La Seguridad Social cierra el año debiendo al Estado casi 100.000 millones

Lo extraordinario ha acabado por convertirse en frecuente. La Seguridad Social acumula desde el año 2010 cuantiosos déficits —2.669 millones aquel año y 29.344 millones en 2020—, lo que explica que desde entonces se haya visto obligada a tirar de dos vías de financiación históricamente inhabituales. La primera, el Fondo de Reserva, del que ha sacado 80.337 millones de euros entre 2012 y 2019 (sumando las aportaciones en tiempos de bonanza y los rendimientos de sus inversiones). La segunda, los préstamos del Estado para hacer frente a sus necesidades financieras.

Los préstamos del Estado comenzaron a materializarse en los años ochenta para financiar parte de las reconversiones industriales y la parte de la sanidad pública que no estaba transferida, pero en los últimos años se han convertido en una vía de financiación habitual. Tan habitual, que al cierre del primer semestre, según los datos del Banco de España, el endeudamiento del sistema público de protección social con el Estado asciende a 91.855 millones de euros. O lo que es lo mismo, un nivel equivalente al 7,9% del PIB.

Aquella cifra, sin embargo, no recoge todas las necesidades, ya que aún falta por contabilizar parte del préstamo que el pasado mes de junio autorizó el Consejo de Ministros por valor de 13.830 millones de euros. En los presupuestos generales del Estado de este año, sin embargo, se incluyeron 14.866 millones en concepto de ingresos financieros de la Seguridad Social, cifra que corresponde a los préstamos que recibirá la Seguridad Social para cubrir el desequilibrio entre ingresos y gastos. En todo caso, teniendo en cuenta cualquiera de las dos cifras, eso significa que al acabar este año el endeudamiento con el Estado rondará los 100.000 millones de euros.

Gasto en sanidad

Esto significa que en la última década la Seguridad Social ha consumido alrededor de 160.000 millones de euros más de lo que ha podido ingresar, tanto por cotizaciones como por las aportaciones que ha hecho el Estado para financiar los llamados gastos impropios del sistema público de protección social, y que han ido creciendo en los últimos años en aras de lograr la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Unos 80.000 corresponden a lo que ha sacado del Fondo de Reserva y el resto a los préstamos del Estado, excluyendo la deuda histórica, que procede de los tiempos en que la Seguridad Social incluía el gasto en sanidad.

La separación de fuentes explica que la contabilidad de la Administración central y la de la Seguridad Social sean diferentes, aunque el garante último de los préstamos siempre sea el propio Estado. Entre otras razones poderosas, porque la Constitución (artículo 41) obliga a que el Estado mantenga un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. Lo que no precisa es qué cuantía ni los beneficiarios.

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Impuestos y cotizaciones

Para tener perspectiva del deterioro de la situación financiera de la Seguridad Social, solo hay que tener en cuenta que la deuda con el Estado se ha multiplicado por cinco en apenas cinco años, desde 2016, lo que da idea de su situación patrimonial. Es decir, se está generando una financiación heterodoxa del sistema de pensiones, ya que se financia en buena parte con impuestos y no con cotizaciones.

Se trata, por lo tanto, de un problema estructural y que no se puede vincular exclusivamente a la crisis. Para 2022, ya en pleno proceso de recuperación de la actividad, y después de que la economía haya recuperado los 20 millones de ocupados, el Gobierno ha presupuestado otros 6.981 millones en operaciones financieras. Es decir, los préstamos que se verá obligado a hacer el Estado, ya que al Fondo de Reserva le quedan poco más de 2.000 millones de euros y ningún Gobierno quiere pasar a la historia como el que dejó el contador a cero. De hecho, se trata en realidad de una deuda perpetua, toda vez que la Seguridad Social nunca ha amortizado ninguno de los préstamos realizados por el Estado, ni siquiera los que corresponden a las obligaciones de pago del extinto Insalud.

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Esto explica que el Tribunal de Cuentas instara hace algún tiempo al Gobierno a que cancele de una vez la deuda contraída por la Seguridad Social, incluidas las obligaciones asumidas entre 1992 y 1999 derivadas del traspaso de las funciones y servicios en materia de asistencia sanitaria y de servicios sociales al País Vasco y Navarra (9.082 millones de euros). “No existe ninguna razón que justifique que este endeudamiento se mantenga en el balance de la Seguridad Social, (...) lo razonable”, dijo el órgano fiscalizador, “es que se adopten soluciones para su saneamiento definitivo”.

El propio Tribunal de Cuentas consideró que no se trataba solo de un problema formal o contable, ya que detrás de los números está conocer la verdadera situación patrimonial del sistema público de protección social. La existencia de déficits estructurales es lo que explica, precisamente, que en 1995 naciera el Pacto de Toledo.