y está negociando con los trabajadores un convenio colectivo. Sería un acuerdo pionero que podría allanar el camino para el resto de empresas del sector. Sin embargo, también corre el riesgo de que sus actividades dejen de ser rentables, poniendo en riesgo el futuro de la compañía.

Este jueves, entra en vigor la conocida como ‘ley rider’, pactada desde hace varios meses por los agentes sociales con el Gobierno. El objetivo de esta norma es clarificar la regulación laboral entre las empresas de ‘delivery’ y sus repartidores garantizando la “presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto”. Sin embargo, lejos de calmar la tensión entre empresas y sindicatos, ha crecido de forma notable en los últimos días.

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