Bruselas espera que su ley 'rider' haga aflorar hasta 4,1 M de falsos autónomos digitales

El Ejecutivo comunitario ha hecho pública este jueves una propuesta para una nueva norma europea que establezca unas directrices que deben cumplirse para que una persona que trabaja para las plataformas digitales, como por ejemplo un ‘rider’ que reparte comida a domicilio, pueda ser considerado como un trabajador autónomo. Si esas condiciones no se cumplen, debería ser considerado como un trabajador por cuenta ajena, con derecho a vacaciones o baja por enfermedad. El estudio de impacto de la Comisión Europea indica que entre 1,7 y 4,1 millones de falsos autónomos digitales dejarán de serlo con esta norma, que por ahora es solamente una propuesta.

Para que se haga efectiva deberá contar con el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo, en el que están sentados los Estados miembros. Mientras la Eurocámara tiende a ser todavía más exigente que la Comisión en sus propuestas, los representantes de las capitales tienden a descafeinar las propuestas que pone sobre la mesa el Ejecutivo comunitario. La negociación puede alargarse durante meses o años. El modelo es similar al de la ley 'rider' española aprobada hace solamente unos meses.

La Comisión Europea propone una lista con criterios de control “para determinar si la plataforma es un empleador. Si la plataforma cumple con al menos dos de esos criterios, se presume legalmente que es un empleado”, lo que significa que “las personas que trabajan a través de ellos gozarían, por tanto, de los derechos laborales y sociales que conlleva la condición de trabajador”, como el salario mínimo, la negociación colectiva, control del tiempo de trabajo, protección de salud o derecho a vacaciones. Las plataformas digitales cubren muchos tipos de servicios, desde reparto de comida a domicilio hasta chóferes o servicios de limpieza. Se calcula que hay unas 500 plataformas activas de este tipo.

Los criterios que deberán comprobarse son si la empresa determina el nivel de remuneración o establece límites máximos; si se supervisa el desempeño del trabajo a través de medios electrónicos; si restringe la libertad de elegir el horario de trabajo, los periodos de ausencias, rechazar tareas o utilizar sustitutos; si establecen normas vinculantes sobre la apariencia, la conducta o la ejecución del trabajo, o si restringe la posibilidad de construir una base de clientes o realizar trabajos para terceros. Si dos de estas condiciones se cumplen, se considerará que la empresa es una empleadora.

De ser aprobada esta norma, llegaría con una factura importante para estas plataformas. El estudio de impacto de la Comisión Europea calcula que tendrá un coste para ellas de unos 4.500 millones de euros anuales, y también calcula que los Estados miembros podrían aumentar sus ingresos hasta en unos 4.000 millones de euros al año gracias a impuestos y cotizaciones sociales.

El estudio de impacto de la Comisión también explora algunas de las quejas que presentan algunos de estos autónomos: que el cambio de estatus les podría perjudicar y que prefieren permanecer como hasta ahora. “Para algunas personas que trabajan a través de plataformas laborales digitales que actualmente ganan por encima del salario mínimo, la reclasificación podría dar lugar a salarios más bajos, ya que algunas plataformas laborales digitales podrían compensar los mayores costos de protección social al reducir los salarios”, admite el Ejecutivo comunitario.

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Michael Mcloughlin

“La iniciativa puede afectar negativamente la flexibilidad de la que disfrutan las personas que trabajan a través de plataformas. Sin embargo, tal flexibilidad, especialmente en términos de la organización de los horarios de trabajo, puede que solo sea evidente ahora, ya que los tiempos de trabajo reales dependen de la demanda de servicios en tiempo real, la oferta de trabajadores y otros factores”, explica la Comisión en su análisis.

Pero Bruselas considera que es el momento de regular la economía de las plataformas digitales, que crece a pasos agigantados, con más de 28 millones de personas que trabajan a través de ella en la Unión Europea. La estimación de la Comisión Europea es que en 2025 sean unos 43 millones de personas, si bien admite que “la gran mayoría de estas personas son auténticos autónomos”. No solamente crece la economía de las plataformas en número de personas que trabajan a través de ella: si en 2016 los ingresos eran de unos 3.000 millones, en 2020 fueron de unos 14.000 millones de euros.